CARLOS CLIMENT DURAN

La Criminología está de moda en las universidades españolas, pero falta el gran paso de introducir su empleo en el ámbito de los tribunales y de la prevención de la delincuencia. Este libro presenta a todos los operadores del sistema de justicia, así como a los profesores y alumnos de Criminología el informe criminológico, definido en el contexto procesal penal como el producto del conocimiento criminológico destinado a que el juzgador tenga más criterios para acercarse a la verdad de los hechos o bien para emitir sentencias más justas y eficaces. Uniendo la teoría con la práctica, esta obra consigue el logro de formalizar la contribución del criminólogo en el contexto forense.

El contenido de la presente obra es el Código Penal de 1995 y la jurisprudencia que lo desarrolla. Cada uno de sus artículos va seguido de una exposición sistemática de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que se ha producido desde mediados de 1997. Asi, de un solo golpe de vista es posible saber cual es el estado jurisprudencial en que se halla cualquier articulo del Codigo penal vigente. Tambien se contienen las Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalia General del Estado relacionadas con cada uno de los articulos del Codigo Penal, asi como los Acuerdos no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Finalmente, se han incorporado las diversas reformas de que ha sido objeto el Codigo Penal, con una relacion detallada de cada una de las redacciones legales y de sus periodos de vigencia. Termina la obra con un indice analitico de sus voces.

Todas las reformas integradas: Esta obra permite visualizar de un golpe de vista cada artículo con sus distintas redacciones y reformas escalonadas, desde la más novedosa a la más antigua, facilitando la comparación del tipo y la pena para su aplicación retroactiva en Beneficio del reo.

Aunque el contenido esencial de la presente obra es el Código Penal de 1995, cada uno de sus artículos va seguido de su legislación concordada, e incluso del texto de las normas que están directamente relacionadas con cada uno de ellos. Asimismo, se expone y se extracta sistemáticamente toda la jurisprudencia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, relacionada con cada artículo que se ha producido desde mediados de 1997. Se logra así que, de un solo golpe de vista, se pueda averiguar cuál es el estado legal y jurisprudencial en que se halla un determinado artículo del Código penal vigente. Contiene también el texto del Código Penal de 1973, con la tabla de correspondencias de los artículos de uno y otro Código, así como las tres Circulares de la Fiscalía General del Estado que han interpretado el modo de hacer las revisiones de las penas originariamente impuestas con sujeción al Código Penal de 1973. Se ofrece igualmente una completa selección de las leyes penales especiales, así como de la normativa sobre extradición y sobre responsabilidad civil por accidentes de trabajo, con exposición del baremo y de sus sucesivas actualizaciones. Por último, se contienen las Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalía General del Estado relacionadas con cada uno de los artículos del Código Penal. Se han incluido también las recientes modificaciones penales, producidas por las Leyes Orgánicas 7/2000, 8/2000 y 9/2000, que afectan a la legislación sobre terrorismo, extranjería y menores.

El delito de detención ilegal cometido por una autoridad o funcionario público (artículos 167 del Código Penal) es una modalidad agravada del delito de detención ilegal cometido por un particular. El codigo Penal de 1995 establece una doble regulacion, distinguiendo ente el delito de detencion ilegal material, tanto si media causa criminal (articulo 167) como si media causa criminal (articulo 530) por un lado, y el delito de detencion ilegal formal por quebrantamiento de cualquiera de las garantias inherentes a la detencion (articulos 530y 531). Esta especial modalidad delictiva suele ser perpetua por funcionarios de policia, con lo que su regulacion punitiva tiene una especial importancia ya que constituye una importante garantia de todos los ciudadanos frente a cualquier posible abuso policial.

La valoración de las pruebas relativas a cualquier delito supone la realización de una labor intelectual predominantemente centrada en los hechos. En este sentido, la valoración judicial de las pruebas es una actividad prejuridica, al igual que tambien lo es la valoracion realizada por los jurados, porque los criterios valorativos a emplear no son de caracter propiamente juridico, sino que son los suministrados por la experiencia ordinaria, por la logica vulgar o por el sentido comun. Como dice Mittermaier, el Juez, propiamente hablando, es un verdadero jurado. Asi como la labor de los profesores o de los legisladores se centra mas en el aspecto puramente juridico o politico de las normas, aunque sin renunciar al analisis de su proyeccion factica, la actividad judicial se nuclea basicamente en torno a la valoracion de los hechos y a su subsuncion en las normas, lo que supone la plena comprension de su significado juridico y de su exacto alcance. Es decir, que la actividad judicial se caracteriza por la determinacion de cuales son los hechos ilicitos ocurridos y por la subsuncion de estos en las normas preexistentes, y de todo esto se extrae la consecuencia legalmente prevista, que es una condena o una absolucion; pero la actividad de los jueces no se circunscribe, al menos en principio, al analisis tecnico-juridico de las normas promulgadas o de los criterios politico-criminales que las orientan o que deberian orientar la reforma de tales normas. Si en algun caso concreto hacen un analisis de este tipo, predominantemente tecnico o politico, es con motivo de la aplicacion de un determinado precepto a un hecho concreto. Por esto puede decirse que los jueces, en cuanto juzgan casos concretos, son especialistas, antes que nada, en la aplicacion del sentido comun, o sea, en el uso de las reglas de la logica vulgar y de la experiencia ordinaria. El uso de la logica vulgar, no de la logica pura, es la esencia de la actividad judicial2. Ademas,