JULEN CARREÑO AGUADO

La sociedad sobremoderna de la globalización, en la que en gran medida las corporaciones han reemplazado funcionalmente a los Estados en la configuración del orden normativo, ha entrado en el S. XXI sumida en una crisis de proporciones mundiales que excede lo meramente económico, pues trae causa de un origen bien distinto. Las debacles financieras sufridas por grandes compañías norteamericanas como Enron, WorldCom, Tyco o Adelphia revelan no sólo un casuismo de ingeniería contable y prácticas fraudulentas aisladas en cuanto a mecanicismos propios de una técnica económica "de moda", sino la profunda afectación de la cultura misma de gobierno corporativo exportada ejemplarmente y durante décadas por la hasta ahora considerada primera potencia. Este trabajo analiza el origen, la naturaleza y las dimensiones del fenómeno en cuestión a partir del estudio de la "experiencia piloto" que implicó a la compañía petrolera estadounidense Enron Corporation y la consultora y auditora Arthur Andersen a finales de 2001, así como de la respuesta legal que articuló con urgencia el Gobierno de los EEUU a través de la promulgación de la Sarbanes-Oxley Act en 2002, y de la reacción extralegal que impulsaron los propios agentes del mercado mediante el reforzamiento de los instrumentos de gobierno corporativo. Todo ello con el fin de poner de manifiesto la insolvencia que aqueja al Ordenamiento jurídico-penal español de cara a hacer frente a eventuales formas de ataque a la veracidad y seguridad en la información societaria similares a las acontecidas al otro lado del Atlántico y en el marco de una cultura corporativa que a priori se concebía comúnmente como "más saludable y segura" que la nuestra. En este sentido, se incorpora en esta obra una lectura de la teoría de los sistemas sociales y de las fórmulas de autorregulación a la interpretación del autor de los caracteres informadores del Derecho penal económico actual. Y, más concretamente, a la interpretación del delito de falsedad en la información societaria recogido en el art. 290 del Código Penal español, en cuanto principal instrumento con el que cuenta nuestro Derecho penal para combatir la inveracidad documentada sobre la documentación de las empresas.