Rosario de Castro-Camero

La presente obra pretende proporcionar a los estudiosos del Derecho Romano un instrumento útil para su comprensión a través de la resolución de casos prácticos. Quid iuris? es una expresión recogida en las fuentes jurídicas romanas con la que se hace referencia, principalmente, a los aspectos procesales de una determinada controversia, pero implica también una aproximación al ámbito sustantivo de la cuestión, ya que las acciones ejercitables en un caso no son disociables de las personas ni de las cosas sobre las que aquellas litigan. Este trabajo consta de dos grandes apartados: uno, en el que se proponen los casos y se resuelven; y, otro, en el que éstos únicamente se plantean. En la primera parte, ofrecemos un método, exponemos al lector el razonamiento a través del cual hemos llegado a una determinada conclusión. Ahora bien, al ser sólo pautas o puntos de referencia, se ponen de relieve exclusivamente los aspectos fundamentales de la solución, de manera que ésta es susceptible de ser desarrollada. En la segunda parte, nos limitamos a enunciar los casos para permitir al lector ejercitarse en su resolución. La metodología que proponemos hace especial hincapié en el proceso de comprensión de las circunstancias del supuesto, de los principios fundamentales de las instituciones en juego y de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse. Los aspectos procesales son especialmente importantes en este trabajo porque, de acuerdo con la virtud de la prudencia, propia del jurista, la realización de la justicia exige que, tras la reflexión sobre lo justo e injusto, existan unos recursos procesales adecuados que permitan su efectiva concreción.

En este trabajo se aborda el estudio de la transacción, el juramento y la confesión como formas de solución de la controversia patrimonial cuando el procedimiento se encontraba todavía en la fase “in

Se trata de la primera monografía que, en el ámbito romanístico, aborda de forma general y completa el estudio de las estipulaciones edictales o pretorias. Su formulación debía aparecer recogida en el edicto de un magistrado (pretor o edil curul), quien sin embargo no era competente para imponerlas a las partes.