Angeles Jareño Leal

Este libro recoge diversos trabajos en los que se reflexiona, con un enfoque eminentemente práctico, sobre los límites de la intervención penal en el ámbito de los delitos característicos de la corrupcion publica, tanto desde una perspectiva sustantiva como -y sobre todo- procesal. Su contenido trata de ofrecer propuestas juridicas para la solucion de diversos problemas que afectan a la persecucion de estos delitos. Se analizan, sobre todo, los limites para la obtencion de las pruebas durante la investigacion de los delitos de corrupcion publica, asi como durante su enjuiciamiento. Pero tambien se plantean aspectos sustantivos y de politica criminal.

En este libro se reúnen varios trabajos que, desde distintas disciplinas, procedentes de la teoríay de la práctica jurídica, analizan varios fenómenos relacionados cdon la corrupción de los funcionarios y cargos publicos en el ejercicio de sus funciones ha presentado en los ultimos años problemas para su enjuiciamiento desde enfoques diferentes....

Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este tipo de delincuencia. En esta obra se efectua un estudio de la jurisprudencia que se ha dictado en materia de corrupcion publica en esta Comunitat, con referencias concretas a los casos que han sido mas mediaticos. Tambien se analiza la funcion desempeñada por determinados organos especializados dentro del Ministerio fiscal en la persecucion de estos delitos, asi como el papel que los medios de comunicacion estan jugando en el tratamiento de la informacion de este tipo de delincuencia. Pero abordar el problema de la corrupcion publica en este territorio geografico requiere tambien un examen critico desde otras perspectivas diferentes a la penal, pues deben ofrecerse soluciones juridicas que vayan mas alla del mero castigo. La prevencion de la corrupcion publica pasa por una gestion transparente de la actuacion de los poderes publicos en materia de contratacion, y por la existencia de una legislacion urbanistica adecuada, aspectos sobre los que tambien se elaboran determinadas reflexiones en este libro. A estos efectos habra que comprobar la eficacia que llegan a tener las recientes novedades legislativas introducidas en el ambito territorial sobre estas materias.

En este trabajo se realiza un análisis jurisprudencial del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos del artículo 439 del Código penal, uno de los recogidos en el texto legal para sancionar la corrupcion publica.Partiendo de la casuistica jurisprudencial se ofrece a los teoricos y practicos del Derecho penal una interpretacion de los diferentes elementos que componen un tipo que se caracteriza por cierta inseguridad juridica, debido a su redaccion.Ello le convierte en un precepto que puede acabar acogiendo conductas de dificil encaje en otros, con el riesgo que ello conlleva en un momento de (necesaria) tendencia al alza en la persecucion de los delitos relacionados con la corrupcion publica.La obra se detiene especialmente en la posibilidad del concurso entre el delito de negociaciones prohibidas y otros delitos contra la Administracion publica, al existir en la practica forense numerosos problemas para trazar los limites entre diferentes figuras que, debido a su redaccion, se sobreponen y cruzan entre si. Se hace necesario, por tanto, encontrar criterios para delimitar unas y otras, con el fin de evitar la aplicacion a un mismo hecho de mas preceptos de los necesarios.

Después de la nueva regulación de los delitos contra la intimidad en el Código penal de 1995 la jurisprudencia, y un sector de la doctrina penal, proponen una interpretación de los preceptos según un concepto formal de la intimidad, que tiende más a proteger la capacidad de disposición de los objetos que contienen algo relativo a este bien que el bien en sí mismo. De esta forma, leer sin consentimiento un mensaje en la pantalla abierta del ordenador, o acceder a datos automatizados, se considera en sí mismo delictivo, con independencia de que la pantalla ya se encontrara abierta, o de que los datos no se refieran a aspectos relativos a la intimidad de las personas. En este trabajo se propone una interpretación del artículo 197 del Código penal que se ciña estrictamente a las exigencias de las conductas recogidas, y a la lesión real de la intimidad, que es el bien jurídico que enuncia el propio Código. De tal forma, sólo cuando se hayan superado los obstáculos que protegen el bien, o sólo si el dato informatizado pertenece a la intimidad, existirá alguna de las modalidades de este precepto. Cuando se trata específicamente de la lesión del derecho a la propia imagen, la sanción desde el ámbito penal debe producirse cuando dicha imagen es captada en un contexto claro de intimidad. Por su parte, la protección civil tendría lugar cuando se trata de captar o reproducir una imagen de carácter meramente neutral. En el trabajo se realiza un análisis comparado de la jurisprudencia penal y civil, con el objeto de trazar el límite entre ambos sectores del ordenamiento cuando se trata de la protección de este derecho.

Coordinadores:ÁNGELES JAREÑO LEAL.JAVEIR MIRA BENAVENT.ANTONIO DOVAL PAIS.CARMEN JUANATEY DORADO.PAZ LLORIA GARCÍA.MIGUEL ÁNGEL MORENO .LCÁZAR.SARA AGUADO LÓPEZ.ENRIQUE ANARTE BORRALLO

La contratación pública es actualmente uno de los mayores focos de corrupción, y en ella aparecen implicados funcionarios que se enriquecen con la gestión del dinero que pertenece a todos. Las conductas delictivas de los funcionarios que se analizan en este trabajo no son sólo hechos delictivos, sino que constituyen prácticas repetitivas que acaban socavando la credibilidad de un determinado sistema político-económico, y que merecen una respuesta contundente desde el ámbito penal y el administrativo. La pérdida de grandes cantidades de dinero público que ello está generando obliga a replantearse la utilidad de los tipos penales para reprimir estos hechos, y a buscar la política criminal más adecuada para combatirlos. Partiendo del análisis de la práctica jurisprudencial existente en esta materia, aquí se propone la necesidad de efectuar determinadas reformas por parte del legislador, de realizar cambios en dicha práctica jurisprudencial cuando castiga estos delitos, y de llevar a cabo un efectivo y constante control administrativo de la actividad en la contratación pública.