MARIA ISABEL GONZALEZ CANO

La Directiva 2014/42/UE, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, es una de las más recientes iniciativas en orden a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, que centra sus esfuerzos en la neutralización de las ganancias derivadas del delito. Para ello, se incide especialmente en el desarrollo de modalidades de decomiso, ya previstas con anterioridad en los instrumentos normativos europeos incorporados al Derecho español, como el decomiso sin condena o decomiso autónomo, el decomiso ampliado a bienes o ganancias de procedencia ilícita que no derivan directamente del delito enjuiciado, y el decomiso de bienes o efectos en poder de terceros. La LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, así como la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suponen la transposición al ordenamiento español de estas últimas estrategias ideadas en materia de decomiso autónomo, ampliado y de bienes de terceros. La presente obra trata de analizar la evolución del decomiso como línea de política criminal en la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza en la Unión Europea, así como la transposición al Derecho procesal penal español de los principales instrumentos de la cooperación judicial en la materia, y los problemas que estas modalidades decomisatorias pueden plantear, básicamente desde el punto de vista de la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Igualmente, intentamos profundizar en el sistema de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en lo referente a la emisión o, en su caso, el reconocimiento y ejecución por las autoridades judiciales españolas, de resoluciones de decomiso.

La Unión Europea se ha fijado como objetivo prioritario mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, para lo cual es necesario sin lugar a dudas mejorar, simplificar y acelerar la cooperación judicial civil entre los Estados miembros, en un ámbito económico y social en el que cada vez es más perceptible y trascendente la pendencia de procesos que escapan de las fronteras de un Estado para adquirir importancia y repercusión en el ámbito geográfico de varios Estados miembros. EL Reglamento (CE) 1896/2006, tiene por objetivo simplificar, acelerar y reducir los costes de la litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos no impugnados, mediante el establecimiento de un * proceso monitorio europeo que * dará lugar al requerimiento europeo de pago, que podrá circu- * lar libremente a través de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de unas normas mínimas cuya observancia *-haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución antes del reconocimiento y la ejecución material.

El estudio y análisis de un instrumento tan trascendente como la Orden Europea de Investigación en materia penal, regulada en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, es necesario y oportuno una vez que, ademas, ha comenzado la andadura en la aplicacion de la Ley española para su transposicion, la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Union Europea, para regular la orden europea de Investigacion. La presente obra aborda el estudio de este instrumento de cooperacion judicial penal en la Union Europea, esencialmente en lo que hace a los aspectos mas importantes sobre la obtencion y utilizacion de la prueba penal transfronteriza en el espacio judicial europeo. Ciertamente, la Directiva de 2014 implico un significativo avance respecto al escenario de la asistencia mutua en materia probatoria. La necesidad de profundizar en el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, en materia de obtencion y transmision de prueba penal, ha dado lugar a un verdadero cambio de paradigma, evolucionandose desde el sistema del exhorto europeo de obtencion de prueba, basado en la transmision de la prueba ya existente en el Estado requerido, a un sistema que permite que las autoridades de un Estado puedan pedir medidas de investigacion a la autoridad competente de otro Estado, de tal manera y con las garantias que permitan que surtan efectos probatorios en el Estado de emision. El cambio cualitativo es fundamental, ya que la orden europea de investigacion pretende protagonizar el paso de la asistencia judicial, de los clasicos instrumentos convencionales y de la practica de las tradicionales comisiones rogatorias, a un sistema basado en el principio de reconocimiento mutuo, aplicado a la practica de la investigacion y a la obtencion licita y eficaz de fuentes de prueba en otro Estado. Esta publicacion estudia asi el ambito y contenido de la orden europea de investigacion, las autoridades competentes, con especial atencion al destacado papel que asume el Ministerio Fiscal, la emision y transmision de la orden de investigacion, su reconocimiento y ejecucion, con particular consideracion de las causas de denegacion, asi como los problemas que plantea la incorporacion de la prueba obtenida en otro Estado al proceso penal español. Todo ello teniendo presente que este transito hacia el nuevo paradigma en materia de prueba transfronteriza no esta exento de dificultades, ya que la vigencia de diferentes sistemas penales, y de diferentes modelos de investigacion en los Estados miembros, la falta de coordinacion con los distintos instrumentos sobre homogeneizacion de garantias procesales, asi como los diferentes sistemas de exclusion probatoria y control de admisibilidad, no permiten hablar plenamente de reconocimiento mutuo.

La Ley Concursal viene a satisfacer una profunda aspiración del ordenamiento patrimonial español, como es la decisiva reforma de la legislación concur-sal, ante un sistema arcaico, inadecuado a la realidad social y economica actual, con normas dispersas, y con carencia de una sistematica armonica. Asi, se opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, asi como por los principios de flexibilidad y economia, superando la actual dispersion normativa, simplificando tramites, reconduciendo las diversas situaciones de insolvencia a un unico procedimiento encomendado a un Juez unico y especializado, e intentando adecuar la nueva normativa a la realidad de las relaciones entre deudores y acreedores que genera la actividad economica. El principio de unidad legal tiende a unificar, por vez primera y en un solo texto, la dispersa normativa actual, tratando en una unica Ley las cuestiones sustantivas y procesales, poniendo fin al tan citado "labyrinthus creditorum".