MARIA LUISA TRINIDAD GARCIA

Cuando se va a cumplir el segundo año desde que entró en vigor la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, (en adelante LOEXIS), y se cuenta desde el verano de 2001 con el instrumento clave que es su Reglamento de desarrollo (en adelante REXIS), las valoraciones sobre la contribución que la norma y las políticas de acompañamiento han producido sobre el conjunto de situaciones a las que deben responder son de distinto tono. El emitido, por ejemplo, por la Responsable Federal de Migraciones de IU, Susana López, es demoledor e irrebatible en la descripción de algunos hechos. Por su parte, en el documento denominado Balance 2001, elaborado en la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, se eluden las valoraciones y se ofrecen datos estadísticos sobre diferentes aspectos: los procesos de regularización y sus resultados, la distribución geográfica de la población extranjera, su procedencia de origen, etc. Se entiende concluida la fase transitoria derivada de las sucesivas reformas, al hilo de las cuales se ha resuelto un significativo número de solicitudes de regularización, y comienza el tiempo para una estricta aplicación de la Ley (declaraciones del entonces Ministro del Interior, Mariano Rajoy).