JULIO GONZALEZ SORIA

Es un hecho incontestable que el arbitraje, a nivel mundial, se ha consolidado como el sistema idóneo para resolver las discrepancias que puedan surgir en el tráfico mercantil, tanto interno como internacional, de manera rápida, eficaz, y con las necesarias garantías de confidencialidad y especialización, facilitando así el desarrollo fluído de los intercambios comerciales y económicos al ajustarse a las nuevas y más complejas características que están presentes en las transacciones que se producen en el nuevo entorno configurado por la globalización de la economía y la nueva sociedad de la información que han llevado a la realidad de la aldea global. En España, la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 aportó un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la institución y posibilitó el amplio desarrollo de la institución arbitral en nuestro país, pudiéndose afirmar que el arbitraje ha tenido a lo largo de estos más de quince años de vigencia de la Ley, una amplia utilización como medio de resolver los litigios y discrepancias entre los agentes económicos.