Ricardo Yáñez Velasco

Derecho procesal detrás de los bastidoresLa obra toma como eje de estudio la nulidad procesal enlazada con derechos y garantías del justiciable tan representativos como la prueba y la defensa, singularmente el peritaje en el proceso penal, el ofrecimiento de acciones penales y civiles a las presuntas victimas y ofendidos, el juicio en ausencia del acusado y la expulsion de personas de nacionalidad extranjera antes o durante su enjuiciamiento criminal.Las casos judiciales mediaticos son faciles de identificar con la Politica y la corrupcion del poder, lo que en buena medida radica en la perenne critica a la eleccion de los miembros de tribunales superiores, y tambien del Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayoria de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en organos judiciales ajenos a ese interes partidista tan publicitado, de mano de un personal jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representacion del colectivo judicial viene reiterandose en los ultimos años, es a no dudarlo el protagonista ultimo y principal del incumplimiento sistematico y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicacion de tan paradojica y vergonzante situacion se as...

Mediante un repaso minucioso de la normativa vigente, este trabajo afronta las implicaciones procesales más significativas de la expulsión del extranjero inculpado en el enjuiciamiento criminal, ya s

El arbitraje constituye una herramienta en manos de la autonomía del sujeto, cuyo reconocimiento frente a la intervención estatal favorece una implicación directa que facilita en muchas ocasiones la resolución de conflictos. Y junto con la mediación, conciliación y otros métodos, el arbitraje muestra una alternativa a la jurisdicción con innumerables ventajas, sin por supuesto negar sus siempre avisados inconvenientes. Pero la contraposición no debe servir para justificar la bondad de una vía de resolución con base en las deficiencias de cualquier otra. No se trata de reaccionar frente a la saturación de los tribunales jurisdiccionales, sino de aceptar sin tanta desconfianza una descongestión de la jurisdicción como efecto secundario de una institución heterocompositiva de solución de conflictos, alternativa a la judicialización acostumbrada de la controversia civil y mercantil. Deben asumirse valores intrínsecos por mucho que de un modo colateral se provoquen beneficios en otras sedes, como lo sería el desahogo de la Administración de justicia, que fomentaría la agilidad en la respuesta judicial al problema, rapidez por demás subrayada como virtud del arbitraje. En cualquier caso, es mejor desoír las críticas a veces planteadas contra el mismo, a modo de institución que ganaría justificaciones objetivas -y así adeptos- contra peor se hallase el estado de la jurisdicción civil.

El peritaje constituye pieza indispensable para el éxito de los intereses del justiciable en un alto porcentaje de litigios civiles. Sin embargo, ante la tutela judicial pretendida por el demandante o por el demandado, se presenta un destacable obstáculo de signo económico. Quienes no pueden beneficiarse de la justicia gratuita afrontan un destacable coste pericial, en algunas ocasiones insalvable, en otras irrecuperable si, pese a vencer en juicio con declaración de costas, el condenado a su pago resulta insolvente.

Con la aprobación de la Ley 22/2003 Concursal se configura un nuevo panorama en el Derecho Mercantil Español. El concurso de acreedores muestra innumerables conductas que pueden resultar jurídico- criminalmente relevantes, como por ejemplo el concurso doloso del artículo 260 CP. En esta obra repasamos varios grupos de delitos relacionados directa o indirectamente con la falta de solvencia, real o fingida, insistiendo en que muchos de los apuntes procesales antes mencionados mantienen parte de su valor, especialmente en referencia a los delitos singulares específicamente vinculados con la insolvencia civil y mercantil (artículos 257 y ss. CP). Los hechos generadores de las insolvencias, o a ellas concomitantes, siempre han podido ajustarse a los delitos de quiebra o alzamiento de bienes, no en vano denominados, junto a otros, insolvencias punibles. Y aunque en el futuro desapareciera el tipo de artículo 260 CP seguiría siendo viable un nutrido cúmulo de figuras delictivas irremediablemente anundadas al comportamiento civil y mercantil ilícito. Esto ocurre con defraudaciones, falsedades, delitos societarios, injustos contra la Hacienda pública o vulneraciones de derechos de los trabajadores.

La impugnación penal en España es el fruto de un reiterado parcheo legislativo, triste deudor de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1982, que adoptó el sistema de instancia única. Hoy día afrontamos un conjunto heterogéneo de recursos jurisdiccionales que complica todavía más su comprensión, a causa de la diversidad de órganos judiciales en el orden penal. Esta obra trata de extraer los componentes indispensables del recurso en el enjuiciamiento criminal, ofreciendo vías de solución a los problemas que en la práctica se suscitan, y con ello contribuir al debate dogmático de una muy necesitada reforma procesal penal, tanto orgánica como sustantiva. La impugnación penal en España es el fruto de un reiterado parcheo legislativo, triste deudor de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en 1982, que adoptó el sistema de instancia única. Hoy día afrontamos un conjunto heterogéneo de recursos jurisdiccionales que complica todavía más su comprensión, a causa de la diversidad de órganos judiciales en el orden penal. Esta obra trata de extraer los componentes indispensables del recurso en el enjuiciamiento criminal, ofreciendo vías de solución a los problemas que en la práctica se suscitan, y con ello contribuir al debate dogmático de una muy necesitada reforma procesal penal, tanto orgánica como sustantiva.

Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos, alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepcion de la realidad, o de otros aspectos fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el mas minimo escrupulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinamica gubernamental y acaba por embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberania, que a diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Politica actual, si han venido siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la civilidad como contexto ultimo, la evolucion juridica se ha transformado en una preocupante involucion alejada cada vez mas de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y Democratico de Derecho, aproximandose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor ciudadano y la inseguridad son, paradojicamente, los elementos esenciales para su construccion y afianzamiento.La autoproteccion de ese tipo de Estado de leyes y el poder factico subyacente pasa por arrinconar autenticos valores como la participacion politica y la libertad, en particular la de expresion, del mismo modo que excluye mecanismos intrinsecamente propios de las estructuras democraticas,incluso criminalizandolos, como ocurre con la desobediencia civil. Y para ello no importa lo mas minimo torcer el Derecho, particularmente el penal y el procesal, desnaturalizando su contenido hasta cotas que no hace mucho habrian sido impensables. Un modo de recuperar el cauce legitimo hacia un verdadero Estado de Derecho justo puede estar en comprender la logica y significado de conceptos juridico-politicos esenciales, superando la ignorancia sobre lo exigible de la funcion publica, propiciando la superacion de confusas percepciones de la realidad y ocultas intenciones del poder. Sin ello resulta extremadamente dificil reconocer las vias de accion no solo colectivas sino tambien individuales que a cada uno se ofrecen para oponerse a la represion y a la injusticia, planteamiento de urgencia en la actualidad española.Ricardo Yañez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, asi como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economia e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicologia de laUniversitat Autonoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas juridicas especializadas, asi como ocho obras conjuntas y una docena de monografias.Ha sido asesor letrado del equipo juridico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, organizacion de la que fue activista desde 1986; asi como de Juristas sin fronteras desde su fundacion a principios de los años noventa. Formo parte de la Comision de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003, habiendo sido miembro del Instituto de Psicologia, Sociologia y Medicina Juridicas de Barcelona. Desde febrero de 2000 ejerce la funcion jurisdiccional, siendo juez titular por oposicion en 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedes y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona.Esta casado y es padre de cuatro hijos.

La presente obra subraya la importancia de la Psicología en las Ciencias jurídicas, singularmente en el Derecho procesal. Sin embargo, se encuentra infrautilizada y permite ineficiencias muy significativas, por ejemplo en la institucion del Jurado, sea para el proceso de seleccion representativa de sus miembros legos, base de su autentica legitimacion politica, sea en como componerlo, en la eleccion del mecanismo de deliberacion o en el nivel de instruccion juridica a recibir. Sobre estos y otros temas se plantean las opciones mas eficaces, en el orden de mejorar un sistema muy relevante en el ambito de la participacion ciudadana en la Administracion de Justicia.