José Ignacio Solar Cayón

Ofrece la información relativa a estas pruebas: normativa, matrícula, modalidades, calendario, parámetros de ponderación, estadísticas de la convocatoria, programa de las materias, criterios de corrección... y la dirección web donde se pueden obtener los enunciados de los ejercicios de las convocatorias de junio y septiembre. Materias: Enseñanza superior. Universidades y Escuelas especiales con status universitario.

Este trabajo versa sobre el pensamiento del más genial representante de uno de los movimientos más interesantes del panorama jurídico del siglo XX: el realismo jurídico. La aportación de este trabajo es fundamental en cuanto sirve para presentar una visión global, contextualizada y equilibrada acerca del sentido y significado del proyecto realista de Frank. Es, además, oportuno porque recientemente se ha suscitado en la comunidad iusfilosófica española un vivo interés por el pensamiento jurídico estadounidense del siglo XX.

La práctica profesional del Derecho está experimentando profundas transformaciones como consecuencia de la acción combinada de la innovación tecnológica, la globalización, la creciente presión de los demandantes de servicios juridicos en un mercado cada vez mas competitivo y la liberalizacion de iure o de facto de dicho mercado. En la obra se analiza el papel fundamental que la inteligencia artificial juega en este contexto de cambio. En primer lugar, se describen los principales sistemas de inteligencia artificial juridica y las diversas areas de la actividad juridica a las que se estan aplicando. Junto a ello se ofrece una vision de la pujante industria legaltech generada alrededor del diseño y la explotacion comercial de dichas tecnologias y se analiza su creciente protagonismo en el mercado de servicios juridicos. A continuacion, el trabajo explora el impacto de dichas tecnologias en el empleo juridico y en la reconfiguracion del trabajo profesional. Se abordan aqui temas como la automatizacion de tareas y sus efectos sobre determinadas profesiones juridicas, el surgimiento de nuevas formas de asignacion del trabajo juridico (desagregacion de las tareas juridicas, para-profesionalizacion, outsourcing,) o la aparicion de nuevos perfiles profesionales hibridos que demandan

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y, desde su ratificación por nuestro pais en el año 2008, forma parte de nuestro ordenamiento juridico interno. Ello nos obliga, tal como dispone su articulo 4, a adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma, incluida la modificacion o derogacion de las normas pertinentes. En este proceso de adaptacion de nuestro ordenamiento juridico a las exigencias de la Convencion se han dado ya pasos muy significativos a nivel estatal, como la promulgacion de la Ley de adaptacion normativa a la Convencion (2011) y la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (2013). Sin embargo, dado el sistema de reparto competencial establecido en nuestra Constitucion, la accion de las Comunidades Autonomas se revela esencial en este asunto, en cuanto ostentan competencias en aspectos fundamentales para garantizar la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad. En esta linea, este trabajo resulta pionero en el analisis del impacto de la Convencion en el nivel de la legislacion autonomica, concretamente la de la Comunidad Autonoma de Cantabria. Tras un analisis de las exigencias de la Convencion, y una vez delimitadas las competencias de las diversas administraciones en las distintas materias que inciden en la garantia de los derechos de las personas con discapacidad educacion, sanidad, servicios sociales, empleo, ordenacion del territorio y urbanismo, transportes, cultura y deporte, justicia, fiscalidad , el trabajo pone de manifiesto los deficits de la legislacion autonomica y propugna medidas de reforma legislativa casi noventa, que afectarian a veintiun leyes para satisfacer aquellas exigencias. Adicionalmente, se propone la elaboracion de una ley integral de garantia de los derechos de las personas con discapacidad que dote de unidad y coherencia al complejo tratamiento normativo de los derechos de estas personas.