María Luisa Villamarín López

Entre los instrumentos previstos en el orden civil para la protección de las víctimas de los accidentes de circulación destaca muy especialmente el denominado "auto de cuantía máxima". Se trata de una resolución que dicta el juez penal cuando se pone fin al proceso penal sin declaración de responsabilidad criminal, que permite a las víctimas que consten como acreedoras en dicho documento acudir directamente al proceso civil de ejecución para exigir las cantidades correspondientes a la cobertura del seguro obligatorio del automóvil. Pese a las reticencias de algunos, recientemente nuestro legislador ha apostado de nuevo por la subsistencia de este título ejecutivo en la reforma de la Ley de responsabilidad civil y seguro de vehículos de motor, operada por la Ley 21/2007, de 11 de julio. Sin embargo, el nuevo texto legal no ha despejado las numerosas dudas y problemas prácticos a que ha dado lugar esta resolución desde su creación en 1967. Con la confianza de que pueda ser de ayuda a los profesionales del Derecho que trabajan en el ámbito de los accidentes de circulación, el presente trabajo ofrece respuesta desde una óptica procesal a las principales cuestiones relativas al "auto de cuantía máxima". Partiendo del estudio de su regulación legal y de la abundante jurisprudencia existente sobre esta materia, en estas páginas se examina de forma sistemática el proceso de creación de esta resolución y las peculiaridades que reviste el proceso de ejecución que en ella se funda, con especial atención a la fase de oposición por motivos de fondo y al alcance que podría tener un eventual proceso de declaración posterior.

Se aborda en esta Obra el estudio de los autos de sobreseimiento provisional, con el fin de investigar si estas resoluciones representan verdaderamente una garantía para la eficacia del Derecho Penal, o por el contrario, constituyen un obstáculo que debiera ser eliminado de nuestro proceso penal.El examen de esta institución comienza con el análisis de las respuestas históricas ofrecidas frente a los supuestos de insuficiencia probatoria, que hoy día motivan el sobreseimiento provisional, y su tratamiento en los ordenamientos procesales de los países de nuestro entorno cultural. En la Obra se determina qué debe entenderse por sobreseimiento provisional, distinguiéndolo de otras figuras que se le asemejan, examinando con detalle las notas que configuran su esencia, y reflexionando sobre su justificación en nuestro ordenamiento. Con carácter más descriptivo, se emprende en élla el estudio de los motivos que dan lugar a estos autos, sujetos que los dictan y quienes se ven afectados por éllos, así como también del procedimiento para acordarlos, y de los recursos que contra ellos cabe interponer. Por otra parte, acomete la autora un detenido análisis de los efectos derivados de este instituto, al que dedica el último Capítulo, en el que se abordan cuestiones de indudable interés, entre las que cabe destacar el estudio de los límites a la situación de interinidad derivada de estos autos, y las repercusiones de estas resoluciones en la persona y bienes del imputado. El sobreseimiento provisional es la respuesta a una encrucijada frecuente de la justicia penal, y no resulta fácil una investigación que, como ésta, pretende examinar concienzudamente todos los problemas reales que se suscitan, hacer una valoración de las resoluciones judiciales que se dictan para resolver dichos problemas, y prestar a la vez una constante atención a los conflictos y tensiones entre bienes jurídicos y finalidades igualmente legítimas, no fácilmente armonizables, que surgen en torno a él.

La detección del engaño con cierta fiabilidad es históricamente uno de los retos más importantes del proceso penal en su tarea de búsqueda de la verdad. Desde antiguo se han empleado métodos pseudocientificos o cientificos, generalmente con poco exito y con escasisima fiabilidad. En los ultimos años los avances realizados en los estudios sobre el funcionamiento del cerebro, sobre todo gracias al empleo del electroencefalograma y del escaner cerebral, se intentan aplicar a la tarea de detectar la mentira (fMRI) o de buscar en el cerebro la presencia de informaciones relevantes para la causa criminal (P300). Y, de hecho, pese a que en España no han sido hasta ahora objeto de estudio aunque si se han autorizado en el ultimo año de forma aislada en dos causas judiciales, en muchos paises existe un serio debate abierto, tanto en el campo academico como forense, sobre la oportunidad de emplear estas herramientas en el proceso penal y, de hecho, ya se han usado en ocasiones en la practica judicial. Esta obra pretende ilustrar sobre el funcionamiento y el estado de desarrollo cientifico de estas tecnicas, para poder evaluar si cumplen las exigencias necesarias, desde el punto de vista cientifico y juridico, como para poder incorporarlas al proceso penal y, en particular, al ordenamiento juridico español.