José Garberí Llobregat

Qué duda cabe de que los juicios verbales de desahucio, sobre todo los derivados de la falta de pago de la renta arrendaticia, son unos de los procesos civiles más frecuentemente utilizados en la práctica forense. Ello es debido, sobre todo, a que en el desarrollo de la relacion arrendaticia no es inusual, en absoluto, que se produzcan esta clase de conflictos donde se posibilita la resolucion judicial del vinculo contractual entre arrendador y arrendatario. Estos juicios, ademas, estan plagados de especialidades procedimentales que afectan a aspectos tales como los contenidos de la demanda, el requerimiento de pago al arrendatario moroso, la posibilidad de enervar la accion o, en fin, los diversos pronunciamientos de la sentencia que declara el desahucio y los efectos de cosa juzgada que surten de la misma.Pues bien, la regulacion procesal y material del desahucio viene siendo objeto de numerosas reformas legislativas en los ultimos años, como las llevadas a cabo por las leyes 13/2009 (de reforma de la Oficina Judicial), 19/2009 (de fomento y agilizacion procesal del alquiler), 37/2011 (de medidas de agilizacion procesal), 4/2013 (de medidas de flexibilizacion y fomento del mercado del alquiler de viviendas) y la 42/2015 (que modifica la estructura procedimental de los juicios verbales, generalizando la demanda ordinaria y la contestacion a la demanda por escrito).A todas ellas se une ahora la propiciada por la reciente Ley 5/2018, de 11 de junio, que recibe una especial atencion en esta obra, y que regula las especialidades procedimentales que han de rodear al nuevo juicio verbal de recuperacion de viviendas ocupadas ilegalmente, el cual, aunque configurado formalmente por el legislador como una suerte de interdicto de recobrar, es con toda evidencia un verdadero juicio de desahucio dirigido frente a los llamados "okupas".

De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares. De los títulos ejecutivos. De las sentencias y demás títulos ejecutivos….

La presente obra analiza el régimen jurídico de las medidas cautelares en los procesos civiles, tanto la regulación que de las mismas lleva a cabo la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuanto las diversas normativas que en materia cautelar contiene la legislacion procesal especial. Y lo hace desde una perspectiva eminentemente practica, pues, junto a unos exhaustivos comentarios doctrinales de cada materia tratada, se acompañan, ademas de un abundante apendice jurisprudencial sistematizado y pormenorizado (con resoluciones de los Tribunales Constitucional y Supremo, asi como de las Audiencias Provinciales y Juzgados), los formularios de los principales escritos de los litigantes y de las resoluciones judiciales pertinentes en cada caso.Los primeros Capitulos se dedican al analisis del regimen juridico de las medidas cautelares, con especial atencion a sus presupuestos (fumus boni iuris, periculum in mora, caucion ) y caracteristicas (jurisdiccionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad ), y al procedimiento a seguir en orden a la solicitud, oposicion y resolucion de cada medida cautelar, distinguiendo, ademas, las especialidades propias de las medidas cautelares previas al proceso y de las que se instan con posterioridad a la demanda. En el resto de la obra se analizan con detalle, y una a una, todas las medidas cautelares admisibles en nuestro ordenamiento procesal civil (embargo, anotaciones preventivas, suspension de acuerdos sociales, intervencion y deposito de bienes, etc. ).En esta tercera edicion se ha revisado y actualizado la obra por completo, y se ha ampliado considerablemente el apartado de jurisprudencia.

Esta octava edición, actualizada a 2013, tiene como título completo: 'Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y legislación complementari

En la presente obra encontrará el lector una cumplida y actualizada referencia a la situación doctrinal, jurisprudencial y legislativa de todos y cada uno de los problemas que plantean en la práctica las infracciones y sanciones administrativas, tanto desde la óptica material (donde se analiza la problemática de los principios de legalidad, tipicidad o responsabilidad del infractor), cuanto desde la procedimental (donde se hace lo propio con temas tales como la proporcionalidad de las sanciones, la prescripción, la prohibición de "bis in idem", o los derechos del infractor a la presunción de inocencia, a la defensa, a la prueba, etc.). Además, y dada la proyección eminentemente práctica de la obra, en ella también se suministra un modelo de absolutamente todos los formularios a través de los cuales se desarrolla el procedimiento administrativo sancionador, desde los escritos de defensa e impugnación de los presuntos infractores, hasta las distintas clases de resoluciones administrativas susceptibles de ser acordadas. Tiene el lector en sus manos una nueva edición de la obra "El Procedimiento Administrativo Sancionador" y en la que, por vez primera y todavía única en el mercado editorial, se aborda el comentario exhaustivo y sistemático al Título IX, relativo a la "Potestad Sancionadora", de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (Tomo I), así como a la totalidad del R.D.1398/1993, por el que se regula el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Administración (Tomo II). Respecto de anteriores ediciones, esta quinta edición no sólo se presenta completamente revisada, actualizada y ampliada, sino que, además, incorpora a texto completo las más importantes y significativas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo dictadas en la materia, además de un completo apéndice legislativo (con inclusión de toda la legislación general y sectorial, la autonómica s

La presente obra analiza de manera exhaustiva la doctrina jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional en la interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, proclamado en el art. 24.1 de la Constitución. Como es bien sabido, gracias a dicha jurisprudencia se entienden incluidos en el citado precepto no sólo el derecho de acceso a los órganos judiciales por parte de los ciudadanos que invoquen la lesión de sus derechos o intereses legítimos, sino también otros muchos derechos fundamentales, tales como el derecho a obtener una resolución de fondo, motivada, fundada en derecho y congruente, el derecho a utilizar los medios de impugnación, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y el derecho a la cosa juzgada, así como el trascendental derecho a no sufrir indefensión. El comentario acerca de los contenidos y caracteres esenciales de cada uno de dichos derechos fundamentales los encontrará el lector en este libro, acompañados, además, de una relación ordenada y sistematizada de la jurisprudencia constitucional más relevante vertida en relación con todos ellos, los encontrará el lector en este libro, expuestos desde un punto de vista eminentemente práctico (no en vano el autor, Catedrático de Derecho Procesal, ha sido también Letrado del Tribunal Constitucional) que pueda resultar útil a los profesionales del Derecho que en el desarrollo de un proceso, en la interposición de algún medio de impugnación, o directamente al tener que presentar una demanda de amparo, deban fundamentar la lesión de este importantísimo derecho fundamental

La delimitación de la jurisdicción y de la competencia de los Juzgados y Tribunales Civiles se ha tornado en los últimos tiempos más compleja que nunca. En efecto, en lo que a la jurisdicción respecta, a las clásicas dificultades de determinación de su marco genérico de atribuciones, dada la imprecisión de la cláusula negativa o residual con que lo configura la Ley Orgánica del Poder Judicial, se suman ahora la dificultosa convivencia entre un sistema procesal civil que tan sólo contempla la declinatoria como procedimiento de denuncia a instancia de parte de la falta de jurisdicción, y el sistema de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales y de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que sigue contemplando la inhibitoria como incidente adecuado a estos mismos fines. Del lado de la competencia judicial, los problemas de determinación del órgano del orden civil objetivamente competente se han multiplicado enormemente tras la implantación de los Juzgados de lo Mercantil y de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que además se sitúan orgánicamente en el mismo plano jerárquico que los Juzgados de Primera Instancia. Y en el marco de la concreción de la competencia territorial también aparecen no pocos conflictos derivados de la cada vez más creciente amplitud del catálogo de fueros imperativos o no dispositivos. De la totalidad de dicha problemática, y desde una visión eminentemente práctica, se ocupa la presente obra, la cual, junto a la exposición comentada y sistematizada de la normativa aplicable sobre jurisdicción y competencia en el orden civil, introduce también una serie de anexos de jurisprudencia que facilitarán la comprensión del estado en que se encuentra la práctica de nuestros tribunales en torno a cada una de las cuestiones abordadas. Finalmente, la obra incorpora un amplio catálogo de formularios representativos de las diferentes modalidades de escritos de declinatoria que pueden oponerse para evidenciar la carencia de dichos esenciales presupuestos procesales.

Doctrina, Jurisprudencia, Formularios generales y casos prácticos con formularios.

La presente obra contiene como norma fundamental el texto completo de la Ley de la reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debidamente concordada y anotada, así como también las siguientes normas complementarias: 1. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (extracto). 2. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (extracto). 3. Normas referentes a Tasas Judiciales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 4. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (extracto). 5. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (extracto). 6. Las revisiones de actuaciones tributarias en vía administrativa. (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria y RD 520/2005, por ell que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General Tributaria. 7. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (extracto). 8. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial (extracto). 9. Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos de Jurisdicción. 10. Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 11. Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento del Servicio Jurídico del Estado. La obra incluye un completo índice analítico.

Incluye todas las moficaciones introducidas por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.Qué duda cabe de que los juicios verbales de desahucio, sobre todo los derivados de la falta de pago de la renta arrendaticia, son unos los procesos civiles mas frecuentemente utilizados en la practica forense. Ello es debido, sobre todo, a que en el desarrollo de la relacion arrendaticia no es inusual que se produzcan esta clase de conflictos que permiten resolver judicialmente el vinculo contractual entre las partes.Los juicios verbales de desahucio, ademas, estan plagados de especialidades procedimentales que afectan a aspectos tales como los contenidos de la demanda sucinta, la finalizacion anticipada del proceso por allanamiento, o los pronunciamientos que puede contener la sentencia que declare el desahucio y los efectos de cosa juzgada que surten de la misma; incluso algunas de dichas especialidades operan con anterioridad al inicio del proceso, tales como el requerimiento previo de pago determinante de la ineficacia de cualquier ulterior enervacion de la accion.La presente obra aborda la totalidad del regimen juridico de estos juicios verbales de desahucio, incidiendo en los problemas practicos que suscita la regulacion vigente y dando cuenta de manera exhaustiva de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Se incluyen, ademas, todas las modificaciones introducidas, tanto por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina Judicial, cuanto por la reciente e importantisima Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilizacion del alquiler y de la eficiencia energetica de los edificios.Incluye CD-Rom con la Jurisprudencia a texto completo, Esquemas procesales, Formularios, y la Normativa. Encuadernado en Carton

Cada vez resultan más frecuentes en la práctica de nuestros tribunales los procesos donde no se discute una única cuestión o conflicto, sino varios de ellos, y en los que generalmente aparecen implicados, bien una pluralidad de demandantes, o bien una pluralidad de demandados, dando así lugar a fenómenos de "acumulación de acciones" que permiten tramitar en un único proceso, y resolver en una única sentencia, una serie plural de litigios. Por eso se hace hoy imprescindible conocer con certeza cuáles son los presupuestos que predeterminan la admisibilidad de dicha acumulación, tanto los materiales (la compatibilidad de las pretensiones en la acumulación objetiva, la existencia de un nexo por razón del título o causa de pedir en la subjetiva), cuanto los procesales (jurisdicción, competencia, adecuación del procedimiento), así como también su tratamiento procesal (el régimen de formulación de las pretensiones acumuladas, el control de su regularidad de oficio y a instancia de parte...). La presente obra, integrante de la novedosa colección "Práctica Jurídica", aborda con una intención eminentemente práctica la regulación de la "acumulación de acciones" en la Ley de Enjuiciamiento Civil, examinando su régimen jurídico desde todas las perspectivas que precisa conocer el profesional del Derecho. Así, junto a un inicial comentario doctrinal introductorio, donde se da cuenta de los aspectos esenciales de dicha regulación, encontrará el lector esquemas sobre la tramitación de la misma en el juicio ordinario y en el juicio verbal, con sus correspondientes formularios, y con una serie de casos prácticos donde se examinan las cuestiones más problemáticas que suelen surgir en la práctica forense, para acabar con una selección de la normativa legal aplicable. Cabe destacar que la obra incorpora también una útil y exhaustiva selección de la jurisprudencia dictada, tanto por el Tribunal Supremo como, fundamentalmente, por las Audiencias Provinciales, sobre los preceptos que r

Una de las disciplinas jurídicas que más repercusiones ha experimentado tras la promulgación de la Constitución Española de 1978 ha sido, sin duda, el Derecho Procesal, hasta el extremo de que los tradicionales conceptos fundamentales sobre los que se asienta dicha rama del saber jurídico han logrado impostarse en el texto constitucional. En efecto, el clásico concepto de Jurisdicción se ha convertido en el Estado de Derecho Español en un Poder del Estado, el Poder Judicial. La acción ha pasado a trasformarse en un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, en el que se subsumen otros muchos derechos fundamentales (derecho a una resolución motivada y congruente, derecho a los recursos, a la ejecución&). Y el proceso, por su parte, de mera concatenación de actos jurídicos ha pasado a erigirse en una institución dominada por las garantías y plagada de derechos fundamentales de las partes (desde el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, al derecho a la presunción de inocencia, pasando por el derecho a la utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas&). La presente obra da cuenta de la constitucionalización de dichos conceptos fundamentales del Derecho Procesal, tal y como los mismos han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Las diligencias preliminares constituyen un muy útil instrumento en manos de quien pretende promover un proceso civil, en todos aquellos casos, muy frecuentes en la práctica, en los que se desconoce algún dato necesario para fundamentar la demanda; o bien se desconoce exactamente a quién demandar, o bien se precisa un historial clínico al que no se ha podido tener acceso, o bien se duda si el demandado tiene o no suscrito algún seguro que cubra su responsabilidad civil, o bien se precisan documentos societarios o contables cuya exhibición han denegado los responsables, o, en fin, se necesita conocer de la existencia y contenido de algún documento de índole hereditaria... En estos supuestos, y en muchos otros, las diligencias preliminares constituyen el único cauce para acceder a esa información que evite que el proceso se frustre por no haberse podido someter a la autoridad judicial la totalidad de los extremos relevantes del litigio. Diligencias que, además, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil han sido extraordinariamente potenciadas, al arbitrarse un conjunto de medidas coercitivas (por ejemplo, la entrada y resgitro en lugares a la búsqueda de documentos) y sancionadoras (por ejemplo, la ficta confessio), que aseguren el éxito de las mismas. La presente obra, que continúa con la nueva colección "Práctica Jurídica", aborda con esta intención eminentemente práctica el análisis de la totalidad de dichas diligencias preiminares, así como su régimen jurídico procesal, desde todas las perspectivas que precisa tener en cuenta el profesional del Derecho. Así, junto a un inicial comentario doctrinal introductorio, donde se da cuenta de los aspectos esenciales de regulación, encontrará el lector esquemas sobre la tramitación de las mismas, y los formularios de los principales trámites escritos en que se desarrollan las tales diligencias, así como también una serie de casos prácticos donde se examinan las cuestiones más problemáticas que suelen surgir en la práctica forense, y, por último, una sintética selección de la normativa leg

La presente obra contiene una exposición sistematizada de los diferentes procesos civiles que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye el análisis de todos los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales...) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria...), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdicción, competencia judicial, capacidad y postulación de las partes), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada...), medidas cautelares y demás instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminación anormal, cosa juzgada, costas procesales...).

La presente edición de "Los Procesos Civiles", sustancialmente ampliada y actualizada, contiene el comentario doctrinal de todos y cada uno de los preceptos de la LEC, tal y como lo