José Luis Díez Ripollés

Epígrafe y bien jurídico protegido; Las conductas de violación; Las conductas de estupro; Las conductas de abuso sexual; Las conductas sexuales provocadoras; Las conductas relativas a la prostitución; Preceptos relativos a la perseguibiidad en estas condu

Derecho Penal Español. Parte General

El bien jurídico protegido en los preceptos referentes a las conductas sexuales provocadoras; El sujeto pasivo en los preceptos referentes a conductas sexuales provocadoras; El tipo objetivo en los preceptos referentes, a las conductas sexuales provocador

Presupuestos de la polémica; Límites del Derecho penal sexual; Criterios extrajurídicos utilizables en la concreción de los tipos del Derecho penal sexual; El genérico objeto de protección del Derecho penal sexual; El sujeto pasivo en el Derecho penal sex

La política criminal, el derecho penal y la criminología constituyen materias de reflexión de relevante significación en la sociedad contemporánea. El presente volumen recoge la mayoría de los artículos científicos que sobre estos temas el autor ha ido publicando a lo largo de treinta y cinco años de incesante actividad investigadora. Esta segunda edición supone una notable ampliación y transformación de la primera, pues duplica sus contenidos, con más de veinte nuevos estudios, y añade dos nuevos capítulos temáticos. No ha variado, sin embargo, la visión comprensiva del fenómeno del control social penal que es propia del autor. Una política criminal razonable, atenta a los objetivos socialmente asumibles que se pueden alcanzar en una sociedad democrática, sigue constituyendo su principal característica.

TENDENCIAS ACTUALES EN POLÍTICA CRIMINAL. CONSTITUCIÓN, DERECHO PENAL Y GLOBALIZACIÓN. CONTEXTO INTERNACIONAL Y ESPAÑOL DE LE CONTRARREFORMA DEL DERECHO CUESTIONES ACTUALES DE POLÍTICA CRIMINAL Y REFORMAS DEL DERECHO PENAL. CAMBIO DE ORIENTACIÓN EN LA...

Cuando en 2000 el pleno del Consejo general del Poder judicial decidió sacar a convocatoria pública la realización de un estudio empírico de alcance nacional sobre la relación entre drogas y delincuencia a partir de los datos suministrados por la jurisdicción penal, la Sección de Málaga del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología se sintió directamente concernida. Un significativo grupo de investigadores en ella integrados llevaban ya un buen número de años prestando especial atención a la política criminal sobre drogas que se había ido configurando desde los años 80 en nuestro país y en todo el planeta, y a las consecuencias que había producido. En los últimos tiempos el objeto de estudio se había ampliado al encaje jurídico que podía darse a políticas innovadoras de reducción de daños en drogas. La oferta del Consejo general del Poder Judicial constituía, dadas las facilidades de acceso prometidas y la financiación propuesta, una magnífica oportunidad para llevar a cabo una mmasiva aproximación empírica a la realidad judicial sobre el papel de las drogas en la criminalidad.

Este segundo volumen comenta seis nuevos Títulos del Libro II, junto a las faltas correspondientes del Libro III. De este modo logramos un avanceen nuestro propósito de realizar el comentario completo de la Parte Especial del Código penal español, pues alcanzamos ya la mitad de los Títulos de que se compone el Libro II. De todas maneras, somos bien conscientes de la amplia tarea que aún nos resta.

Tras más de un siglo de intensa dedicación al perfeccionamiento de instrumentos conceptuales que permitieran una aplicación racional del derecho penal, se han logrado frutos sobresalientes, plasmados singularmente en la refinada dogmática jurídicopenal. La contrapartida a todo ello ha sido la renuncia de los juristas a intentar consolidar una teoría y una práctica racionales de elaboración de las leyes. La tarea se ha dejado en manos de un legislador al que, con el argumento de ser el directo representante de la soberanía popular, se le han tolerado todo tipo de decisiones legislativas arbitrarias, trufadas de oportunismo y populismo. Esta obra pretende recuperar las tradiciones ilustrada y codificadora, que consideraban que la principal misión de los juristas era asegurar la racionalidad de las leyes. Con ese propósito el autor atiende en primer lugar a la actual práctica legislativa penal, describiendo bajo un modelo secuencial sus características y las carencias de racionalidad que presenta. A continuación hace una detenida propuesta sobre los contenidos de racionalidad, estructurados en cinco niveles, que debería satisfacer toda decisión legislativa penal. Prosigue el estudio con el desenvolvimiento del primero de los niveles, el de la racionalidad ética, donde encuentran acogida los valores determinantes de toda política criminal. El trabajo concluye con la identificación del criterio que habrá de marcar la pauta en el desarrollo de los subsiguientes niveles de racionalidad.