Ricardo Gómez Rivero

Este trabajo se enmarca en la segunda etapa liberal, esto es, el período que sigue al sexenio absolutista, que se conoce como Trienio Liberal o Constitucional, iniciado a comienzos del año 1820, momento en el que el militar Rafael del Riego se subleva en Cabezas de San Juan (Sevilla) con sus tropas -destinadas a América- y proclama la Constitución de 1812, y finalizando el 1 de octubre de 1823, cuando nuevamente se restaura el absolutismo. La Constitución gaditana reguló la existencia de un único Consejo, el de Estado, órgano político entre cuyas competencias, según aquélla, se encuentra la de proponer al rey letrados para empleos de magistratura. Este nuevo Consejo, que no tiene nada que ver con su homónimo del período absolutista, suple a los antiguos Consejos de la Cámara de Castilla y Cámara de Indias en la elaboración de las consultas o ternas para oficios de justicia. En el estudio se pone de manifiesto lo determinante que fue la opinión del Consejo de Estado gaditano para que continuaran o no en sus puestos los magistrados liberales -con la consiguiente separación de los magistrados absolutistas-, y en la selección de los nuevamente incorporados a las Audiencias. Se aborda el análisis de todos los ministros de las Audiencias de la península e islas adyacentes así como las de Ultramar -tanto los heredados del sexenio absolutista como los que siguen en sus puestos y los nuevamente nombrados-. En el trabajo se verá, como he señalado, la composición de las Audiencias de Ultramar y lo ocurrido con la Audiencia de Saltillo, creada por ley de 9 de octubre de 1812. Para que un magistrado continúe en puesto de trabajo se requiere el informe favorable del Tribunal Supremo y, en su caso, de la Diputación donde se ubica la Audiencia, en torno a aspectos tales como su adhesión a la Constitución política de la Monarquía española de 1812, conducta política, costumbres así como de su profesionalidad. Aquí se estudian los trámites de nombramiento de los ministros de las Audiencias, en los que se incluyen los informes referidos, las votaciones

Esta novela narra la vida de uno de los jueces más despiadados y sanguinarios que hubo en la España de los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX. El juez Calvo -Manescau en la novela- ejerció su jurisdicción en el recóndito señorío o marquesado de Moya (Cuenca), donde impartió justicia de forma implacable, acabando con el bandolerismo y persiguiendo a todo tipo de delincuentes. Escrito en un estilo directo que, conforme avanza la lectura, cobra verdadero ritmo e intriga, la historia nos lleva desde las cárceles de la Inquisición hasta la Guerra de la Independencia y de ahí al Cádiz de las Cortes, donde será diputado.