Joan Josep Queralt jimenez

Las incesantes modificaciones penales (doce desde la última edición) y las incontables extrapenales que inciden en la materia (delitos contra vida humana en formación, contra la Hacienda pública, contra la función pública, contra la seguridad colectiva, …), así como una vertiginosa jurisprudencia, hacen que el Derecho penal, tanto en su exposición académica como para operadores, requiera de una permanente puesta la día. Ello, en ocasiones, significa auténticos giros copernicanos en el contenido de los temas que se exponen, giros forzados por los cambios e innovaciones legislativas, no siempre bien aquilatados dogmática y político-criminalmente. Observará, pues, el lector profusión de referencias normativas que, en la mayor parte de casos, precisará que sean consultadas por el lector. Por su parte, la jurisprudencia, del TEDH, del TC, del TS y de las AAPP es objeto de constante referencia, citada como justificación de afirmaciones o como ejemplo de lo que en el texto de expone. Con todo ello, tanto al estudiante -destinatario primario de la obra- como al profesional y científico se intenta ofrecer un reflejo con cierto detalle del panorama actual del Derecho penal español, cada más fluido y en constante evolución.

El Derecho penal ampliamente entendido, es decir, como el Derecho del Sistema penal, empieza por el Derecho policial en su vertiente de subsistema jurídico que en la práctica marca la selección de los supuestos que van a dar pie al despliegue de los mecanismos de sanción legalmente previstos. Siguiendo los planteamientos político-criminales de una determinada sociedad, la Policía procede a dar los primeros pasos de la lucha contra la delincuencia determinando, de acuerdo al catálogo legal, qué sujetos y qué hechos van a, o pueden, ser sometidos a enjuiciamiento. Esta fase, fuertemente informal, apenas sin regulación legal, máxime si se compara con el detalle casi extenuante de otras prácticas oficiales, no lo es así por casualidad. Por ello, para el autor, Catedrático de Derecho penal y Abogado, esta fase de combate contra el delito debe acontecer dentro de lo que en una sociedad democrática se entiende por eficacia: mantenimiento a raya de aquél con pleno respeto de los derechos fundamentales, constitucionales y legales, de la persona, sea cual fuere su aparente relación con el hecho punible.Por ello, la presente obra analiza, a la luz de la legislación vigente "no siempre suficiente- y de la jurisprudencia "en ocasiones, excesivamente complaciente con prácticas poco respetuosas de aquéllos-, los comportamientos policiales típicos en esta fase inicial de la puesta en marcha del ius puniendi estatal. Se articula en torno a las facetas analítica y estadísticamente más frecuentes que desempeña la Policía Judicial, procurando dejar al margen debates doctrinales, o poco esclarecedores o poco favorecedores de la aludida eficacia policial en un sistema democrático de Derecho.

La asistencia letrada al detenido es un derecho, ahora constitucional, del que toda persona que se encuentre en España goza. La asistencia letrada la prestan, obviamente, los abogados en ejercicio. Corresponde por tanto a los Colegios de Abogados, sin merma de la libertad de ejercicio profesional de cada uno de sus miembros, asegurar, en tanto que Corporaciones de derecho público constitucionalmente reconocida, el más exacto y provechoso cumplimiento de las garantías que tal asistencia comporta. La que presentamos es la tercera edición de esta obra, que pretende ser un instrumento y orientación de la práctica forense que huye de planteamientos dogmáticos y expone lo que entiende la jurisprudencia que han de ser las prácticas policiales, judiciales y profesionales en esta fase del proceso penal.