JOSE IGNACIO CUBERO MARCOS

El encomiable intento de digitalizar la Administración pública con fines de eficiencia económica y simplificación de trámites colisiona con las garantías y derechos fundamentales de las personas. Esta tesis se manifiesta en las diferentes vertientes analizadas en esta obra. Primero, las competencias administrativas en materia de autoorganizacion han promovido una heterogeneidad y diversidad de sistemas y plataformas que desvirtuan el avance que supuso la ventanilla unica para fortalecer las garantias ciudadanas frente a la Administracion. En segundo lugar, el derecho de las personas a relacionarse con las administraciones publicas por medios electronicos se somete a una decision discrecional de la Administracion, basada en razones de tipo tecnico y, sobre todo, economico, que ignora otros factores como la brecha tecnologica, o la ausencia de interoperabilidad suficiente entre sistemas, redes y dispositivos. Se asiste a la tirania de las nuevas herramientas digitales y telematicas, soslayando u orillando el respeto de los derechos fundamentales.

Este trabajo aborda la problemática que presenta un modelo de intervención administrativa que se desenvuelve al margen del esquema clásico, basado en un acto administrativo previo que habilita para el ejercicio de una actividad, como puede ser la prestacion de servicios. La comunicacion previa se considera una herramienta para la puesta en marcha de una relacion entre Administracion y ciudadania, de la que se derivan otras consecuencias juridicas, como los controles posteriores a los que ha de someterse la persona que inicia una actividad o la regulacion vinculada al sector en el que se desarrolla aquella. A partir de esta hipotesis, en la obra se plantean algunas controversias y contradicciones que tienen como eje las razones por las que se implanto la comunicacion previa en la legislacion, entre la que puede destacarse como mas sobresaliente el permanente intento de adelgazamiento de la Administracion. Asi, se ponen de manifiesto problemas especificos como la huida del Derecho Administrativo, el ejercicio de funciones publicas por particulares, la buena fe y la confianza legitima, la responsabilidad patrimonial de la Administracion o las dificultades ligadas al ejercicio de la potestad inspectora.