ANA ISABEL PEREZ CEPEDA

Justificación y claves político-criminales del proyecto de reforma del código penal de 2013. Nuevos presupuestos para la imposición de penas y medidas de seguridad. Las penas privativas de libertad en la reforma gallardon: especial referencia a la presion permanente revisable....

El clásico principio de territorialidad en la aplicación de la ley penal en elespacio se mostró hace ya tiempo insuficiente para la persecución de determinados delitos, por lo que los Estados fueron diseñando otros principios con el objetivo de evitar que dichos delitos quedaran impunes. Asi, se desarrollaron el principio de personalidad (activa y pasiva), el principio real o de defensa, y el principio justicia universal. Con todo, los Estados siguen siendo soberanos. Sin embargo, los responsables de las mas graves violaciones de derechos humanos no pueden encontrar amparo en viejos argumentos relacionados con la soberania y la no intervencion en los asuntos internos de los Estados. Esto en absoluto significa que aquel Estado que reconoce en su Ordenamiento juridico el principio de justicia universal, y lo aplica, hace uso de una potestad totalmente legitima que hunde sus raices en el Derecho internacional.El principio de justicia universal, que cuenta ya con una praxis jurisprudencial y tiene una trascendencia en el pensamiento juridico y politico, determina la obligacion general para todos los Estados de castigar a los responsables de los crimenes internacionales mas graves, independientemente de la nacionalidad de sus autores, del lugar donde hayan sido cometidos y no siendo necesaria la existencia de vinculo efectivo con el Estado que intenta reprimir el delito. La aplicacion del principio pone en marcha un complejisimo entramado juridico-penal-procesal-internacional que tiene a la Humanidad como sujeto de derechos y que ha significado un salto cualitativo muy importante en la proteccion jurisdiccional de los derechos humanos en la aldea global .Este principio sirve para prevenir las violaciones sistematicas o masivas delos derechos humanos o las violaciones del Derecho internacional humanitario. En otras palabras, para prevenir o restablecer amenazas contra la paz y seguridad internacionales, dichas conductas deben ser reprimidas penalmente ylos responsables de dichas violaciones deben poder ser juzgados individualmente a traves de principio de justicia universal. Centrando la atencion en el principio de justicia universal en sentido estricto, se presentan en esta obra una serie de propuestas de lege ferenda para que sea incorporado a los Ordenamientos de los Estados que aun no lo contemplan y reformado en aquellos que, como España, exigen vinculos deconexion con los hechos enjuiciados.

Estas lecciones, redactadas por Catedráticos y Profesores de diversas universidades pretenden facilitar la enseñanza del Derecho Penal ajustada a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. Las explicaciones estan hechas usando un lenguaje muy simple y reduciendo la informacion a lo que necesitan conocer imprescindiblemente los estudiantes de Derecho, opositores e incluso profesionales que necesiten una explicacion sucinta de cualquiera de los temas recogidos en estos volumenes. Los contenidos hacen especial hincapie en los aspectos mas controvertidos no solo en su elaboracion doctrinal, sino sobre todo, en su aplicacion practica por parte de los Tribunales de justicia. Para la mejor comprension del Derecho penal, cada leccion se acompaña de otros materiales, que consisten en lecturas de textos clasicos o de fragmentos de articulos, partes relevantes de la argumentacion de algunas sentencias fundamentales, normativa de textos legales, e incluso supuestos practicos orientados al desarrollo de las habilidades aprendidas para el pensamiento y la argumentacion juridica. Todo ello complementado con la informacion bibliografica esencial.La obra es una herramienta util para cualquiera de los programas de estudio y la enseñanza del Derecho penal que se emplean en la actualidad en las Facultades de Derecho españolas, sobre todo teniendo en cuenta la fase de profunda renovacion de las enseñanzas universitarias que plantea la convergencia europea. Su division en siete tomos pretende facilitar que los profesores, los alumnos y demas posibles usuarios puedan seleccionar mas facilmente los grupos de materias que se esten examinando en cada cuatrimestre o cuso academico

Las políticas migratorias se planifican hoy en función del crecimiento económico y de la rápida recogida de beneficios. Esta concepción de las migraciones entraña una definición del inmigrante, como trabajador manual: que no tiene calificación profesional, que ocupa un puesto de trabajo duro y mal pagado, un empleo precario. En definitiva, un trabajador aislado, sin familia, destinado a volver a su país, que no goza de la plenitud de las libertades públicas, ni se encuentra integrado socialmente. Por lo tanto, no resulta atrevido afirmar que los países de la Unión Europea, con sus políticas limitativas respecto al derecho de vivir en familia, a la residencia permanente, a la obtención de la nacionalidad, han optado formalmente por establecer políticas migratorias orientadas desde una preponderante perspectiva económica. Sin embargo, se equivocan. Todo movimiento migratorio de esta naturaleza se convierte en los hechos en un imparable movimiento de la población. La política de inmigración, por tanto, no debería ceñirse a una escueta regulación de los flujos laborales y menos aún al exclusivo control de las entradas y permanencias, sino que debe, también y sobre todo, apoyar los procesos de convivencia e integración social de estos extranjeros. Resulta de una enorme hipocresía ignorar que la población inmigrante se ha convertido en un elemento decisivo para el desarrollo económico y social de las sociedades más avanzadas. En otras palabras, el verdadero desafío para Europa no reside sólo en el perfeccionamiento de un sistema represivo al servicio de sus propios intereses económicos. Más bien el desafío se sitúa en asumir la responsabilidad de una eficaz política de prevención que tienda al desarrollo social y económico de las regiones más desfavorecidas. En efecto, la condición imprescindible de un verdadero ejercicio de la libertad de circulación pasa primero por permitir a todo el mundo la posibilidad de no verse en la obligación de utilizar esa libertad. Pues, en caso contrario, dejaría de s

Este libro tiene por objeto el análisis crítico de la seguridad como fundamento de la deriva del Derecho penal postmoderno a nivel internacional, europeo y estatal. La política criminal y la dogmática jurídico-penal, están influidas por el desarrollo social en su conjunto, concebido como un sistema axiológico de la sociedad insegura. En este contexto, se pone de relieve la tendencia existente a que la Ciencia penal pierda su connotación cultural humanista para asumir un papel de saber tecnocrático, que legitima la función social del sistema, ofreciendo un modelo reaccionario desligado de los principios y garantías del Derecho penal, con el fin de conseguir mayor flexibilidad y supuesta eficacia. El error es entender y pretender que el Derecho penal puede ofrecer y garantizar el ideal de seguridad, siendo legítimo acudir a una sanción para ello. Desde la misma perspectiva, se analiza el Derecho penal del enemigo, la tolerancia cero, la instrumentalización de las víctimas, ya que forman parte del Derecho penal postmoderno, pero también son consecuencia del uso simbólico del Derecho penal y de la propia crisis del Estado Social y Democrático de Derecho. Razón por la que frente al abuso del ius puniendi, se defiende como necesario tener un baluarte, una trinchera: el garantismo o la resistencia frente a un funcionalismo, que conduce a una capitulación incondicional ante la práctica política represiva y restrictiva que impera en este momento en el sistema penal. Este trabajo pretende contribuir a que el futuro Derecho penal, además de ser un instrumento útil para la protección de bienes jurídicos esenciales para la convivencia y garantizar por esa vía la libertad e igualdad de las personas, tienda también a una amplia humanización, en el sentido de un Derecho penal, al mismo tiempo liberal y social, que comporte una atenuación general de la represión.