RAFAEL CABALLERO SANCHEZ

Hace casi diez años que los profesores Juan de la Cruz Ferrer y Alberto Ruiz Ojeda pusieron en marcha un Grupo de Investigación sobre Sectores Económicos Regulados (GISER). La iniciativa cuajó como un grupo abierto de profesores de distintas universidades españolas y extranjeras interesados en la reflexión y debate sobre el fenómeno de la regulación, que ha marcado el Derecho administrativo económico de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Ese trabajo ha contado con el apoyo hasta ahora de dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2005-03219) y del Ministerio de Ciencia e Innovación (DER2009-11082), bajo la dirección del profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor. Aunque en rigor todos los sectores de actividad económica están sometidos en mayor o menor medida a regulación, algunos de ellos tienen un perfil especial porque se han desarrollado tradicionalmente en régimen de servicios públicos formales (abastecimiento de energía, transportes, comunicaciones y servicios postales, fundamentalmente) y hoy pasan a estar sujetos a un novedoso régimen de intervención que tiene como elemento finalista fundamental su prestación en régimen de competencia. El objetivo no es nada sencillo, como vienen demostrando los resultados cosechados hasta ahora, pues junto al arrastre tradicional de estos servicios a ser prestados en régimen de monopolio se une la resistencia estructural de los mismos a abrirse a la competencia...

España, con su original Estado autonómico, es uno de los países más descentralizados del mundo, y la educación es uno de los sectores donde con más intensidad se ha manifestado esa descentralización, al atribuirse poderes sustanciales a las Comunidades Autonomas para la ordenacion del sistema educativo en sus territorios. Completado el periodo inicial de asuncion de esas competencias y consumada la transferencia efectiva de las mismas, contamos hoy con perspectiva temporal suficiente para valorar los resultados que empieza a ofrecer ese reparto de responsabilidades entre multiples centros de decision.La descentralizacion es a la vez un principio juridico y una tecnica organizativa de los poderes publicos. Con ella se aspira a lograr una mayor participacion e implicacion de las distintas Administraciones publicas en la organizacion y gestion del sistema educativo, acercando el poder de decision a la realidad social (vertiente democratica), y tambien se pretende facilitar la adaptacion del modelo general a las peculiaridades y necesidades de cada entorno concreto, mejorando los resultados a obtener (vertiente de eficiencia). Desde luego, ambas consecuencias no vienen garantizadas de por si, sino que dependen del modo concreto en que se instrumente la descentralizacion y, sobre todo, de la voluntad colaborativa con la que operen los responsables de cada nivel de decision. En este terreno hay un gran trecho que recorrer y un amplio espacio para construir.Por otro lado, ni el contexto o punto de partida en cada territorio es el mismo, ni tampoco el ejercicio que se ha hecho de las competencias educativas y el esencial esfuerzo financiero lo son. Por eso es imprescindible combinar el analisis juridico del reparto competencial y de la normativa emanada en uso del mismo con otras perspectivas capitales, como son la economica, la sociologica e incluso la pedagogica, las cuales permiten valorar la evolucion del sistema educativo en terminos de calidad, equidad y eficiencia. Asi se ha intentado hacer en la presente obra colectiva, que recoge las aportaciones maduradas por un grupo multidisciplinar de academicos vinculados a un proyecto de investigacion financiado por el Ministerio de Economia y Competitividad.