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Esta quinta edición es una nueva obra., en los cinco años transcurridos dese la edición precedente, los cambios legislativos, no sólo no han cesado, sino han aumentado hasta por leyes orgánicas, como la LO 19/2003, de 23 de diciembre de reforma de la LOPJ, que tanto afectó a la estructura orgánica y a la competencia de los órganos de este orden jurisdiccional, hasta las mas recientes de 21 de noviembre de 2006 (LO 7/2006) de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y la de 22 de marzo de 2007 (LO 3/2007) de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Al hacer esta quinta edición, podemos decir que, a pesar de la lentitud de la Justicia, ya no quedan procesos a los que se aplique la Ley de 1956, por lo que la jurisprudencia a ellos referida se ha eliminado, salvo la que pueda servir de antecedente para explicar las dudas de algún precepto nuevo. Ahora bien, ante el impresionante número de sentencias, ha sido necesario hacer una rigurosa reducción, reproduciéndose el texto de la parte de ellas que tiene especial relevancia, enumerando las que reiteran doctrina anterior. Y como las modificaciones legislativas, como indiqué, han seguido produciéndose, ha sido necesario distinguir ente la jurisprudencia referida a cada uno de los textos modificados.

Acaba de aparecer una nueva edición, la sexta, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos ante un libro nuevo.

Desde la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia. No solo las sentencias innovadoras, sino aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.

EN POCAS MATERIAS SE HAN PRODUCIDO TANTOS SUCESOS COMO EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.ESTA OBRA FACILITA LA TAREA DE SEGUIR DÍA A DÍA LAS SENTENCIA QUE DICTAN NUESTROS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Los Estatutos de las Comunidades Autónomas han asumido, de conformidad al artículo 148.1.3ª de la Constitución, la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Una multitud de disposiciones autonómicas, casi permanentemente renovadas en muchos de sus preceptos, rigen en el territorio de cada Comunidad Autónoma en esta materia, a veces con importantes diferencias entre sí. Resta todavía el Derecho urbanístico estatal que rige en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Estado no ha quedado privado de toda competencia que incida en esos ámbitos. Por el contrario, en virtud de algunas potestades que le atribuye en exclusiva el artículo 149.1 del Texto constitucional, debe inexorablemente establecer, por normas con rango de Ley, las condiciones básicas de la igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de la planificación general de la actividad económica y de la protección del medio ambiente en cuanto inciden sobre la ordenación territorial y urbanística.

Esta edición -al igual que lo fueron la 2ª (de 1999) y la 3ª (de 2003-2004) en relación con las que, respectivamente, le precedieron- ha sido actualizada y renovada en múltiples aspectos, algunos de ellos de particular relevancia. Y así, por ejemplo, se recoge ahora en ella la única sentencia del Tribunal Supremo dictada hasta este momento sobre la suplencia de la firma, un tema jurisprudencialmente inédito y del que ha tenido ocasión de ocuparse dicho Tribunal en un caso que ha resultado ser de enorme trascendencia desde diversos puntos de vista. Con lo que una vez más se demuestra que temas aparentemente mínimos pueden cobrar irisaciones inesperadas cuando son iluminadas con la luz cenital de la vida real. Incorpora también esta 4ª edición la que puede tenerse por jurisprudencia consolidada acerca del llamado principio de transparencia, que con el refuerzo que recibe de esa jurisprudencia deja de ser estéril retórica populista para convertirse en arma eficaz que el Estado de derecho pone a disposición del particular para hacer frente a los abusos del Poder publico. Particular atención se presta asimismo a la reciente ratificación por el Tribunal Constitucional de la doctrina del plazo abierto para recurrir en vía administrativa o, en su caso, judicial contra el llamado silencio administrativo con significado negativo.

Este Código de la Justicia Administrativa, no es sólo un intento de sistematizar unitariamente la multiplicidad de disposiciones que regulan los diversos procedimientos de distinta naturaleza que tratan de hacer efectivo el principio de sometimiento pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho, que consagra el art. 103 de la Constitución, y la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es, también, una recopilación de la jurisprudencia recaída sobre cada una de las normas que integran el Ordenamiento español de la Justicia administrativa.

La tutela judicial efectiva del ejercicio de los derechos e intereses legítimos, que constituye uno de los derechos que reconoce a todas las personas la Constitución, sólo será posible si se confía a Jueces que, ademas de imparciales e independientes, tengan la formacion adecuada. De aqui que el problema de la seleccion haya constituido siempre una de las preocupaciones de los Poderes publicos. Hoy el problema ha adquirido importancia capital. Porque uno de los defectos de que adolece la Administracion de Justicia es el de la enorme lentitud de ¡os procesos. Y para superar esta situacion, es necesaria la creacion de nuevos organos judiciales, lo que obliga a multiplicar -y multiplicar considerablemente- c] numero de ios Jueces. Y los Jueces no se improvisan. Jesus Gonzalez Perez aborda en este trabajo la cuestion. Partiendo del Pacto de Estado sobre la Reforma de la Justicia, a que llegaron los partidos mayoritarios, examina con la maxima objetividad la reglamentacion vigente y la reforma que se propone llevar a cabo, a fin de verificar hasta que punto responde a las exigencias para que en el futuro la funcion de los Jueces tenga la especialidad requerida al impartir justicia en cada uno de los distintos ordenes judiciales.

En 1999 apareció la tercera edición de esta obra. Desde entonces, ha aumentado considerablemente el interés generalizado que ya existía sobre la Ética pública. Pese a las políticas liberalizadoras, la Administración pública sigue presente en todas las esferas de la vida social, y cada día es más hondo el abismo que separa a los administradores de los administrados y mayor la desconfianza entre unos y otros.La incorporación al orden jurídico del valor ético de la confianza, ha contribuido decisivamente a humanizar las relaciones entre las Administraciones públicas y los administrados.La finalidad de este trabajo es el estudio del principio de la buena fe al que cada día acuden con más frecuencia nuestros Tribunales, por lo que aumentan incesantemente las decisiones jurisprudenciales.En esta nueva edición se ha pretendido recoger toda la jurisprudencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la más significativa del Tribunal Constitucional y de la Sala de lo civil. Y se han incorporado todas las ciertamente numerosas aportaciones doctrinales sobre el te

Agotada la primera edición de esta obra, la excelente acogida que ha tenido por los profesionales y estudiosos del Derecho Administrativo nos lleva a realizar esta segunda edición corregida y ampliada. La presente edición, conservando las trazas e ideas originales, incorpora dos nuevos Capítulos en los que se aborda el problema que plantea la imputación de la responsabilidad patrimonial cuando los daños son causados por Entes instrumentales de las Administraciones públicas (Entidades de Derecho público, sociedades mercantiles y fundaciones de titularidad pública ) o cuando se materializan en el ámbito de la contratación administrativa. El autor nos ofrece un extenso y profundo estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración, abordando las cuestiones capitales del instituto resarcitorio con gran rigor en el análisis de la legislación y de los diversos planteamientos doctrinales, incluyendo asimismo una abundante referencia jurisprudencial, lo que hace que resulte de especial interés para todos los juristas y profesionales del Derecho. Por sus características, la obra recoge principios y criterios válidos en otros ordenamientos jurídicos, máxime si configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración con carácter objetivo. «Esta obra habrá de ser tenida inexcusablemente en cuenta en el futuro en cualquier investigación y, por supuesto, en la práctica judicial». Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR. Catedrático de Derecho Administrativo de la U.C.M, en el Prólogo. «Se trata de un trabajo que, a mi juicio, es excelente, ambicioso, denso y muy bien informado y construido». Luis MARTÍN REBOLLO, Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Cantabria. «AHUMADA RAMOS ha analizado la oscilación del instituto resarcitorio en una monografía cuya lectura me permito calificar de indispensable para entender las líneas evolutivas fundamentales del Derecho administrativo de daños». Alberto RUIZ OJEDA, Profesor Titular de la Universidad de Málaga. &a

Desde que salió a la luz la tercera edición en 1.998 debido a la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa de 13 de julio de 1.998, se han producido importantes cambios legislativos, lo que ha llevado al autor a una profunda revision y ha convertido este libro en una obra totalmente nueva, por tres razones fundamentales.La primera por La Ley 4/1999, de 13 de enero, modifico la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun de 26 de noviembre de 1.992, en aquellos aspectos de mayor trascendencia para el proceso administrativo como la delimitacion de los momentos en que, agotada la via administrativa queda abierta la procesal para obtener tutela judicial efectiva frente a las Administraciones publicas. Y una nueva Ley de Enjuciamiento Civil entraba en vigor, obligando a un replanteamiento a fondo de su aplicacion por la via de la supletoriedad en este orden jurisdiccional, por las dificultades practicas que planteaba.Por otro lado, aunque todavia son pocos los contencioso-administrativos incoados despues de entrada en vigor de la Ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa de 1.998 que han llegado al tribunal Supremo, por lo que ya existe una linea jurisprudencial utilisima a la hora de enfrentarnos con las dudas interpretativas qu e surgen en este procedimiento al tener que aplicarla. Ademas, como en estos cuatro años la interpretacion formalista de los requisitos procesales ha dado lugar a algunas causas mas de inadmisibilidad, han sido destacadas al comentar el articulo correspondiente, a fin de evitas caer en ellas.

Desde que salió a la luz la tercera edición en 1.998 debido a la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa de 13 de julio de 1.998, se han producido importantes cambios legislativos, lo que ha llevado al autor a una profunda revision y ha convertido este libro en una obra totalmente nueva, por tres razones fundamentales. La primera por La Ley 4/1999, de 13 de enero, modifico la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun de 26 de noviembre de 1.992, en aquellos aspectos de mayor trascendencia para el proceso administrativo como la delimitacion de los momentos en que, agotada la via administrativa queda abierta la procesal para obtener tutela judicial efectiva frente a las Administraciones publicas. Y una nueva Ley de Enjuciamiento Civil entraba en vigor, obligando a un replanteamiento a fondo de su aplicacion por la via de la supletoriedad en este orden jurisdiccional, por las dificultades practicas que planteaba.

Durante el año 2001 se han ido publicando en los respectivos Diarios oficiales las disposiciones aprobadas por las Asambleas legislativas de algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia, las que, unidas a las aparecidas en el año 200, han sido recogidas en esta edición del Manual de procedimiento Administrativo, resumiéndose la situación en que se encuentra la normativa de las Comunidades Autónomas que todavía no han cumplido las exigencias de la Ley 4/1999. Por lo que esta nueva edición ofrece una completa exposición sistemática, actualizada a 31 de diciembre de 2001, de la reglamentación del procedimiento administrativo. Asimismo se han actualizado las referencias a la Jurisprudencia, recogiéndose las sentencias publicadas en el Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi hasta diciembre de 2001.

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículo 7 y 28), las confesiones religiosas (artículo 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51), las organizaciones profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su artículo 22, los principios comunes a todas las asociaciones eliminando el sistema de control preventivo, contenido en la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio. Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental (artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las normas que las desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y la asociaciones profesionales de Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen mínimo y común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas en las legislación espacial.

El artículo 21, CE, reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos -que reconoce el derecho a la libertad de reunión..pacífica - (art. 20) y el Convenio Europeo para la proteccion de los derechos humanos y libertades fundamentales -que lo reconoce en identicos terminos- (art. 11) presupone el concepto de reunion.

Encuadernado en similpasta española o guaflex azul. Edición de 1986.

Encuadernado en similpasta española o guaflex azul. 3ª edición (2001). En una época de tan exacerbado formalismo como la que padecemos, en que tantos procesos terminan sin que el órgano jurisdiccional ante el que se demanda justicia examine las pretensiones, adquiere especial relieve la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuya mision es velar por la efectividad del derecho que garantiza a todos la tutela judicial. La copiosisima jurisprudencia a que ha dado lugar este derecho es estudiada y sistematizada, ofreciendose una apretada sintesis de la recaida sobre cada uno de los aspectos procesales en que mas graves han sido los atentados a aquel derecho, con la transcripcion literal de aquella parte de la fundamentacion mas significativa, en especial de las sentencias dictadas en 1999, 2000 y lo que va de 2001. En esta nueva edicion se denuncian los formalismos mas frecuentes en que incurren los organos de los distintos ordenes jurisdiccionales para atentar contra la tutela judicial. Es una llamada de atencion para que los que tengan la desgracia de moverse en los distintos ambitos procesales se olviden del articulo 24 de la Constitucion y cumplan esos formalismos sin confiar en los amparos ante el Tribunal Constitucional, que acaban en su mayor parte en declaraciones de inadmisibilidad que ni siquiera merecen los honores de un auto.