Iván Antonio Rodríguez Cardo

La COVID ha provocado una pandemia mundial que ha alterado la dinámica normal de funcionamiento de las sociedades en todo el mundo. En el ámbito específicamente laboral las medidas adoptadas han pretendido evitar la destruccion del empleo, principalmente. Sin embargo, la COVID provocara otro tipo de efectos, y en particular diferencias de trato entre personas que han superado la enfermedad y personas que nunca la han contraido, asi como entre personas que han recibido la vacuna y personas que no se han vacunado o, en general, no han adquirido inmunidad. Esta obra responde al interrogante de si la COVID es una causa de discriminacion en el trabajo, pese a la negativa tradicional de los tribunales a considerar la enfermedad como causa de discriminacion. A tal fin, se analizan exhaustivamente los diversos escenarios (vacunacion, no vacunacion, acceso al trabajo, cambio de condiciones, eventual extincion?), se valoran las consecuencias de las diferentes medidas empresariales y se ofrecen propuestas de solucion en cada caso

Las incesantes reformas legales en materia de jubilación causan incertidumbre sobre la norma vigente y su interpretación. Entre las modalidades más afectadas por esas reformas se encuentra la jubilación parcial, muy utilizada durante la última década por las empresas y trabajadores como alternativa a los planes de prejubilación o a las jubilaciones anticipadas. La reforma de 2013 ha modificado nuevamente la configuración jurídica de la jubilación parcial, endureciendo las condiciones de acceso. La presente monografía, que lleva por título "La jubilación parcial tras la reforma de 2013", analiza exhaustivamente el régimen jurídico de la jubilación parcial, del contrato de relevo y de la fórmula de jubilación flexible, con el fin de proporcionar a profesores de universidad, a trabajadores, empresas, asesores y operadores jurídicos una respuesta adecuada a cualquier duda que sobre tales instituciones pudiera surgir.

El presente trabajo se circunscribe al análisis jurisprudencial y doctrinal de la responsabilidad patrimonial de la Administración por perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico que sean imputables a la misma como prestadora del servicio público de carreteras. Se aborda el estudio del ámbito objetivo y subjetivo y el análisis posterior de los presupuestos de la responsabilidad de este servicio público y un criterio jurídico de imputación basado en el círculo de riesgo controlable y en la aplicación de un estándar inspirado en la finalidad de seguridad viaria que este servicio debe garantizar. Se ocupa fundamentalmente de dos conceptos clave para determinar la responsabilidad de la Administración. Se trata por un lado del análisis del servicio público de carreteras, y del carácter antijurídico del daño por otro lado. Con respecto al primer concepto, se configura un estándar que pueda servir de parámetro de valoración del funcionamiento del servicio de carreteras.

Las medidas de protección social de los funcionarios públicos -principalmente montepíos- nacieron con dos siglos de antelación a las primeras manifestaciones de la previsión social pública para los trabajadores asalariados -seguros sociales primero, y mutualidades laborales después- y han evolucionado a un ritmo y con unos caracteres propios, sin formar parte del Sistema de Seguridad Social. En efecto, sus rasgos singulares suponen que los llamados regímenes especiales de funcionarios públicos se encuentran materialmente al margen del Sistema de Seguridad Social. Ahora bien, no todos los funcionarios públicos están comprendidos en esos instrumentos protectores externos o periféricos, sino que muchos de ellos han sido asimilados a los trabajadores asalariados e incluidos por tanto en el Régimen General de la Seguridad Social.

La protección de los funcionarios por parte del Estado a través de mecanismos públicos -montepíos y mutualidades- es anterior en el tiempo a la de los trabajadores asalariados, y el primer colectivo que disfrutó de esa clase de medidas fue el personal militar, ante las consecuencias de la participación en acciones bélicas. La presente monografía tiene por objeto analizar el contexto actual de la protección social de los militares en activo, y, en particular, la tutela que proporciona el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), entidad gestora del denominado Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las peculiaridades propias de las mutualidades de funcionarios se intensifican por la especificidad del ámbito militar, lo que da lugar a un mecanismo de protección con idiosincrasia propia, que tiene rasgos que lo diferencian, no sólo del Régimen General o de los regímenes especiales clásicos, sino también de fórmulas mucho más próximas, como el mutualismo administrativo gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). El papel de la Sanidad Militar, inmersa en un profundo proceso de adaptación, es el rasgo distintivo más visible, pero ciertamente no el único.

Desde la creación del Retiro Obrero, en 1919, la edad de jubilación se situó en los 65 años; en aquel momento, esa edad resultaba muy elevada, lo que garantizaba que el número de beneficiarios fuera muy escaso durante las primeras decadas de aplicacion del seguro social obligatorio y su sostenimiento no corriese peligro.Sin embargo, el actual contexto es muy distinto. Al incrementarse la esperanza de vida, tambien se han elevado los costes de proteccion social y las necesidades de financiacion pues "al margen del coste de la asistencia sanitaria" la Seguridad Social tendra que afrontar el pago de pensiones durante mas tiempo.Las estimaciones economicas sobre la viabilidad de los sistemas publicos de Seguridad Social confirman que esta incertidumbre no es infundada y que se sufrira a partir de 2025, cuando comiencen a jubilarse los que nacieron en la decada de los 60 del pasado siglo.

Esta monografía trata de identificar los diferentes hitos que jalonan la evolución histórica del campo de aplicación de la Seguridad Social, centrándose en los tres colectivos de profesionales más característicos para un sistema de Seguridad Social: los trabajadores asalariados, los trabajadores autónomos y los funcionarios públicos. Estos tres grupos son los destinatarios naturales de las medidas públicas de protección contra los riesgos sociales, pero el camino que han seguido para su incorporación al Sistema de la Seguridad Social no ha sido en modo alguno similar. Los diversos avatares históricos explican los rasgos actuales del campo de aplicación de la Seguridad Social, y ofrecen una información indispensable para afrontar con éxito el inminente proceso (así lo considera el autor) de racionalización de la estructura del Sistema.

El ámbito subjetivo es una cuestión nuclear en el análisis de cualquier sistema de Seguridad Social; no en vano, los sistemas de inspiración bismarckiana se conocen también como profesionales, porque están diseñados para proteger a quienes desarrollan una actividad profesional, mientras que los sistemas que se han construido a partir de las propuestas de Lord Beveridge se denominan universalistas, ya que tratan de amparar a toda persona en estado de necesidad. El Sistema español de Seguridad Social se cimentó sobre las bases del modelo profesional-contributivo, pero en su evolución ha ido incorporando rasgos asistenciales, más acusados si cabe tras la instauración de prestaciones no contributivas, que protegen a personas en estado de necesidad prescindiendo de la condición de trabajador. A pesar de ello, la profesionalidad y la territorialidad continúan siendo las dos vigas maestras sobre las que se erige el ámbito subjetivo del Sistema de Seguridad Social. La nacionalidad, muy relevante en los orígenes de la previsión social, constituye hoy, a lo sumo, una causa de exclusión en situaciones patológicas, mientras que el estado de necesidad se ha convertido en una vía de expansión para superar las fronteras naturales de los modelos contributivos.

Abreviaturas.Prólogo.Capítulo I. Introducción.Capítulo II. Potenciales repercusiones del brexit en el ámbito laboral y de la seguridad social.Capítulo III. Derechos laborales y de seguridad social tras una eventual independencia de Cataluña.Capitulo IV. Consideraciones finales.Capitulo V. Bibliografia

La comisión negociadora de¡ convenio colectivo es una institución nuclear en el sistema de negociación colectiva y, por ende, en el Derecho del Trabajo. Hay que tener presente que la labor de este órgano puede dar lugar a la aprobación de una auténtica norma jurídica, como es un convenio colectivo estatutario. Así pues, está justificada plenamente la necesidad de un análisis de este órgano, y no sólo desde la perspectiva del convenio colectivo elaborado conforme al Título III del Estatuto de los Trabajadores, sino abordando también su función en el resto de manifestaciones de la negociación colectiva. Básicamente, este trabajo Pretende ofrecer un estudio de las reglas de composición y funcionamiento de la comisión negociadora, poniendo especial énfasis en la incidencia que tiene el derecho fundamental de libertad sindical en el proceso de elaboración del convenio colectivo, pues ésta es, sin duda, la cuestión que más litigios suscita.