Francisco Velasco Caballero

La distinción entre público privado es, históricamente, la summa divisio del Derecho. Y también es una realidad contemporánea: sigue presente en nuestra argumentación jurídica y en nuestros textos normativos. La pregunta es, entonces, si la oposicion entre Derecho publico y Derecho privado tiene algun significado asequible y util. Bien el que ofrezca la tradicion, bien otro contemporaneo. En el libro se analizan, en primer lugar, los diferentes intentos doctrinales de distincion entre Derecho publico y Derecho privado. Todos ellos resultan, por una u otra razon, insuficientes. Esto es, sin capacidad explicativa real. Sentada esta premisa, y con el objetivo de dar algun sentido contemporaneo a la summa divisio, en el libro se sientan varias premisas metodologicas que dotan de racionalidad a la propuesta. La primera es el caracter contextual o relativo de toda explicacion sobre la summa divisio, limitada al Derecho de cada pais y en cada momento historico. La segunda premisa metodologica es la realidad eminentemente sectorial del Derecho y, en relacion con ello, el caracter adjetivo y no sustantivo de la summa divisio. Esto es: no hay un Derecho publico ontologicamente diferenciable del Derecho privado sino formas de Derecho publico o de Derecho privado mas o menos presentes en cada sector del ordenamiento. A part...

Ese libro está pensado inicialmente para apoyar la enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años noventa, el Derecho urbanistico fue fundamentalmente estatal, con desarrollos mas o menos innovadores en algunas comunidades autonomas. Tras la STC 61/1997, que declaro inconstitucional una buena parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho urbanistico paso a ser basicamente autonomico (y municipal), si bien sometido a ciertas "condiciones basicas" estatales que impiden divergencias sustanciales entre los distintos Derechos autonomicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la propiedad urbana.En la Comunidad de Madrid, el Derecho urbanistico general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo (LSM), reformada muchas veces. A esta regulacion autonomica se han superpuesto, de forma muchas veces problematica, varias leyes estatales de suelo, fundamentalmente el Texto Refundido estatal de 2008, la posterior Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracion y Renovacion Urbanas y, finalmente, el vigente Texto Refundido estatal de 2015. Las contradicciones estructurales entre la LSM y el Derecho estatal de suelo son cada vez mas notorias. Mientras que la LSM sigue teniendo como perspectiva reguladora la expansion de las ciudades, el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta claramente por la recuperacion y renovacion de la ciudad consolidada. Es bien posible que, a no mucho tardar, la LSM se acomode a la perspectiva legislativa estatal. Mientras tanto, la explicacion del Derecho urbanistico en la Comunidad de Madrid ha de centrarse en la LSM, si bien una buena parte de sus preceptos han de completarse e interpretarse de conformidad con la legislacion estatal de suelo. Tal es el patron expositivo seguido en este libro.

Este libro está pensado inicialmente para apoyar la enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años noventa, el Derecho urbanistico fue fundamentalmente estatal, con desarrollos mas o menos innovadores en algunas comunidades autonomas. Tras la STC 61/1997, que declaro inconstitucional una buena parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho urbanistico paso a ser basicamente autonomico (y municipal), si bien sometido a ciertas "condiciones basicas" estatales que impiden divergencias sustanciales entre los distintos Derechos autonomicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la propiedad urbana. Es cierto que, con cada reforma de la legislacion estatal de suelo, las "condiciones basicas" uniformes, vinculantes para todas las comunidades autonomas, son cada vez mas extensas e intensas. Sin embargo, en la actualidad aun siguen siendo las leyes autonomicas quienes protagonizan el Derecho urbanistico en cada comunidad.Este es, desde luego, el caso de la Comunidad de Madrid, donde el sistema normativo general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo (LSM). A esta regulacion se han superpuesto, de forma mucha veces problematica, varias leyes estatales de suelo, fundamentalmente el Texto Refundido estatal de 2008, la posterior Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracion y Renovacion Urbanas y, finalmente, el vigente Texto Refundido estatal de 2015. Las contradicciones estructurales entre la LSM y el Derecho estatal de suelo son cada vez mas notorias. Mientras la LSM sigue teniendo como perspectiva reguladora la expansion de las ciudades, el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta claramente por la recuperacion y renovacion de la ciudad consolidada. Es bien posible que, a no mucho tardar, la LSM se acomode a la perspectiva legislativa estatal.

SECCIONES DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (diaria, semanal...): NEWS, AGENDA, LIBROS, NJ LEX, NJ CONFIDENCIAL...SECCIONES DE ACTUALIZACIÓN BIMENSUAL: EN PORTADA - NJ TRIBUNALES - MANUAL PRÁCTICO DE... - OBSERVATORIO PROCESAL - EL FORMULARIO - DOCUMENTOS NJ - C

PRELIMINAR. Planteamiento de la cuestión CAPÍTULO PRIMERO. Las Administraciones públicas como titulares del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensiónI. Reconocimiento progresivo de la titularidadII. Comparacion con el planteamie

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Este libro agrupa los estudios de seis profesores alemanes y cinco españoles sobre distintos aspectos de una nueva realidad jurídico-administrativa, para la que los propios autores proponen la denominacion de "union administrativa europea". En Derecho comunitario se habla, tradicionalmente, de dos formas de aplicacion del Derecho publico europeo: directa (por la administracion comunitaria); e indirecta (por las administraciones de los Estados miembros). Pero la realidad muestra ya algo distinto. Son ya muchos los sectores de regulacion comunitaria en los que las administraciones estatales actuan estrechamente conectadas o vinculadas, entre si y con la Comision o las agencias europeas. Mas que de aplicacion nacional o comunitaria del Derecho comunitario se debe hablar, entonces, de actuacion conectada, vinculada o en red de las distintas administraciones europeas: las de los Estados miembros y la de la Union Europea. Esto es lo que el libro denomina "union administrativa europea". Los estudios integrados en el libro son tanto generales como sectoriales. Los estudios generales se centran en el significado teorico del nuevo modelo de administracion, en su relevancia para el proceso de codificacion del procedimiento administrativo comunitario y en su comparacion con las diversas formas de "administracion mixta" conocidas, tanto en Alemania como en España. Los estudios sectoriales se refieren a sectores del Derecho europeo donde se esta manifestando con especial relevancia el fenomeno de "union administrativa": Derecho de la energia, medioambiental, migratorio y de seguridad social. INDICE (Resumen): Estructuras de la union administrativa europea. La codificacion del procedimiento administrativo en la union administrativa europea. De la europeizacion del derecho administrativo a la union administrativa europea. Interrelaciones administrativas en el ordenamiento juridico aleman. Novedades introducidas por la reforma del federalismo. La administracion mixta en España.

VELASCO CABALLERO, FRANCISCO INSTITUTO DE DERECHO LOCAL. UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID Las entidades locales se rigen por normas de muy distinta procedencia y posición. Está, en primer lugar, la garantia constitucional de autonomia local, en su doble dimension de «estandar» minimo de poder local y de mandato a todos los poderes publicos para que optimicen #en la medida de lo posible# el autogobierno local. A la Constitucion sigue la Carta Europea de Autonomia Local, con «estandares» internacionales de autonomia local. Tambien los Estatutos de Autonomia, sobre todo los aprobados en 2006-2007, que contienen tanto un nuevo sistema de distribucion de competencias sobre gobiernos locales como concretas opciones organizativas y garantias de autonomia para municipios y provincias (o veguerias). A partir de estas fuentes elementales, son las leyes, las del Estado y las de las Comunidades Autonomas, quienes dan forma concreta al regimen local. Hasta hoy, la regulacion legal ha estado presidida, fundamentalmente, por leyes del Estado: Ley reguladora de las Bases del Regimen Local; Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local; Ley de Haciendas Locales y Ley organica del Regimen Electoral General. Secundaria ha sido, hasta hoy, la regulacion autonomica sobre regimen local, aunque a partir de los nuevos Estatutos de Autonomia de 2006-2007 se puede avistar ya un cambio de tendencia. Eso abre una situacion compleja para la actual Ley reguladora de las Bases de Regimen Local, que sera inaplicable en algunas Comunidades Autonomas. Los reglamentos del Estado #sobre todo el Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las entidades locales# tambien han gozado de una importante presencia en la configuracion del regimen local; aunque tambien el necesario reajuste del sistema de fuentes predice una fuerte limitacion futura a esta fuente normativa. Finalmente, el Derecho

Este libro se califica como Tratado. Y pretende serlo. Un tratado debe exponer el Derecho vigente con el mayor nivel de precisión posible. Pero no puede limitarse a esto. Debe, además, identificar dónde estan los debates doctrinales y judiciales no resueltos; cuales son las tendencias de cambio; o donde el Derecho positivo muestra insuficiencias. Esta orientacion academica se ha seguido en los 21 capitulos que componen el libro.El Tratado se ha centrado en lo que podriamos llamar el Derecho local general. Esto es, han quedado fuera todos los sectores especiales, algunos tan relevantes como el Derecho urbanistico o el Derecho ambiental. La seleccion de los distintos capitulos ha seguido dos criterios complementarios. Se ha atendido, en primer lugar, a la estructura tradicional del Derecho local general. Por eso el Tratado dedica capitulos especificos al regimen constitucional local, a las competencias municipales o las provincias. Pero tambien se ha prestado atencion a otros temas menos convencionales, pero que van cobrando importancia presente, tal es el caso de la proteccion de datos, la transparencia o la participacion ciudadana. Con todo, el Tratado no ha podido abarcar todos los temas posibles. Algunos han quedado provisionalmente fuera de esta primera edicion. Si el Tratado tiene una buena acogida, podremos añadir estos otros temas en una segunda edicion. Un proyecto tan complejo como este solo es posible cuando los autores, ademas de su competencia academica, ofrecen lo mejor de si mismos para hacerlo posible. El grupo de personas que esta detras del Tratado derrocha disponibilidad, flexibilidad, compromiso y entusiasmo. Con tales virtudes, terminar este Tratado no era facil, pero si era cierto.

En este Tratado se estudian los aspectos más relevantes del Derecho económico local, tanto desde el punto de vista sustantivo como organizativo. Se describen y analizan las reglas que disciplinan las diversas formas de incidencia de la Administración local en la economía. Las entidades locales se presentan en la economía unas veces como reguladoras o controladoras, otras veces como agentes económicos (en mayor o menor posición competitiva con los agentes privados), y otras veces como promotoras o directoras de la actividad económica (a través de la contratación con empresas, la gestión de los bienes patrimoniales y demaniales, o el otorgamiento de ayudas). Esta diversidad de actividades locales en la economía es reconducible, con las adaptaciones necesarias, a una ordenación sistemática tradicional que distingue tres tipos básicos de actuación local: de intervención o regulación, de servicio público o de fomento. Esta es también la estructura sistemática de este Tratado, cuya ordenación está recorrida por una idea ordenadora central: el Derecho de la competencia.En todos los ámbitos del Derecho económico local es hoy una referencia explicativa central en qué medida las distintas actividades locales (reguladoras, prestadoras o de fomento) afectan a la competencia con y entre los agentes económicos privados y, en consecuencia, cómo y con qué alcance se someten a reglas dirigidas a garantizar la competencia en el mercado.