TOMAS QUINTANA LOPEZ

Encuadernación: Rústica semirrígida y cubierta gris. Edición de 1987.

Después de cincuenta años de existencia, los patrimonios municipales del suelo ya ofrecen una trayectoria suficientemente dilatada como para analizar su devenir, del cual forman parte las grandes esperanzas que suscitaron, en un principio, como paliativo de la imposible propiedad municipal del suelo destinado a usos urbanísticos, a las que pronto sucedió la generalizada desconfianza que iba generando su gestión, al ver en ella un medio espurio de financiación municipal en perjuicio de los fines que justifican su existencia. Precisamente esa desconfianza ha generado una doctrina jurisprudencial en varias direcciones, pero siempre guiada por el objetivo último de ajustar los destinos de los bienes integrantes de estas masas patrimoniales a los dispuestos por la legislación, en la cual ha tenido un lugar destacado la dictada por el Estado con carácter básico. Frente a esa doctrina, con resultados inciertos, han venido reaccionando los legisladores autonómicos en un intento de flexibilizar la gestión y los destinos de estos patrimonios municipales separados, esfuerzo que finalmente se ha visto avalado por la reciente Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en lo que constituye la ratificación del giro que venía experimentando el régimen jurídico de la institución en la legislación autonómica. Del proceso evolutivo y de las nuevas expectativas que ofrece la regulación actual, estatal y autonómica, se ocupa este libro.

Manual básico de derecho urbanístico de Castilla y León y su legislación aplicable.

1. Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía2. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía3. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad4. Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.