Rodrigo Tascón López

Sin ningún género de dudas, los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar constituyen una pieza básica en el entramado actual del Derecho del trabajo, aportando una contribución trascendental a los objetivos de lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres, asi como de proteger la institucion familiar, cuyo valor aparece constitucionalmente reconocido. Ahora bien, los derechos subjetivos valen tanto como los cauces establecidos para tutelarlos y hacerlos valer en caso de inobservancia y, en el caso concreto, la fragilidad con la que algunos de ellos pueden ser disfrutados en la vida practica hace necesarios que tales mecanismos sean contundentes y adecuados. Precisamente el analisis de la modalidad procesal especial contemplada en el art.139 LRJS, dirigida a tutelar tales derechos de conciliacion, se dedica el presente trabajo. Se inicia con una reflexion sobre la formacion aluvional de este procedimientos especial, para continuar con un analisis de sus potencialidades actuales a traves de las distintas fases del proceso, analizando todas y cada una de sus singularidades procesales. Un recorrido exhaustivo que no pierde nunca la perspectiva de analizar si esta modalidad especial, en los terminos en los que ha quedado finalmente conformada, proporciona una adecuada tutela judicial a los derechos de conciliacion de la vida personal, laboral y familiar.

El Orden Social de la Jurisdicción (pieza clave en la efectividad del Derecho del Trabajo), tras un éxito incontestable a principios de la década de los noventa, había quedado prematuramente envejecido, tanto por su comparación con otros órdenes jurisdiccionales que habían experimentado notables mejoras técnicas en los últimos tiempos, como por disfunciones internas que habían provocado un evidente retraso en la resolución de los asuntos que le eran encomendados. Semejante coyuntura llevó al legislador a acometer un profundo proceso de reforma (más allá de las modificaciones puntuales que de siempre han adornado a este orden jurisdiccional, generalmente como complemento a reformas sustantivas), que se inició con la Ley 13/2009 y que se ha visto culminado con la reciente y crucial Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social. La presente obra trata de analizar todo este amplio y complejo proceso de reforma, desde las causas que originariamente llevaron al mencionado deterioro de la Justicia Social, hasta las principales reformas operadas en las instituciones procesales laborales introducidas tras los cambios normativos operados en los últimos tiempos.

El fenómeno de la Responsabilidad Social Corporativa ha ido ampliando paulatinamente su potencial campo de actuación hasta llegar a convertirse en un tópico reciente en gestión de empresa. En este sentido, y desde los parámetros fijados por el anhelado objetivo de lograr un desarrollo sostenible, cada vez cobra mayor presencia una perspectiva conforme a la cual la organización productiva ha de preocuparse no sólo por maximizar el beneficio económico, sino también (y de forma voluntaria) por acotar la influencia que su actividad puede presentar en el campo social y medioambiental sobre los potenciales sujetos afectados (stakeholders). Sin ningún género de dudas, uno de los principales grupos interesados en la actividad de la empresa son sus trabajadores por cuenta ajena (el mal llamado «capital humano» de la compañía). Desde este punto de vista, el presente trabajo trata de analizar las diversas implicaciones derivadas para este colectivo de trabajadores a partir de la asunción, por parte de la empresa, de una política de Responsabilidad Social.

Nemo praecise ad factum cogi potest. Generaciones de juristas formados bajo tan célebre brocardo han asumido a su calor la incoercibilidad de las obligaciones de hacer (y no-hacer) y, con ello, el superior valor de la libertad frente a la negativa a realizar un comportamiento debido de los denominados personalísimos, cuya confrontación se salda con la sustitución del cumplimiento por la pertinente indemnización de daños y perjuicios. En este contexto, la tensión dialéctica entre libertad e interés ajeno, incluido el de la comunidad, acaba como en la célebre frase de Yago en el drama de Shakespeare: "no hay mejor forma de defraudar que satisfacer compensando, pues sólo se satisface a medias"; más aún, y según resume de manera magnífica Heidegger en Ser y Tiempo, la dimensión otorgada por los Estados europeo-occidentales al valor liberal ha tenido la virtud de elevar al individuo a una esfera tal de privilegio que reclama, urgentemente, contrapesar el ego-decidendi-ultimo con las aspiraciones del ego-recipiendi-primario.

En los últimos tiempos el laboralista se ha tenido que enfrentar a problemas jurídicos de gran magnitud que derivaban de la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo del trabajo. Uno ciertamente significativo es el que se conoce como esquirolaje tecnologico, esto es, aquel consistente en la sustitucion de los trabajadores huelguistas, no por otros trabajadores (esquirolaje clasico, ya interno, ya externo), sino por instrumentos tecnologicos predispuestos por el empresario para paliar las consecuencias negativas derivadas de la falta de actividad ocasionada por la huelga. Desde luego, la cuestion se antoja interesante, tanto desde el punto de vista teorico (pues el concepto esta aun por aquilatar y tiene una base legal insuficiente), como desde el practico, habida cuenta cada vez que se convoque una huelga, tanto los trabajadores como los empresarios afectados estaran interesados en saber, por distintos motivos y en la medida de lo posible, cuales son aquellas actividades que entran dentro del marco legal y constitucional, y cuales aquellas otras que quedan extramuros del mismo. La cuestion ha cobrado especial enjundia en los ultimos tiempos pues, tras una primera fase en la que, no sin dudas, el Tribunal Supremo parecia considerar que el esquirolaje tecnologico era una conducta potencialmente lesiva del derecho fundamental de huelga, ha llegado otra en la que el Tribunal Constitucional parece haber dado carta de naturaleza a esta practica empresarial. Semejante urdimbre hace necesario un estudio monografico que (mas alla de comentarios puntuales a decisiones de los mas altos Tribunales patrios) reflexione sobre la figura del esquirolaje tecnologico, trate de delimitarla conceptualmente e intente fijar los limites que separan lo juridicamente aceptable de lo que no lo es.

Bajo la rúbrica "El tratamiento por la empresa de datos personales de los trabajadores (Análisis del estado de la cuestión)" el autor trata de conjugar los aspectos teóricos y prácticos del derecho a la autodeterminacion informativa en el marco de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. En cuanto a los teoricos, lo hace abordando en la parte primera un analisis acerca de la justificacion dogmatica del ?nuevo? derecho fundamental a la proteccion de datos, como necesidad surgida a partir de los riesgos derivados de las nuevas tecnologias, asi como su anclaje ?inespecifico? dentro de los derechos de los trabajadores y las implicaciones de ello derivadas en el marco del contrato de trabajo. Por lo que se refiere a los aspectos practicos, el analisis parte de una doble vertiente: de un lado, dando duenta de la actual situacion en el seno de las empresas, caracterizada por un panorama de incumplimiento generalizado, al punto de poder ser calificada como "una de las asignaturas pendientes" en la dinamica de gestion empresarial; de otro, tratando de proporcionar respuesta a la crucial pregunta de que datos de los trabajadores y bajo que circunstancias puede retener, almacenar y tratar (informaticamente o de forma manual) el empresario. Para esta ultima tarea, se desgrana el tenor de la Ley Organica 15/1999, de Proteccion de Datos Personales, pero destilado al calor de los no excesivamente numerosos, pero si muy significativos, pronunciamientos de los Tribunales de Justicia, incluido el Tribunal Constitucional, lo cual dota al trabajo de un caracter actual y dinamico. Como colofon final, se hace una reflexion acerca del derecho a la proteccion de datos como limite adicional al poder de control emprearial, reforzando asi los ya clasicos de derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, en tanto los actuales sistemas tecnologicos de fiscalizacion del trabajador (a traves de camaras de video o instrumentos de verificacion de entradas y salidas, o de e-mail y acceso a Internet) parten de sistemas organizados de datos personales que, en consecuencia, han de quedar tambien sometidos a las exigencias contempladas en la Ley Organica 15/1999.

La presente monografía tiene como objeto el análisis del complejo entramado procesal que se produce cuando concurren la impugnación de un despido (sea disciplinario u objetivo) con la impugnación de otra causa de extincion del contrato de trabajo. En este sentido, se parte de la doble posibilidad inicial que contempla la norma de ritos social, bien que el actor acumule en su demanda ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS), bien que se presenten por separado y se deba producir luego una acumulacion de procesos (art. 32). Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se distingue, a su vez, entre si la pretension de despido concurre con una resolucion causal a instancia del trabajador ex art. 50 ET (situacion tipica ya contemplada en el anterior art. 32 LPL) o, por el contrario, lo hace con otra causa extintiva empresarial (dobles despidos, despido ad cautelam, retractacion empresarial). A continuacion se analizan los tramites procesales que tan intrincada situacion requiere y, por fin, se da cuenta de las multiples soluciones que pueden alcanzarse, en funcion de si ambas acciones estan conectadas entre si (en cuyo caso habra de resolverse primero la que esta en la base del conflicto) o si son independientes (debiendo entonces darse respuesta en primer lugar a la que hubiera nacido antes). La obra se remata con un apunte de problemas que la concurrencia de estas pretensiones puede provocar mas alla del proceso de instancia, tanto en via de recurso de suplicacion, como en sede de ejecucion de sentencias.

El ensayo parte de un análisis del lento proceso de deterioro experimentado en el funcionamiento del orden social de la jurisdicción que, desde el esplendor de antaño, ha llevado a que en la actualidad pueda hablarse, sin exageracion, de la insoportable levedad de la tutela dispensada por los Tribunales del Orden Social de la Jurisdiccion.