LA PROTECCIÓN PENAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS GGESTORES PÚBLICOS

Se aborda un novedoso análisis de la protección penal de la Hacienda Pública desde una perspectiva integral, abarcando los delitos de malversación, y de gran actualidad. La reciente Ley Orgánica 7/2012, de reforma del Código Penal, justifica esta decisión. Modifica los «tradicionales» delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social e introduce un nuevo delito de malversación (art. 433 bis del Código Penal), que se explica por las exigencias de establidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y es que desde el sector público se puede lesionar gravemente a la Hacienda Pública cuando, por ejemplo, se ejecuta un gasto público que pone en peligro el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. A ello pretende hacer frente el nuevo delito que tipifica la conducta de la autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública, falseare su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgare esa información falsa.