Elena Martínez García

Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004, la Administración del Estado ha puesto en marcha un conjunto de medidas destinadas, por un lado a erradicar y prevenir los casos de violencia contra la mujer en nuestra sociedad y, por otro, a promover un cambio social que impulse una cultura real de la igualdad de género. En este trabajo, se analiza y reflexiona de forma multidisciplinar sobre la experiencia de ocho años de aplicación de esta normativa desde y por sus propios aplicadores ?los Juzgados, el Instituto de Medicina Legal, los Cuerpos de Seguridad del Estado, Oficinas de Víctimas, Centro Penitenciario, juristas, periodistas y pedagogos?, haciendo una evaluación de los instrumentos y medios desarrollados y proponiendo las claves para seguir luchando en los próximos años. El lector tiene asegurado un discurso científico, eminentemente práctico y clarificador de la hoja de ruta que es conveniente seguir para continuar ahondando en un nuevo modelo de sociedad, más justa e igualitaria en las relaciones entre el hombre y la mujer.

Edición preparada por Elena Martínez García.

Las repercusiones transnacionales del uso de las obras del ingenio a través de las nuevas tecnologías de transmisión de la información, y la complejidad de la propiedad intelectual, aconsejan el uso del arbitraje como medio de solucion de controversias para aquellos conflictos derivados de una actividad contractual ilicita, y la mediacion como el medio mas eficaz en la proteccion de los derechos de autor y derechos conexos ante su vulnerabilidad en Internet. Esta obra desarrolla en profundidad los pormenores derivados de la aplicacion de la Ley de Arbitraje y del arbitraje especial de la Comision Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, comparandolos con la actividad desarrollada por la Corte de arbitraje de la Camara Internacional de Paris o el Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

La entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civl ha puesto en jaque a muchas otras leyes. Esto se comprueba al observar las mejoras y desfases sufridos por la Ley 36/1998, de 5 de diciembre, de arbitraje. Este trabajo pone de manifiesto las bondades introducidas por la Ley procesal civil y deja al descubierto algunas lagunas jurídicas que será necesario suplir con propuestas "de lege ferenda". Carece de sentido que el legislador equipare procesalmente estas formas de tutela judicial y arbitral y, sin embargo, no les dote de similares instrumentos o garantías de eficacia y seguridad. Legitimación por intereses colectivos, diligencias preliminares, litispendencia, practica anticipada de la prueba, medidas cautelares o despacho de la ejecución sin contradicción, son - entre otras muchas - cuestiones que aquí analizamos. Obra, por tanto, necesaria para quienes pretenden encontrar en el arbitraje la tutela efectiva de sus derechos.

La misión de la Universidad es renovada hoy desde Naciones Unidas, cuando se nos pide que demos respuesta a los valores pactados en la Agenda 2030. También la propia Comisión Europea y los Estados miembros de la Union Europea estan trabajando por crear un marco de competencias que mejore la calidad de la educacion y la formacion del profesorado, segun consta a traves del documento Green Comp y con ello se consagra el Pilar Europeo de Derechos Sociales y una vision colectiva del Espacio Europeo de Educacion. Cada vez es mas clara la necesidad de reorientar la docencia con un enfoque que genere transiciones a traves de las profesiones. Pero no podemos perdernos en los 17 numeros de cada ODS. Mas bien se trata de centrarse en la realidad global a la que apuntan: Una Agenda global para un futuro comun. Existe aun una brecha que nos separa entre la narrativa de la Agenda 2030 y la situacion actual, marcada por los retrocesos en muchos ODS. Inspirar, explorar y visualizar un futuro comun es lo que marcara el como superar esa brecha. Ya no podemos quedarnos en la tarea de concienciar o describir con datos los fenomenos actuales, sino que lo que necesitamos ahora es aprender como hacer las transiciones ecosociales. La universidad y las personas que trabajamos en ella hemos de conseguir transformar la forma como se ejercen las profesiones para que se guien por criterios de igualdad, justicia y sostenibilidad social y ambiental. Es necesario que la pedagogia atraviese nuestro estar en la Universidad porque necesitamos enseñar, investigar y estudiar de otra manera. Es necesario ir a la raiz de la insostenibilidad actual, desvelar las contradicciones en nuestros discursos y nuestras acciones cotidianas, cuestionar las estructuras actuales e involucrarse e involucrar al alumnado como agentes de cambio.

La presente obra es el fruto de dos años de seguimiento y análisis de los resultados arrojados por la aplicación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dentro del marco de estrecha colaboración con los Juzgados, Fiscalía y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado especializados en materia de violencia de género. Principalmente, tres conclusiones son las deducidas en este estudio y que dotan de valor práctico a este trabajo. Por un lado, partimos del indubitado logro del legislador al conseguir la visualización de un conflicto ante la sociedad y las instituciones públicas. A partir de ahí, en el plano jurídico se plantea una toma de postura valiente y tendente a rechazar frontalmente este tipo de violencia sexista a través de la regulación de unos instrumentos legales basados en la Libertad, Justicia y Seguridad Jurídica. En un conflicto complejo y multidisciplinar como es éste, la coordinación entre los diferentes servicios, principalmente, en los casos relativos a la ejecución de decisiones judiciales y policiales, se presenta como pieza clave en el funcionamiento de la protección institucional de víctima y agresor. La manifestación de ciertas zonas sordas o de incomunicación entre estos servicios, de no ajustarse debidamente, podrían generar la posible responsabilidad del Estado por anormal funcionamiento de la Justicia y de sus servicios en general. A tal fin es decisivo el estudio de un nutrido grupo de Protocolos todos ellos articulados para asegurar los estándares de diligencia debida de la Administración en este engranaje de protección integral de la víctima. Por último, este trabajo pone de manifiesto el resultado de una jurisprudencia necesariamente controvertida hasta poner en marcha una Ley de una complejidad como ésta. Se trata, pues, de un trabajo práctico que pretende poner de manifiesto los aciertos y posibles reajustes que toda Ley nueva exige en su proceso de consolidación, sin perder de vista que el verdadero cambio en las estadísticas sobre este tipo de violencia vendr&aac