Santiago Leganés Gómez

La Constitución Española, en su artículo 25.2, establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social; estos fines se deben conseguir mediante el tratamiento penitenciario que consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecucion de la reeducacion y reinsercion social de los penados, y como el tratamiento penitenciario se ha de efectuar de forma individualizada, despues de la observacion de cada penado, se realizara su clasificacion, se realizara su clasificacion penitenciaria destinandole al establecimiento que sea el mas adecuado para la ejecucion de su programa especifico de tratamiento. No cabe duda que los establecimientos de regimen abierto son los mas adecuados para el ejercicio pleno del tratamiento resocializador.El regimen abierto es una forma de cumplimiento de la pena de prision en semilibertad, una mezcla equilibrada entre el internamiento y la libertad vigilada, que esta recogida en la legislacion comparada de otros paises con la denominacion de prision abierta, careciendo de obstaculos fisicos contra la evasion e inspirada en el principio de autorresponsabilidad de los penados.Esta modalidad de cumplimiento tiene la virtud principal de ofrecer un periodo intermedio entre la prision ordinaria y la libertad, y sirve de preparacion para la plena incorporacion del penado a la vida social, por lo que es un instrumento indispensable en un sistema sancionador orientado a la resocializacion.A las prisiones abiertas son destinados los penados clasificados en tercer grado, los requisitos legales para acceder al mismo han sido modificados por la L.O. 7/2003, de 30 de junio, y la L.O. 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Codigo Penal. A lo largo de este libro investigamos la clasificacion en tercer grado, el regimen abierto y las diversas formas de cumplimiento fuera de prision, asimismo proponemos las posibles mejoras a introducir para alcanzar la finalidad reinsetadora establecida en nuestra Constitucion.

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" (Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). "Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho" (Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión). Esos dos textos son unos entre tantos que ilustran cómo la dignidad humana se ha incorporado en distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para fundamentar los derechos humanos y el Estado de Derecho. También, la dignidad humana reaparece en numerosos debates contemporáneos y polémicos, tales como las biotecnologías, los derechos de los colectivos oprimidos, la igualdad de género, la autodeterminación individual, el derecho a la intimidad, la eutanasia, el aborto, y los derechos de los animales, para citar algunos casos. No obstante, la importancia jurídica y ética de este principio contrasta con una literatura que hasta ahora y en su mayoría, se limita o bien a criticar la (supuesta) vaguedad y abstracción de este concepto, o bien a fundamentarlo a partir de unas premisas religiosas. Esas dos aproximaciones han desafortunadamente presentado una imagen parcial e incluso errónea de la dignidad humana. El presente libro pretende al contrario definir de forma nítida este concepto, defendiendo que se puede detectar sus orígenes en el pensamiento filosófico clásico. Así, Platón, Aristóteles, Cicerón y Séneca son los cuatro filósofos cuyas ideas han permitido sentar las condiciones de posibilidad para el desarrollo moderno de la dignidad humana. Gracias a sus reflexiones respectivas sobre la condición humana, el valor del ser humano, la libertad y la racionalidad, para mencionar sólo algunos ejemplos, la dignidad humana ha podido incorporar los parámetros éticos de la modernidad occidental.

Los permisos ordinarios de salida, la clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario y la libertad condicional y, efectivamente, todos devienen caracterizados por posibilitar que el interno, de una forma o de otra, puede abandonar el centro donde está cumpliendo condena para reintegrarse de forma temporal o permanente a la comunidad social y todos apuntan hacia la libertad para cuyo uso, mediante el tratamiento penitenciario, se debe preparar o capacitar al interno. Por tanto es conveniente separar en una futura reforma o capacidad al interno. Por tanto es conveniente separar en una futura reforma de la LOGP la regulación de los permisos extraordinarios de los ordinarios, figurando éstos en el Título del Tratamiento Penitenciario, al ser un elemento fundamental para el mismo. Consideramos necesaria y urgente la reforma de la LOGP pues aunque su flexibilidad y sus miras le ha permitido cumplir su XXX aniversario, no cabe duda que cuando se aprobó no podía prever instituciones o situaciones que afectan a la clasificación y permisos de salida que se han ido creando con la práctica penitenciaria (unidades dependientes, cumplimiento en centros extrapenitenciarios, controles temáticos, etc.) que cuentan con respaldo en sede reglamentaria pero que carecen de cobertura legal; y por ello deben ser reguladas en la propia LOGP porque afectan a derechos fundamentales y a libertades públicas. Esta reforma debería abarcar a otras aéreas penitenciarias que también tendrían que estar regulas en sede legal.

En el año 2004 se celebró el XXV aniversario de la LOGP; el ser una ley moderna y flexible le ha permitido permanecer vigente durante los últimos veinticinco años con tan sólo una modificación mediante la Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre. Todo ello, junto con la Constitución, la convierte en una de las leyes más estables e intocables hasta la contrarreformas penales, procesales y penitenciarias del año 2003. La LO 5/2003, de 27 de marzo, crea la demarcación y las funciones de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria modificando con ello las funciones del resto de Jueces de este ámbito (art. 76.2h LOGP). La LO 6/2003 modifica el art. 56 LOGP para que los terroristas tengan que realizar sus estudios universitarios preferentemente en la UNED. Pero es la LO 7/2003, de 30 de junio, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la que ha producido un giro radical respecto a la ejecución de la pena privativa de libertad, y concretamente en el tema de la clasificación penitenciaria. A la hora de realizar la clasificación penitenciaria, entendemos que se debe valorar la finalidad retributiva de la pena (compensación moral a la víctima y a la sociedad ofendida) la prevención general ( disuasión frente a potenciales delincuentes) y la finalidad reinsertadora (art.25.2 Constitución) como indican las teorías unitarias en la ejecución de las penas, pero está claro que con la LO 7/2003, de 30 de junio, se potencia más la finalidad retributiva y de prevención general positiva sobre la finalidad reinsertadora que según el art. 25.2 de la Constitución debería ser la más importante. Consideramos que todo esto supone una vuelta al retribucionismo ético y jurídico de las penas, donde la imposición de la pena era un fin en sí mismo como compensación al mal realizado por el delito cometido y como un criterio de exigencia de justicia. Por tanto, el papel preponderante atribuido al principio de reeducación y reinserción social en la fase de ejecución de pena, se ve desplazado a un segundo plano en beneficio de supuestas exigencias preventivos general