Pablo Salvador Coderch

El Proyecto de Código Civil de 1851 y el Derecho civil catalán; La Compilación y su historia. Los presupuestos políticos y culturales de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña; Interpretatio necesaria. Materiales para la reconstruccion del Titulo Pr

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Encuadernado en rústica semirrígida y con cubierta gris. Edición de 1987.

La interpretación que de la Constitución o de una ley realiza un órgano o un poder del Estado no depende tanto de los significados posibles de los enunciados que se interpretan, como de la capacidad de reacción de otros órganos o poderes que compiten con el primero. En este libro, la teoría política positiva y la teoría de juegos se suman polémicamente al arsenal de la dogmática jurídica en un intento de arrojar nueva luz sobre algunos de los casos más relevantes sobre las libertades de información y expresión resueltos por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional durante el cuatrienio 1998-2001. Las diferencias de opinión entre ambos tribunales trazan las fronteras de sus respectivos ámbitos de poder y no sólo —como a veces ingenuamente se pretende— los perfiles de una discusión científico-jurídica sobre la corrección de tal o cual interpretación de un texto constitucional o legal. El conflicto no tiene naturaleza semántica sino que consiste básicamente en la pugna por el monopolio sobre la potestad de decir los casos susceptibles de amparo constitucional.Además, el libro pone a disposición de sus lectores una guía jurisprudencial del derecho español de las libertades de información y expresión en su relación con los derechos al honor, intimidad y propia imagen (arts.18.1 y 20CE). Ulteriormente, se analizan y comparan los distintos remedios a los que cabe acudir para la mayor protección de los derechos fundamentales de que se trata.El libro finaliza con una reflexión sobre los límites del derecho —concebido como instrumento de regulación de las relaciones sociales— cuando se intenta aplicar a hecho o sucesos que tuvieron lugar en el marco de auténticos e intratables conflictos civiles.

Deben los innovadores responder por las consecuencias negativas de sus descubrimientos? ¿Deben hacerlo así incluso por aquellas que nadie -ni siquiera los mejores científicos- pudo razonablemente prever que llegarían a producirse algún día? ¿Es aceptable limitar de alguna forma esta responsabilidad? ¿ Es, por ejemplo, razonable el criterio establecido por el derecho comunitario europeo, que limita cuantitativamente la responsabilidad de los agentes privados? ¿Lo es el del derecho español más reciente, que excluye toda responsabilidad si el agente de los daños es una administración pública? Este libro expone de manera sistemática la doctrina de la excepción de riesgos de desarrollo (Entwicklungsrisiken, State of the Art) en el ámbito de la responsabilidad civil del fabricante en el derecho español y a la luz o a la sombra de los ordenamientos de la República Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América, países altamente industrializados y en los cuales la doctrina en cuestión ha sido objeto de un largo debate político, judicial y doctrinal. El libro muestra cómo las soluciones posibles pueden dejar de lado la discusión polar sobre la aceptabilidad o rechazabilidad en bloque de la excepción: los casos y los sectores afectados permiten proponer resultados distintos, como muestra la experiencia comparada más reciente.

Derecho civil y derecho penal: dos estudios de dogmática jurídica. Encuadernación: Rústica semirrígida y con cubierta gris. Edición de 1999. ¿Existe un deber general e ilimitado de veracidad?, ¿estan obligados los particulares a declarar sobre los actos de autonomia privada que realizan, sobre las razones que les impulsan a hacerlo asi o, incluso, sobre su decision de no celebrar contrato o negocio alguno? La respuesta que el derecho privado ofrece a ambos interrogantes no es sencilla, pero tampoco resulta genericamente afirmativa: hay muchos deberes especiales de veracidad, pero no un deber general e indiscriminado de satisfacer la curiosidad de cualquier tercero. Parecidamente, en derecho penal rige el principio de la impunidad de la mentira; tambien de la mentira plasmada en un documento. Dicho principio no conoce mas que dos excepciones generales: la punicion de las mentiras que causan perjuicio a terceros por la via de los comportamientos instrumentalizadores tipicos de la estafa y la sancion penal de los casos en que quien miente es un sujeto sobre quien pesa un deber institucional de veracidad (funcionarios, testigos, etc.). En los ultimos tiempos, se asiste a un incremento de los deberes de veracidad en relacion con las manifestaciones escritas de los particulares; muy concretamente, en el ambito de las actividades economicas. Mas la base institucional del referido incremento resulta discutible. Por ello, se propone una interpretacion restrictiva, que reduzca la operatividad de tales deberes a los casos en que tienen un autentico fundamento material.

El Premi Puig Salellas fou instituït per l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, l'octubre de 2009, en record i homenatge de qui fou el seu Dega president, brillant i reconegut notari i jurista, exemple de saviesa, prudència i arrelament a la cultura, a la vida jurídica i a la societat catalana. I es concedeix anualment a la persona física o jurídica que, en l'ambit de Catalunya, acrediti una destacada trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o aplicació del dret, com a valuosíssima manifestació de la cultura dels pobles i com a instrument imprescindible de pau social i de justícia.