Raúl C. Cancio Fernández

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquella se impone con especial rigor, no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y caracteristicas tecnicas, se emplea con profusion el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decision o juicio juridico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha informacion depende en gran medida de que estos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstaculo para la comprension del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citacion legal en nuestra literatura juridica asi como en las propias resoluciones dictadas por los organos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y mas concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento juridico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestion que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interes entre los diferentes agentes juridicos de nuestro pais.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofilactica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento valido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los articulos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribucion competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestion. El objeto de estas paginas es someter a reflexion si en nuestro ordenamiento juridico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para organos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese asi, que ventajas y que obstaculos removeria tal opcion legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalizacion material de los ordenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso mas y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema juridico que tenga por objeto la mejora, en su mas amplio sentido, de la mas alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplacion: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institucion que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la funcion esencial que el constituyente en el articulo 123 del Texto de 1978 previo para el, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretacion y aplicacion de la Leyes como interprete del ordenamiento juridico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansion incontrolada del mecanismo de la casacion.

A nadie se le oculta que las Cortes Supremas en general, y nuestro Tribunal Supremo en particular, soportan un volumen de litigiosidad a todas luces excesivo y, por ende, perjudicial para la verdadera labor depurativa que la Constitución le encomendó en su artículo 123. Habida cuenta del sistema casacional que rige en el entorno jurídico del y consecuentemente, también en nuestro ordenamiento jurídico, en esa labor nomofiláctica, depurando los recursos que pretenden acceder a la vía casacional y filtrando sólo aquellos que se ajustan a las previsiones rituales de cada uno de los órdenes jurisdiccionales y que se manifiestan revestidos de un auténtico interés casacional, el papel del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo adquiere una importancia nodal, elaborando desde su constitución en 1985 un auténtico edificio interpretativo, mediante el cual y a través de pautas, criterios y principios hermenéuticos, ha venido acrisolando la accesibilidad de los recursos planteados ante el Alto Tribunal, facilitando así de forma notable la labor de las Salas enjuiciadoras. El autor, Letrado del citado Gabinete Técnico y adscrito a la Sala de lo Contencioso- Administrativo, nos propone en su obra un acercamiento a esas pautas y criterios de admisibilidad en el marco de los recursos de casación de naturaleza económico-administrativa, de una manera eminentemente empírica y basada en el análisis de sentencias y resoluciones de la propia Sala Tercera.

La Administración pública y sus empleados no son ajenos a la aplicación plena de la normativa preventiva, salvo en aquellas excepciones que sean dignas de tal calificativo; por ejemplo: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la recepción plena de la normativa preventiva en el ámbito de la Administración pública, ha generado una verdadera desnaturalización, de la protección preventiva, convirtiendo este ámbito de aplicación en el perfecto antónimo de la enfática vocación universalizadora de la Ley. El análisis de los textos normativos, sus antecedentes, el marco constitucional en el que se ubican, así como los mecanismos de exigencia de responsabilidad cuando la Administración infringe disposiciones de naturaleza preventiva, son manifestaciones reveladoras de la atonía existente entre la protección y prevención de la salud y los empleados públicos como receptores de tal cobertura. Tales deficiencias no hacen más que confirmarse y aumentarse en el ámbito de la Administración de Justicia, en donde las dificultades de adaptabilidad propias de cualquier Administración, se ven superadas por la inaplicabilidad absoluta de sectores nodales del ordenamiento preventivo, con lo que ello supone de cercenamiento de derechos de los empleados públicos allí adscritos.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.

¿Que poderosas razones empujaron a cientos de miles de europeos y, entre ellos, a algunos centenares de ciudadanos españoles a unirse a las facciones beligerantes de la Guerra Civil Americana? La respuesta a esa cuestion, cuando ahora se cumplen 150 años de la capitulacion de Appomattox, no admite simplificaciones: la cuestion migratoria en la Europa del siglo XIX; la contextualizacion del inicio de la guerra americana en el marco sociopolitico de la España de 1861 o el pancontrarrevolucionismo imperante en dicha centuria, configuran el perimetro cognitivo que nos permitira tanto aproximarnos de manera sistematica al encuadramiento de los voluntarios españoles en las unidades militares enfrentadas, como al estudio de las mas importantes batallas en las que nuestros compatriotas intervinieron en un episodio mas de lo que fue la reaccion frente al liberalismo y la revolucion durante todo el siglo XIX.

En el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, la observancia de ciertas pautas de previsibilidad, de convenciones que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente aquélla se impone con especial rigor; no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y características técnicas, se emplea con profusión el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar determinada decisión o juicio jurídico y cuya eficacia en los destinatarios de dicha información depende en gran medida de que éstos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que se conviertan en un obstáculo para la comprensión del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citación legal en nuestra literatura jurídica así como en las propias resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y más concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Por ello, en esta obra se pretende verificar si esa imprescindible regla de homogeneidad a la hora de practicar la cita jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico se cumple, atendiendo para ello al panorama existente en el Derecho Comparado, su incidencia y las perspectivas de futuro acerca de una cuestión que, por su trascendencia, despierta cada vez un mayor interés entre los diferentes agentes jurídicos de nuestro país.

La presente obra analiza la incidencia que tuvo la guerra civil española en la forma de administrar justicia durante aquellos años y desde la perspectiva de cada una de las facciones enfrentadas, con una especial atencion a las vicisitudes del Tribunal Supremo durante el conflicto, organo que refleja una ambivalencia unica y singular en relacion con el resto de organos jurisdiccionales. La obra se completa con un extenso apendice biografico de politicos y juristas de ese periodo.

La evolución y el desarrollo del cine español desde los primeros años cuarenta hasta la mitad de la década de los setenta, a diferencia de los países de nuestro entorno, no atendió a pautas estéticas, culturales o puramente intelectivas, sino que cada uno de los hitos en los que dicha evolución puede estructurarse respondieron casi y exclusivamente a factores de naturaleza legislativa o gubernamental, como reflejo de la absorbente y elusiva influencia que la acción administrativa ejerció sobre el hecho cinematográfico español durante aquellos años. No resulta por tanto exagerado afirmar que durante el franquismo, la evolución de cine español fue la evolución de las sensibilidades políticas concurrentes en cada momento, incidiendo cada una de ellas de una u otra manera en la producción, los contenidos y el sesgo de las temáticas y los géneros cinematográficos existentes.