CARMEN TOMAS VALIENTE LANUZA

Contiene: - La legitimidad de la intervención estatal en las conductas autodestructivas desde el punto de vista filosófico-moral y político-criminal. - Distintos enfoques del problema de la legalización del auxilio al suicidio y homicidio solicitando eutanásicos: Estados Unidos y Holanda. - El régimen jurídico de la disponibilidad de la propia vida en el ordenamiento español. Apéncice. Conclusiones generales de la investigación. Bibliografía.

El presente volumen ofrece al lector reflexiones y sugerencias interpretativas sobre los aspectos capitales de la nueva Ley Orgánica 3/2021, de Regulación de la Eutanasia, realizadas por especialistas de primer orden en las diferentes vertientes de la materia. Se analizan asi la naturaleza juridica del nuevo derecho en el marco constitucional intimamente relacionada con la atribucion de su titularidad y el diseño de sus limites y las condiciones para su ejercicio, o las opciones por las que se ha decantado el legislador español respecto de las cuestiones nucleares a cualquier regulacion de las conductas eutanasicas: el regimen administrativo de control del cumplimiento de los requisitos legales, la operatividad de las instrucciones previas en casos de falta de las condiciones mentales necesarias para solicitar la prestacion, las responsabilidades penales derivadas de una practica no acorde con las exigencias legales o el reconocimiento de la objecion de conciencia a los profesionales sanitarios; y no se olvida, como aspecto no abordado por la LORE pero que sin duda esta llamado a plantearse, el problema del trasplante de organos subsiguiente a una practica eutanasica. El volumen se cierra, por ultimo, con una reflexion de conjunto sobre el papel de los profesionales de la medicina en este nuevo contexto.

En los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, el catálogo de causas de justificación de los comportamientos penalmente típicos reviste un carácter variado y abierto. Así, al prever las eximentes de la responsabilidad criminal en su art. 20, el Código penal de 1995 contempla #y regula con cierto detalle# diversos supuestos cuya consideración como causas genéricas de eliminación de la antijuricidad de la conducta resulta indiscutida en la actualidad; tal cosa acontece con la legítima defensa contemplada en el número 4, así como respecto al estado de necesidad previsto a continuación (art. 20.5) #con independencia de que se entienda que en dicho precepto se incluye un estado de necesidad exclusivamente justificante o también exculpante#, y el cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, oficio o cargo del número 7 1. Por otra parte, determinados preceptos del Libro II Cp incorporan lo que podemos denominar causas específicas de justificación de la conducta en ellos tipificada 2; tal es, por ejemplo, la naturaleza mayoritariamente otorgada a las indicaciones recogidas en el art. 417 bis ACp respecto de la interrupción del embarazo 3, así como a los diversos supuestos recogidos por el art. 156 Cp en sus párrafos primero (esterilizaciones y cirugía transexual consentidas y realizadas por facultativo, trasplante de órganos realizado conforme a la ley correspondiente) 4 y segundo (esterilizaciones de personas incapacitadas) 5. Sin olvidar los casos en que, al regular una determinada conducta típica, se refiere el legislador a ciertas circunstancias que pueden interpretarse como atenuantes del contenido de injusto de aquélla, y a las que no se ha llegado a conceder un efecto plenamente justificante; en tales supuestos, de los que resultan ilustrativos el art. 155 Cp...

El presente volumen ofrece al lector reflexiones y sugerencias interpretativas sobre los aspectos capitales de la nueva Ley Orgánica 3/2021, de Regulación de la Eutanasia, realizadas por especialistas de primer orden en las diferentes vertientes de la materia. Se analizan asi la naturaleza juridica del nuevo derecho en el marco constitucional intimamente relacionada con la atribucion de su titularidad y el diseño de sus limites y las condiciones para su ejercicio, o las opciones por las que se ha decantado el legislador español respecto de las cuestiones nucleares a cualquier regulacion de las conductas eutanasicas: el regimen administrativo de control del cumplimiento de los requisitos legales, la operatividad de las instrucciones previas en casos de falta de las condiciones mentales necesarias para solicitar la prestacion, las responsabilidades penales derivadas de una practica no acorde con las exigencias legales o el reconocimiento de la objecion de conciencia a los profesionales sanitarios; y no se olvida, como aspecto no abordado por la LORE pero que sin duda esta llamado a plantearse, el problema del trasplante de organos subsiguiente a una practica eutanasica. El volumen se cierra, por ultimo, con una reflexion de conjunto sobre el papel de los profesionales de la medicina en este nuevo contexto.