Juan José Montero Pascual

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La actividad administrativa de regulación de los mercados tiene un protagonismo creciente. La experiencia en la regulación de los mercados de telecomunicaciones, energía, transporte y audiovisual, permite ya identificar los rasgos propios de la regulacion, el regimen juridico que le es propio y tambien las derivas patologicas que deben ser atajadas. La regulacion economica puede definirse, desde una perspectiva tecnico-juridica, como la actividad de la Administracion consistente en el control continuo de un mercado mediante la imposicion a sus operadores de obligaciones juridicas proporcionales a misiones de interes general objetivamente determinadas, segon la valoracion que en un ambito de extraordinaria discrecionalidad realiza la Administracion. La extraordinaria discrecionalidad que caracteriza la actividad administrativa de regulacion recomienda extremar los tradicionales controles y garantias. Destaca en primer lugar la relevancia de la garantia institucional, en forma de regulador independiente, con la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia a la cabeza. Igualmente relevante es el reforzamiento del control jurisdiccional mediante un control mas riguroso de la proporcionalidad de la actividad de la Administracion. Finalmente, parece razonable incrementar las garantias procedimental es, a partir de la experiencia norteamericana.

La liberolización de las telecomunicaciones en diciembre de 1998 dio pie a la publicación de numerosos análisis sobre la apertura a la competencia del sector. Más escasos, sin embargo, resultan los análisis de la intervención pública en el mercado de las telecomunicaciones completado ya el periodo inicial de apertura a la competencia. Este libro parte del estudio de la legislación que rige la prestación de servicios de telecomunicaciones. Así, se estudia el marco normativo e institucional y el régimen de entrada al mercado, incluyendo el acceso a los recursos escasos (espectro radioeléctrico y numeración). Igualmente, se estudian las diferentes obligaciones que la normativa impone a la generalidad de operadores (servicio universal, defensa de los usuarios, etc.) Más allá, el objetivo principal del presente libro es el estudio de la regulación del sector de las telecomunicaciones. El foco se centra en los principios y procedimientos de regulación y, sobre todo, en la práctica de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Este libro es el resultado de varios años de seguimiento cercano de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Especial atención es dedicada a las resoluciones que han establecido las denominadas "obligaciones ex ante", que definen el concreto régimen jurídico de los operadores con poder de mercado.

La liberalización de sectores como las telecomunicaciones, los transportes, la televisión o los servicios postales está poniendo fin a los derechos exclusivos y a la gestión directa de estos servicios por la Administración. Las autoridades comunitarias están configurando un nuevo régimen jurídico de intervención en la actividad económica, construido sobre la imposición a los operadores activos en el mercado de las denominadas obligaciones de servicio público.

Los servicios postales están sufriendo una profunda transformación. La evolución tecnológica y la globalización constituyen amenazas a la vez que oportunidades para los operadores postales tradicionales. Además se ha iniciado el proceso de liberalización del sector. De forma progresiva, están siendo eliminados los derechos exclusivos de los que han venido gozando durante siglos los monopolios públicos nacionales. La introducción de la competencia en los mercados postales está exigiendo la redefinición del marco jurídico que rige el sector. Se plantea así la necesidad de ordenar el acceso al mercado de los nuevos operadores mediante las oportunas autorizaciones, la conveniencia de constituir un regulador independiente, o la posibilidad de regular las condiciones de acceso a la red postal pública por parte de los competidores. Adquiere una especial relevancia en este contexto la necesidad de intervención pública para garantizar la universalidad del servicio y en general, el interés general. Surge así el debate sobre la convivencia de la competencia y del interés general, y el papel que corresponde ocupar a las autoridades públicas en el nuevo entorno abierto a la competencia. Todas estas cuestiones son tratadas en detalle en la presente monografía a cargo de Juan José Montero Pascual, Profesor Ramón y Cajal en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED y Abogado especialista en Regulación y Competencia.

Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas electrónicas están transformando no sólo los mercados de alojamiento y transporte, sino más allá, la forma en la que consumimos y trabajamos. Está naciendo una nueva forma de organización industrial en la que nuevos prestadores, a menudo no profesionales, pueden comercializar sus servicios de forma sencilla y segura gracias al servicio de mediación de las plataformas electrónicas. Las implicaciones jurídicas de este nuevo fenómeno son el objeto de este, el primer libro que se publica sobre la regulación de la economía colaborativa. Se identifican los diferentes negocios jurídicos en el triángulo formado por plataformas, prestadores de servicios y consumidores. Se aclara la naturaleza jurídica de los servicios de las plataformas electrónicas. Se excluye la posible laboralidad de las relaciones entre las plataformas y los prestadores de servicios. Se estudia la aplicación del Derecho del consumo a la prestación de servicios por personas físicas no profesionales. Finalmente, se describe el impacto de la economía colaborativa en los regímenes jurídicos de los servicios de alojamiento, trasportes interurbanos y transportes urbanos y los conflictos que se han producido hasta la fecha.