Paloma Llaneza González

La contratación sobre bienes o servicios electrónicos o a través de las modernas redes de datos, han revolucionado no sólo la producción normativa sino la manera de redactar los contratos que documentan las relaciones entre desarrolladores de software, prestadores de servicios de "hosting" o fabricantes de equipos con sus clientes, consumidores o empresas. Aquellos elementos a tener en cuenta en la contratación con consumidores mediante el uso de Condiciones Generales de Contratación y en la contratación a distancia por medios electrónicos son objeto de comentario independiente. Concebida de manera novedosa, la obra e-contratos permite "construir" cualquier contrato a partir de las cláusulas que más habitualmente se utilizan en este tipo de contratos, sin olvidar los principios de la contratación clásicos y los específicamente referidos a los problemas propios de este entorno. Esta estructura permite a la obra no reiterar el comentario de determinadas cláusulas con ocasión del estudio de cada contrato en concreto. El uso de las cláusulas a la carta viene acompañado de modelos de contratos ya clásicos en el Derecho de las nuevas tecnologías que, por sus peculiaridades, necesitan de un formulario que recoja todos aquellos aspectos específicos que no aparecen recogidos en las cláusulas "sueltas".

LO IMPRESCINDIBLE: La doble faz de la LSSI-CE; Conceptos: el anexo de definiciones; Ámbito de aplicación; Obligaciones comunes a todos los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información; Cuestiones relativas a la proteccion de la propiedad i

Estructurada la obra en cinco capítulos, se dedica el primero de ellos a ubicar al lector en el pasado aún reciente de la evolución regulatoria, nacional y comunitaria, rematando con una extensa referencia a la convergencia digital y el futuro marco normativo comunitario de las comunicaciones electrónicas. El Capítulo segundo se encarga de fijar las instituciones y derechos que configuran el régimen legal de las telecomunicaciones. El siguiente capítulo se refiere a la administración de las telecomunicaciones, con una especialísima referencia a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a sus procedimientos, a los de otorgamiento de títulos habilitantes, pero también a otros no menos importantes como el de arbitraje o de emisión de informes. Los mercados de infraestructuras y servicios, siguiendo la clasificación empleada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tienen su propio capítulo: aquí se encontrará una profusa referencia a los servicios fijos y móviles, a las infraestructuras de cable, a los derechos de paso y compartición de infraestructuras. Ubicado el sector y su marco legal, el capítulo quinto viene a estudiar los problemas regulatorios que constituyen el núcleo duro del proceso liberalizador desde la perspectiva del Derecho. La regulación asimétrica entre el operador establecido y los entrantes tiene su traslado en la figura del operador dominante y en la prestación del servicio universal, que son estudiados en profundidad. Como también lo son los demás elemento de competencia: la interconexión, la numeración como recurso público y la portabilidad numérica, la apertura del bucle de abonado y los regímenes tarifarios.

1ª PARTE - La Convergencia: el nuevo paradigma; 2ª PARTE - Internet y su regulación; Definición y acceso; El ejercicio del poder en internet; Los contenidos y su protección; El uso de las TIC para la comision de delitos y los delitos en Internet; Intimida

A finales de marzo de 2018, una mujer que cruzaba empujando su bicicleta a oscuras una calle de Tempe, Arizona (EEUU), fue arrollada por un coche autónomo de Uber en pruebas. Tras el volante, tal como se aprecia en el vídeo publicado por la policía local, se observa que el conductor-controlador de seguridad no prestaba atención. Aunque era de noche, los sensores Lidar del vehículo deberían haber detectado a la ciclista, pero tampoco lo hicieron. Si hubiera sido un coche no autónomo y no conectado habríamos entendido que la responsabilidad recaía en mayor o menor medida en el conductor. Sin embargo, en el caso de Tempe, la cuestión de la atribución no es tan sencilla como no lo es, en general, en cualquier daño que las cosas conectadas o (o Internet of Things -IoT-) puedan ocasionar.La alta complejidad del ecosistema IoT (objetos físicos, software, infraestructura de Internet, datos personales y no personales, comportamiento del usuario final, analítica de datos, etc.), y la variedad de actores implicados (fabricantes de productos, fabricantes de sensores, productores de software, proveedores de infraestructura, otros actores involucrados en el suministro de diferentes servicios, usuarios finales, etc.), hace que la labor de atribuir responsabilidades en caso de daño sea una tarea de enorme complejidad.El lector encontrará en esta obra una guía para entender la tecnología, su complejidad e interacciones, el estado del arte de la legislación y de la ciberseguridad de la IoT, y las propuestas legislativas que están encima de la mesa sobre la seguridad de las cosas conectadas y la responsabilidad por los daños que causen.

Paloma Llaneza (encargada de redactar el derecho a la identidad digital como miembro del Grupo de trabajo para la redacción de una carta de derechos digitales), examina los procesos de identificación on-line frente a la identificacion presencial.

Todo el sistema de firma electrónica y sus prestadores ha cambiado drásticamente con la publicación y entrada en vigor del Reglamento de la UE (generalmente conocido como eIDAS), que modifica de modo radical el paradigma de la Directiva y la Ley de Firma Electrónica Española: establece la figura de los Prestadores de Servicios de Confianza (PSC) sujetos a nuevos requisitos legales, normativos y de seguridad que se asocian directamente con la confiabilidad de los servicios que prestan, lo que lleva al Reglamento a establecer presunciones legales sobre la validez de la firma electrónica, el sello electrónico, el sellado de tiempos o la entrega electrónica de documentos y contenidos basados en estos complejos requisitos. El Reglamento hace desaparecer la firma de persona jurídica y el documento electrónico, estableciendo, como hemos indicado, una serie de obligaciones a los prestadores que tienen relación con el valor legal que les daremos a partir de ahora a los documentos y operaciones firmadas.Nos referiremos también a los requisitos legales de la identificación (que no identidad) electrónica de naturaleza pública a la que se refiere la primera parte del Reglamento eIDAS pero, también, a los problemas evidenciales a la hora de conectar una identidad digital con una persona física o jurídica.Las normas legales se ven completadas con varios actos de implantación UE así como una panoplia de normas técnicas que se incorporan al acervo como soft law