María del Pilar Otero González

Para supuestos como el llamado segundo violador del ensanche de Barcelona se introdujo en el CP por la LO 5/2010 la medida de seguridad de libertad vigilada. La novedad fundamental de la misma es que se aplica a imputables peligrosos y que se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su cumplimiento posterior una vez extinguida la pena de prision, lo que la convierte en un tertium genus entre pena y medida rompiendo el rigido binomio establecido hasta ahora: medida de seguridad aplicable a los peligrosos inimputables frente a pena impuesta en funcion de la culpabilidad por el hecho, aplicable a los imputables. Se establecio la aplicacion de esta medida, de forma obligatoria, a los condenados a pena de prision por uno o mas delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (art. 192 CP) y a los condenados a pena grave privativa de libertad por uno o mas delitos de terrorismo (art. 579 CP). El Proyecto de modificacion del Codigo Penal (2013) ha ampliado extraordinariamente su ambito de aplicacion a otros muchos delitos si bien su prevision ahora es de caracter facultativo. Se analizaran, por tanto, las ventajas e inconvenientes de esta medida, asi como el contenido de la misma en la regulacion vigente y en el Proyecto, aportandose algunas sugerencias tecnicas de mejora.Pilar Otero Gonzalez es profesora Titular de Derecho Penal Universidad Carlos III de Madrid. Acreditada como Catedratica por la ANECA. Autora de 6 monografias, y mas de 50 trabajos entre articulos y partes de obras colectivas. Vicedecana de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas de la Universidad Carlos III Madrid desde el año 2008 hasta la actualidad. Sus lineas de investigacion son las siguientes: delitos de corrupcion. Secreto y Derecho Penal. Delitos de funcionarios. Violencia de genero. Intimidad y delitos informaticos. Penas y medidas de seguridad. Proteccion penal bienes culturales.

Esta obra profundiza en las tensiones y difíciles equilibrios que provocan los deberes de secreto de los abogados, médicos y periodistas cuando son llamados a declarar como testigos o imputados en procesos penales.Pese a los problemas que presenta la le

La obra aborda la problemática desde la perspectiva del devastador efecto que el continuado, ilimitado y generalmente parcial e interesado quebrantamiento del secreto del sumario a través de los medios de comunicacion causa sobre el derecho fundamental a

La obra analiza la incidencia que tiene la exención del deber de declarar en un proceso penal que se concede a los funcionarios públicos cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuvieren obligados a guardar. En otros terminos, la colision de deberes existente entre el art. 417.1 del CP y el art. 417.2º de la LECr. Para solucionarlo, se estudian las tipicidades resultantes de la elusion de ambos deberes, a saber: la tipicidad de la conducta de revelacion del secreto de Estado y la tipicidad de la omision del deber de colaborar con la justicia, atendiendo, fundamental y criticamente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Conflictos jurisdiccionales, a proposito de la utilizacion de gastos reservados con ocasion de la actividad de los G.A.L. En esta una coleccion viva sobre LOS DELITOS, aportacion conjunta de la Editorial Tirant lo Blanch y un equipo de expertos en Derecho Penal, que pretende prestar atencion a los problemas del mayor interes suscitados por el llamado "Codigo Penal de la democracia".

La obra analiza la función, naturaleza, fundamento, límites, requisitos y eficacia de la circunstancia atenuante analógica en el Código Penal de 1995. Y lo hace la autora desde el estudio de la analogia en Derecho penal, las eximentes, en general, y las causas de justificación en particular, completas e incompletas. Se defiende la restricción máxima posible de su ámbito de aplicación, lo que contrasta con la tendencia jurisprudencial ampliatoria de la circunstancia, pues se demuestra, a traves de la valoración crítica de los supuestos de aplicación de la citada atenuante por el TS, que su estimación es incorrecta en muchos casos, al utilizarse para corregir, sin una base que lo fundamente, teorías coherentes desde el punto de vista dogmático, que llevan a resultados insatisfactorios desde la perspectiva político criminal.