M ANGELES ALCALA DIAZ

Se analiza en este libro la legislación española sobre protección del deudor en los créditos y préstamos hipotecarios, partiendo del cambio de perspectiva del legislador como consecuencia de la crisis economica. Las normas legales anteriores a 2011 al mismo tiempo que insistian en la informacion al cliente y la transparencia del mercado, suprimieron los controles publicos tanto en la contratacion de estos productos financieros como en su publicidad, con el objetivo de agilizar y dinamizar el mercado de hipotecas. Iniciada la crisis economica y con ella el incremento de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios a familias especialmente vulnerables, se intensifica la intervencion legislativa con reformas parciales. Estas reformas, sin embargo, resultaron ineficaces. Asi se evidencia con las normas de proteccion del deudor-consumidor al definir su ambito de aplicacion de forma tan restrictiva que han tenido que ser reformadas en pocos meses al comprobar su inaplicabilidad. Por otro lado, diversas sentencias judiciales españolas y comunitarias han puesto de manifiesto la inadecuacion de la normativa española para propiciar una proteccion suficiente de los consumidores en los creditos y prestamos hipotecarios. A fin de corregir algunas de estas deficiencias se promulgo la Ley de 2013, cuyo estudio se incluye en esta obra. Asi se analizan sus previsiones sobre reestructuracion de deuda, quita y dacion en pago, la modificacion de las normas procesales sobre ejecucion hipotecaria y subastas judiciales y extrajudiciales, el refuerzo de la independencia de las sociedades de tasacion o la suspension temporal de los desahucios cuando afecta a familias sin recursos y en riesgo de exclusion social. El libro concluye señalando las insuficiencias que todavia presenta la legislacion española sobre proteccion del consumidor en los prestamos y creditos hipotecarios y proponiendo diversas medidas de mejora. Se defiende la unificacion de la normativa sobre informacion precontractual y formalizacion de los contratos superando la descoordinacion actual de las distintas normas aplicables; el refuerzo de controles preventivos sobre el cumplimiento de la legislacion y sobre clausulas abusivas o la regulacion del sobreendeudamiento de los consumidores, entre otras.