ROBERTO VICIANO PASTOR

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, por los Jefes de Estado y de Gobierno.

Los procedimientos de reforma de los Estatutos de Autonomía suponen algo más que un simple mecanismo que posibilita, dentro del respeto a la Constitución, la modificación del modelo de Estado que trazó el constituyente y terminó de concretar el legislador con la aprobación de las normas institucionales básicas de cada Comunidad Autónoma. Como se pone de relieve en esta obra, no se trata de una mera cuestión procesal. La determinación del trámite para la reforma de los Estatutos muestra las posiciones politicas que se esconden detrás de las opciones y diseños constitucionales y que en el momento actual, más que nunca, vuelven a salir a escena.

El sistema político venezolano ha estado envuelto en una dinámica de crisis y transformaciones en los últimos veinte años. Sometido a una crisis permanente desde la década de los ochenta, se han intentado esfuerzos por adaptar el sistema a las nuevas realidades y a las demandas de la población. En esa búsqueda el país entró, a partir de 1998, en una nueva fase de su desarrollo dirigido por el Presidente Hugo Chávez Frías quien lanzó un vasto programa de transformaciones institucionales. El programa de cambios comenzó por la convocatoria de una asamblea constituyente que redactó una Constitución aprobada por el pueblo en referendo el 15 de diciembre de 1999.

Pocos fenómenos políticos en Latinoamérica han llamado tanto la atención en los últimos años como el "proceso venezolano". Un proceso de cambio político caracterizado por los miles de páginas que sobre el se han escrito y, no obstante, el profundo desconocimiento de sus precedentes, razones y objetivos.

Constituir significa crear. El poder constituent democràtic és en essència, i per essència, un poder creador d'una realitat nova i dialèctica, de progrés respecte al passat, necessàriament difere

Cada generación tiene el derecho a cambiar sus normas de convivencia, su Constitución, y a decidir sobre su presente y su futuro. Negar este derecho en cualquier sociedad es, por definición, negar el caracter democratico de dicha sociedad.