CARMEN VIQUEIRA PEREZ

Esto guía ofrece un tratamiento pormenorizado de los aspectos jurídicos del sistema de protección a las personas en situación de dependencia. A través de preguntas y respuestas, la obra proporciona un acercamiento al entramado normativo que regula la protección de las personas dependientes, que es complejo y diverso, porque, junto a la norma estatal emergen normas de ámbito autonómico con distintos contenidos. Se aborda en ella el tratamiento de todas las cuestiones fundamentales (acción protectora, cuidadores no profesionales, incompatibilidades, régimen sancionador, procedimiento administrativo, tutela judicial) de forma rigurosa, proporcionando elementos de juicio al jurista y orientación a los restantes profesionales implicados (asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, sanitarios) en el Sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia (SAAD).

Con motivo de la maternidad o paternidad de un trabajador, la ley reconoce una variada gama de derechos. Variada, como se sabe, porque estos derechos tienen muy distinta naturaleza, y variada, también, por cuanto obedecen a distintas y concretas finalidades dentro de esa genérica finalidad que comúnmente se identifica con el cuidado del menor en sentido extenso. Así, al lado de aquellos derechos que tienen por objeto facilitar el cuidado, existen otros que circunscriben su ámbito de actuación al preciso momento en que se produce la llegada del hijo.

La Ley 45/2002 lleva a cabo una reforma del sistema de protección por desempleo que, aun dejando inalterado gran parte del antrior esquema sobre el que la protección descansa, afecta a alguno de sus aspectos fundamentales. Uno de esos aspectos que la norma modifica es el relativo al acceso a la prestación, ámbito en el que la reforma opera estableciendo un nuevo requisito de acceso (La suscripción del 'compromiso de actividad') y alternando la configuración del requisito de acceso 'clásico' (la involuntariedad en la pérdida del empleo) mediante la modificación de la situación legal que se refiere a La prestación por desempleo derivada del despido...

Aunque la figura de la resolución colectiva por irregularidades en el abono del salario es, probablemente, la innovación de mayor calado de cuantas introduce la Ley Concursa! en materia laboral, su regulación, paradójicamente, se resuelve en un par de escuetos párrafos que dejan un amplio margen a la duda y a la interpretación en todos los aspectos centrales de este nuevo procedimiento extintivo del contrato de trabajo. De resultas de lo establecido en el art. 64.10 LC, es indudable que una pluralidad de acciones resolutorias individuales que habrían de sustanciarse en distintos juicios declarativos ante el Juez de lo Social pasan a convertirse -una vez declarada la empresa en situación de concurso- en una acción colectiva de resolución de la que conocerá el Juez del Concurso. Pero, más allá de ello, la norma no se detiene a señalar cuándo se produce esa conversión, ni cómo tiene lugar la alteración de la competencia jurisdiccional, ni cuáles deban ser los efectos anudados a esa conversión ex lege que sufren las acciones resolutorias interpuestas por los trabajadores al amparo del art. 50.1.b ET. Dar respuesta a estos interrogantes y a los otros muchos que aguardan detrás de cada uno de ellos es el objetivo de este trabajo.