Javier Barcelona Llop

Obra que estudia, desde un punto de vista jurídico, el incumplimiento e inaplicación de leyes, reglamentos y ordenanzas.

Éste es un libro sobre derechos humanos. Más en particular, sobre dos de los derechos humanos que protege el Convenio Europeo de 1950, texto del que el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que no es exactamente un tratado internacional en sentido clásico, pues desborda el ámbito de las relaciones recíprocas entre los Estados partes para crear unas obligaciones objetivas que disfrutan de garantía colectiva. Estas palabras de la importante Sentencia Irlanda contra Reino Unido (1978), expresan bien la dimensión jurídica del Convenio en tanto que Tratado de protección de los derechos humanos; casi dos décadas después, el Tribunal completará la caracterización jurídica del Convenio al decir de él que constituye un instrumento constitucional del orden público europeo. Los derechos humanos objeto de estudio en este libro son los garantizados por los artículos 2 y 3 del Convenio: el derecho a la vida y el derecho a no padecer torturas o malos tratos.

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes viene a sustituir a una de las últimas grandes Leyes administrativas vigentes, su homónima de 1957. Los presentes comentarios constituyen un pormenorizado estudio sistemático de sus novedosas previsiones, complementadas con el análisis del derecho forestal autonómico, como puede deducirse por su subtítulo. En este proceso de renovación del derecho forestal, puede incluso hablarse con propiedad de un cambio de paradigma forestal, asume un rol protagonista la Ley 43/2003 que se manifiesta y hace explícito en los diferentes prismas bajo los cuales puede contemplarse. Si atendemos al aspecto económico, constituye un lugar común la afirmación de la orientación productivista de la Ley de Montes de 1957, que se alzaprimaba claramente sobre las restantes funciones de los montes -ecológicas o ambientales, y sociales-, consideradas hoy bajo el prisma de la multifuncionalidad. Si consideramos el marco institucional, la revolución es más que visible con sólo hacer referencia a la emergencia de las Comunidades Autónomas, grandes protagonistas de la gestión y administración del monte, y a la comparación entre el marco contemplado -y superado- recogido en aquella Ley y el resultante en la actualidad, máxime tras el advenimiento constitucional. Una Constitución, que, proclama entre los principios rectores de la política social y económica el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, a la par que encomiendar a los poderes públicos velar por la utilización de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. También los cambios generados en la esfera internacional -no sólo comunitaria- en el tratamiento jurídico de los montes, han propiciado este cambio de perspectiva, que justifican un estudio de las presentes características. Llamada a ser obra de referencia

La presente monografía pasa revista a las facultades y competencias de las entidades municipales en el sector de la protección civil, tomando básicamente como referencia lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica de régimen local y en la específicamente reguladora de esa importante parcela de la acción administrativa. Es pues, una obra que versa sobre la normativa vigente en la materia señalada, aunque su contenido no consista en una mera descripción de la misma, pues pretende ante todo analizar, explicar y, en su caso, someter a un juicio crítico las disposiciones legales pertinentes. El cuerpo de la obra se estructura en dos partes diferenciadas. Una primera se dedica a la caracterización jurídica de la protección civil, en la que se desarrollan cuestiones generales de tratamiento necesario antes de acometer el estudio de la materia principal. Ésta, la protección civil municipal, se estudia en la segunda parte, formada por tres capítulos; dos de ellos exponen sistemáticamente la legislación relativa a las competencias municipales en materia de protección civil, tanto estatal como autonómica, mientras que el tercero se centra en papel de los Alcaldes en este campo, bien tradicional y característico.

Obra destinada a Juristas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Escuelas de Policía nacionales (Ávila y Aranjuez), autonómicas (Arkaute y Mollet del Vallés) o de formación de policías locales (en varias Comunidades Autonomas)

El trabajo arqueológico obedece a pautas metodológicas precisas, a criterios científicos que persiguen el incremento del conocimiento; ello nada tiene que ver con los saqueadores, pero tampoco con la actividad de quienes circulan por ahi buscando en sus ratos libres objetos sueltos con los que completar una coleccion particular que a su muerte donaran desinteresadamente a un museo local. Esta no es solo la opinion de los autores del presente libro, sino que es la del legislador. Es verdad que las leyes parten de este presupuesto desde hace bastante tiempo, pero ha sido a raiz de la del Patrimonio Historico Español de 1985, fecundamente secundada por las aprobadas por las comunidades autonomas, cuando el mismo ha recibido un potente e inequivoco espaldarazo normativo llamado a desterrar definitivamente del concepto de Arqueologia cualquier intervencion que se no se ajuste a criterios cientificos y a reservar el regimen juridico del patrimonio arqueologico a los frutos de dicha actividad. De esta forma, dos ramas del saber muy distintas entre si, la Arqueologia y el Derecho, contribuyen cada una a su manera y con sus respectivos instrumentos a racionalizar y ordenar una materia cuya importancia trasciende de la satisfaccion personal pues se inscribe en el plano de lo social. Un patrimonio que esta llamado en ultim...