Pedro Rodríguez López

Si la Administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que éstos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente; cuando hablamos de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, entramos en la necesidad de financiación de todas las actuaciones que exige el Estado a la Administración como garante del interés general. En este ámbito, estos delitos son, también, verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de financiar las actuaciones asistenciales del Estado. En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza, por las actuaciones de ciertas personas, que olvidan los fines del sistema para enriquecerse a costa de la economía de todos, por eso este tipo de delitos destruyen la confianza de los ciudadanos.

El tema tratado en esta monografía es de interés en la sociedad actual, pero es totalmente desconocido por la gran mayoría de los profesionales del Derecho. Deben tenerse en cuenta muchos datos diferentes: económicos, sanitarios, tributarios, administrativos o penales, para poder comprender el sistema existente en España. Después de tres años trabajando en dicho mercado, creo que la aprobación del Real Decreto 1/2007 es un buen momento para refrescar a todos los interesados en la comercialización del tabaco el sistema básico de explotación que existe respecto al mismo, con una liberalización del comercio al por mayor, que sólo exige licencia, y un monopolio del comercio al por menor. Por todo ello, contemplando el cambio que ha supuesto la aprobación de las leyes 24/2005 y 28/2005, desarrolladas dentro del Real Decreto 1199/1999 por el Real Decreto 1/2007 es, pues, esta obra un instrumento totalmente esencial para todo aquel que pretenda actuar en un mundo tan cerrado, donde tantos se ven afectados por las decisiones tomadas.

La Administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que éstos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente. En este ámbito, los delitos contra la Administración, en su heterogeneidad, son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de uno de los miembros de la Administración, lo que afectaría a la propia imagen de la misma. En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza, por las actuaciones de ciertas autoridades y funcionarios, que olvidan sus cometidos y actúan a favor de persona o personas determinadas, utilizando su posición para cargar sobre la política o la economía.

El cierre de nuestro sistema de guía sobre contratación administrativa, como no podría ser de otro modo, es el libro más importante de las mismas, el libro general para conocer donde entramos cuando contratamos, el libro de procedimiento del procedimiento. Supone una determinacion absolutamente necesaria de los procedimientos de adjudicacion. Se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios necesarios para construir un procedimiento de adjudicacion desde los puntos de vista de la Administracion y de los licitadores. La LCSP supone una innovacion de gran calado en el sistema administrativo, y ello por varias razones, entre ellas por la ampliacion del concepto de sector publico, en consonancia con la LGP, y por la introduccion de nuevas formas de contratacion que suponen una perspectiva mas proxima a una contratacion privada. Con este libro se busca aclarar todo el sistema a traves de integrar soluciones dentro de un esquema de procedimiento sin entrar en cada contrato en particular.

El régimen de costas en España es uno de los mayores núcleo de conflicto de intereses entre particulares y Administración. La situación es mucho más grave en estos momentos de crisis, ya que los patrimonios de los particulares se han visto claramente afectados por los deslindes aprobados en los últimos tiempos; a todo ello hay que unir la problemática suscitada desde la Unión Europea, que ha informado al Estado español de la posible aplicación retroactiva de una norma que limita derechos. Por todo ello este es el momento oportuno para analizar la nueva situación del escenario costero, intentando abordar las definiciones e incidencias de un régimen que ya tiene más de 20 años y que, a menudo, ha sido interpretado sin tener en cuenta la evolución histórica del derecho costero. Resulta, pues, imprescindible, dada la controvertida situación legal existente, buscar una explicación a un problema que no parece tener solución desde posiciones prácticamente irreconciliables, tanto por parte de los afectados como de la Administración.

En una administración moderna, la externalización es una forma de afrontar las innovaciones de nuestra sociedad, y de eso trata la guia, de las formas de externalizar servicios

El presente título de la colección analiza la Ley de Contratos del Sector Público como instrumento que arbitra modelos de relación entre contratistas y contratantes. Se dedica una parte importante de la obra a conceptuar y delimitar quien puede ser contratista, como elemento indispensable en cualquier contrato administrativo y todo ello a la luz de la doctrina que emana de las Juntas Consultivas de Contratacion Administrativa y de la Jurisprudencia, en especial la comunitaria. Se analiza, en definitiva, el contrato de concesion de obra publica como instrumento esencial que da cobertura legal a las infraestructuras publicas en el siglo XXI.

La base de los contratos públicos, históricamente, se encuentra en el contrato de obra, la verdadera base del contrato administrativo. Es por ello que su estudio supone el fundamento de todo contrato. Además, es obvio que el movimiento económico y socio-laboral que genera dicho tipo de contratos es, al final, un instrumento de generación de riqueza. Además, el contrato de concesión de obra pública se construye como forma de financiación y endeudamiento específico de las citadas obras. En este ámbito se enmarca este libro, en el marco de dar una determinación seria y asequible del contrato. Se busca establecer un esquema adecuado y acompañar todos los formularios necesarios para construir un procedimiento de adjudicación de los citados contratos desde los puntos de vista de la Administración y de los licitadores. Características más importantes: A través de esquemas procedimentales, se introduce al lector en todo el procedimiento de adjudicación. En este sentido, se potencia el contenido práctico de la obra escapando de diagnósticos o polémicas jurídicas sin efecto práctico. Siguiendo el esquema, se explica cada procedimiento de adjudicación dentro de los contratos señalados, añadiendo todos los formularios necesarios para crear el procedimiento.

Tal es el propósito de la monografía de Pedro Rodríguez López, infatigable trabajador a quien sus obligaciones como Técnico de Administración de la Seguridad Social no le han impedido abordar un empeño tan singular para regalar a la comunidad científica una construcción como la que contiene la presente monografía, fruto de lo que en su día fue su Tesis Doctoral, brillantemente dirigida por el Profesor Cavanillas Múgica y brillantemente defendida en 2002 en la Universidad de Las Islas Baleares.

El tema de la responsabilidad civil del médico y del hospital, tanto público como privado, es un problema que, a estas alturas, debería estar completamente resuelto, pero no es así. Las reclamaciones y las negligencias médicas enfrentan cada año a pacientes y centros sanitarios ante los tribunales. De hecho, sólo durante el año 2003, en España se produjeron cerca de 70.000 reclamaciones sanitarias. Partimos de dos conceptos difícilmente diferenciables, lo que genera enormes problemas de integración y de aplicación del derecho, la existencia de una responsabilidad civil conviviendo con una responsabilidad, denominada por la norma, patrimonial, con un distinto tratamiento. En este sentido, se busca explicar la necesidad de conjugar la obligación del Estado de proteger la salud de los ciudadanos, que ha obligado a crear un Sistema Nacional de Salud, junto con la obligación del propio médico en el ejercicio de su profesión, y la construcción objetivista de nuestra responsabilidad patrimonial de la Administración. Para ello se ha analizado el problema desde dos perspectivas. Primero se ha tratado la responsabilidad meramente civil, tanto médica como hospitalaria, pues en ese estadio se determinará la responsabilidad de los médicos y de los centros fuera del Sistema, además de suponer una fuente de comprensión del segundo supuesto. Posteriormente se ha analizado la responsabilidad patrimonial de la Administración y su incidencia en la responsabilidad de los centros hospitalarios integrados en el Sistema Nacional de Salud, donde se busca establecer la base de la responsabilidad de la Administración cuando actúa como prestataria del servicio hospitalario público.

Casimiro, un escritor que intenta abrirse paso en el mundo de la literatura, arriesga su vida y su alma para escribir algo que merezca la pena. El mal, escondido dentro de cada uno de nosotros, surge y se apodera del escritor, le enseña todo lo que sabe, hasta convertir a Casimiro en un instrumento de su legión.

La Administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que éstos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente; cuando hablamos de la Administración de Justicia, como poder del Estado, estamos ante una situación mucho más importante. En este ámbito, los delitos contra la Administración de Justicia, en su heterogeneidad, son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de una persona que contaminaría el buen nombre de la Justicia. En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza, por las actuaciones de ciertas autoridades, funcionarios y terceras personas, que olvidan los fines de la Justicia y actúan a favor de otra u otras personas determinadas, utilizando su posición para cargar sobre la política o la economía.

La responsabilidad en el acoso moral en el trabajo. El acoso moral en el trabajo o mobbing es una situación concreta dentro de la relación laboral que, si bien se ha puesto de moda en la actualidad, siempre ha tenido su cabida en el marco de la relación de trabajo, y ello porque este ámbito concreto es uno de los que más se presta a este tipo de actuaciones, del todo punto perniciosas para la buena marcha de una empresa y para la propia salud del trabajador afectado. Este trabajo pretende analizar el concepto y las características del Acoso Moral en el Trabajo, determinando los comportamientos desencadenantes del mismo y las consecuencias que produce. Al mismo tiempo se pretende dar una perspectiva jurídica al problema, analizando las respuestas que nuestro ordenamiento proporciona a tales actuaciones. Finalmente, se incluyen algunas recomendaciones de buena gestión para eliminar el acoso moral dentro de la empresa

Especial análisis de la reparación del daño. La delincuencia juvenil es un problema de gran importancia en la actualidad, tanto por el numero de menores delincuentes como por la gravedad de algunos supuestos, afortunadamente aislados. En este ámbito se ha analizado detenidamente la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del menor intentando responder a todas las preguntas que de ella puedan surgir, para conseguir entender el sistema creado por el legislador. En este punto es importante tener en cuenta que ha sido aprobado el RD 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que entra en vigor el 1 de marzo de 2005, y que, por supuesto, cierra, al menos en parte, el problema del desarrollo reglamentario. Teniendo en cuenta la entidad de dicho reglamento, y la incidencia que tiene, el autor no ha podido dejar de lado un análisis del desarrollo de la medida de internamiento que hace el mismo, y, sobre todo, del régimen disciplinario en el establecido, algo esencial para comprender la doble naturaleza educativa y sancionadora de la Norma. Además, se ha buscado especialmente determinar de una forma sistemática las posibles salidas que tiene la victima para resarcirse de los daños ocasionados por una actuación tipificada en el Código Penal o en las Leyes Penales especiales que ha sido cometida por un menor en la definición de la norma, intentando ayudar realmente a los afectados por el acto generador de daño del menor.