ANA MARIA OVEJERO PUENTE

El papel de los abogados que asesoran a las empresas está cambiando y evolucionando hacia una nueva forma de ejercicio profesional, un nuevo tipo de asesoramiento, representación y defensa del cliente, en el que se integran como criterios de "actuación debida" las obligaciones empresariales que voluntaria o legalmente asumen las empresas-cliente, consecuencia de la nueva forma de hacer negocios éticos. Este nuevo rol redefine las obligaciones profesionales de la abogada ética y socialmente responsable el S. XXI, y conlleva un nuevo compromiso de servicio público al que el abogado está llamado desde la propia definición constitucional: El abogado como servidor de la Justicia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Los Principios Rectores de Naciones Unidas y las obligaciones de respeto que asumen las empresas que los integran en sus códigos de funcionamiento interno, adquieren así una enorme relevancia en la definición de los nuevos deberes deontológicos de la abogada, ya sean éstos deberes individuales o colectivos. Los Principios Ruggie de ONU deben leerse de manera compatible con las obligaciones deontológicas de la profesión, y del mismo modo, los códigos deontológicos profesionales deben ser "reinterpretados" a la luz del papel fundamental que desempeñan los abogados en la defensa del Estado de Derecho y en el respeto de los Derechos Humanos. Así, el papel fundamental de los abogados en la realización del Estado de Derecho, que conlleva sin duda su acción proactiva en la defensa y respeto de los Derechos Humanos, complementa la tradicional y exclusiva interpretación de la función social del abogado como servidor de la Justicia, asumiendo así el liderazgo en la transformación de los negocios éticamente responsables.

La presunción de inocencia es uno de los derechos esenciales en la configuración del concepto moderno de justicia. Forma parte de la aspiración esencial de justicia y del derecho al"juicio justo". Sin embargo, la presuncion de inocencia, que esta ampliamente protegida y garantizada en el proceso judicial una vez abierto, ofrece un ambito de proteccion extraprocesal que ampara al juicio mismo, aun no adecuadamente regulado por la Ley. Dicho ambito esta directamente afectado por la manifestacion de los"juicios paralelos". El impacto de este tipo de noticias afecta al desarrollo del juicio en si, a los derechos del acusado, a la efectividad de la intervencion de la justicia como instrumento eficaz de resolucion de conflictos, y por lo tanto, al grado de confianza y satisfaccion de los ciudadanos en la justicia. Pero tambien afecta a la sociedad democratica de la informacion, a los poderes publicos y al concepto de etica publica.En los ultimos tiempos este tema esta de maxima actualidad.El libro pretende llamar la atencion sobre todos estos elementos actualmente presentes en el debate publico y aportar nuevas respuestas al dilema presuncion de inocencia versus libertad de informacion. Por ello, se afronta todos los aspectos del problema; desde la relacion entre la independencia judicial y los medios de comunicacion, hasta los elementos esenciales del periodismo de investigacion o la incidencia de la opinion publica en los procesos judiciales. Desde los distintos problemas que plantea el secreto del sumarial frente a la publicidad en la justicia, hasta la etica profesional de los actores en el proceso judicial.

La autora pretende determinar el significado y contenido constitucional del derecho a la presunción de inocencia, partiendo de su concepto originario, recogido en la DDHyC y en las declaraciones de derechos americanas. Tras un análisis jurisprudencial acerca de la interpretación dada por el TC sobre este derecho como garantía procesal penal, en relación con el derecho a La tutela judicial efectiva, y su comparativa con la interpretación dictada por el TEDH respecto del derecho al Juicio Justo, la investigación concluye la existencia de un aspecto ex-traprocesal del derecho a la presunción de inocencia, originariamente reconocido como elemento propio y protegido, que no está siendo amparado en la actualidad. El reconocimiento de este aspecto extra-procesal del derecho a la presunción de inocencia como parte del derecho fundamental es un instrumento jurídico útil para afrontar satisfactoriamente muchos de los retos que amenazan en la actualidad el derecho de los ciudadanos a la Justicia.