Libros de Derecho Constitucional, página 12 de 174

El Estado es el principio de igualdad. Esto es lo que diferencia al Estado de todas las demás formas del poder político conocidas en la historia. Justamente por eso, el Estado es un poder con vocación juridica. Es, en realidad, el primer y, hasta el momento, el unico poder con vocacion juridica que ha existido en la historia de la convivencia humana. No por casualidad, cuando Jules Michelet de la Revolucion Francesa por cual ha sido la aportacion de la Revolucion a la historia de la Humanidad, contesta sin dudar que el Derecho. El principio de igualdad es lo que permite expresar unitariamente la vida del Estado. Su proceso de genesis, sus relaciones, una vez constituido, con los ciudadanos, su articulacion organica... no son mas que expresiones de la igualdad. Expresiones mas directas en unos casos y mas necesitadas de mediaciones en otros, pero expresiones siempre del principio de igualdad. Esta es la razon por la que el Estado puede ser explicado cientificamente. El principio de igualdad es lo que ha permitido al Derecho Constitucional diferenciarse de la literatura juridico-publica del periodo inmediatamente anterior y constituirse en ciencia. La ciencia es explicacion unitaria de la forma de manifestarse de los fenomenos por su determinacion interna. En el caso del Derecho Constitucional, explicacion de todos los fenomenos juridico-constitucionales. Solamente un principio universal como la igualdad permite tal explicacion. Unicamente con el, podriamos decir parafraseando a Friedrich von Gerber, se puede pasar de la estadistica a la ciencia, de la simple enumeracion de relaciones juridicas particulares a su explicacion unitaria. Esto es lo que persigue este Curso de Derecho Constitucional. Explicar como a partir del principio de igualdad el Estado desemboca en la Constitucion como norma juridica, iniciandose con ella un proceso de sometimiento del Estado al Derecho que no se detiene nunca.

La buena acogida dispensada a las ediciones anteriores hace que ahora vea la luz ésta, que ha sido enteramente revisada aunque no alterada en el fondo porque el objeto de la obra es la teoría constitucional general, que no cambia rapidamente. Por ello, los ejemplos citados, aunque a veces pertenezcan a constituciones pasadas, no dejan de cumplir su funcion, que es ejemplificar. Algunas constituciones pasadas que han durado mucho tienen, por ahora, mas valor docente que las nuevas que las han sustituido.Al libro se le han añadido unos anexos que compensan la deliberada escasez de citas a pie de pagina. Estan situados todos juntos, al final, para que los lectores que lo deseen puedan omitidos sin daño para el entendimiento de la obra en si. Cada uno de ellos aclara o completa alguna leccion, a la cual va referido. Se notara que varios tratan de cuestiones mas filosoficas, culturales o eticas. La deriva que estan tomando ultimamente las discusiones constitucionales nos obliga a decir algo sobre esos temas aunque no sean e! tipo de terreno en que un constitucionalista se encuentra comodo.Aparte de otros cambios se ha añadido en la presente edicion un indice topico y de nombres.Por lo demas, el libro pretende seguir siendo mas literario y humanista que cientifico y se encamina mas a la formacion que a la informacion.

La institución del Defensor del Pueblo, innovadora figura del Derecho Público, que irrumpió por casi todo el mundo en la última parte del siglo XX para proteger los derechos de las personas frente a las arbitrariedades del poder, ha generado -y genera- mas interrogantes que respuestas. Si bien la denominacion Defensor del Pueblo se presenta como la traduccion castellana del Ombudsman sueco, hay algunas diferencias entre ambos terminos, sobre todo a partir de la consagracion de esta figura en la peninsula iberica (Portugal y España). El Ombudsman escandinavo fue concebido como un organo de control en tanto que el Defensor del Pueblo, sin dejar de ejercer esa responsabilidad, es basicamente un instrumento de las garantias para defender y hacer efectivos los derechos humanos. . El Ombudsman ejerce una magistratura de opinion; el Defensor del Pueblo esta legitimado para ejercer la accion de amparo y el recurso de inconstitucionalidad. Sobre estos presupuestos, la presente obra contiene un original analisis del instituto dicho, que parte de las dos formas en que se manifiesta el poder: el poder de crear la ley, de hacerla cumplir, de juzgar; el poder de impedir que prosperen normas que contravienen los derechos humanos. El poder y sus limites y las disfunciones de la democracia so

La expansión de la videovigilancia ha sido propiciada, sin duda, con el desarrollo de la microelectrónica y la miniaturización de los aparatos.Pero el abanico de posibilidades y aplicaciones prácticas de la videotecnologia se desplegara sobre todo a partir del desarrollo de las nuevas tecnologias de la informacion. Las nuevas tecnologias de la informacion permiten una casi ilimitada (o constantemente ampliada) capacidad de almacenamiento, una gama amplisima de opciones de tratamiento automatizado de los datos, la posibilidad de interconectar las bases de datos y la transmision de los datos a larga distancia en cuestion de segundos. En el plano juridico la videovigilancia no solo plantea los problemas relativos a la captacion de imagenes y sonidos de personas individualizadas o individualizables en lugares publicos, sino tambien los problemas derivados de la proteccion de datos de caracter personal.De una forma algo simplificada puede afirmarse que los Estados europeos se dividen en dos grandes grupos: por un lado, los que consideran que la proteccion de los ciudadanos frente a la videovigilancia policial requiere una legislacion especifica porque se trata de una restriccion de sus derechos fundamentales (videovigilancia como restriccion de derechos); y, por otro, los que consideran que una legislacion especific...

Recoge los textos básicos sobre protección de Derechos fundamentales, tanto de ámbito universal (Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales y Culturales) como europeo (Convenio para la Proteccion de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Carta Social Europea, Carta de Derechos Fundamentales de la Union Europea y Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores) y nacional (Constitucion Española y Estatutos de autonomia).

"En estas tres décadas sobrepasadas de vigencia constitucional, Don Juan Carlos ha articulado, en el ejercicio de sus funciones, más de dos mil discursos dirigidos a colectivos diversos, a las instituciones del Estado y al pueblo español.El presente analisis se proyecta sobre el contenido de las exposiciones que, de forma periodica u ocasional, pronuncia el Jefe del Estado, haciendo uso de un tradicional derecho de mensaje, consolidado en España por via consuetudinaria, dada su falta de regulacion constitucional."

Edición de López Guerra, L. 16ª ed., 2010 La presente edición de la Constitución española actualizada con la reforma del artículo 135 publicada en el BOE con fecha de 27 de septiembre de 2011, persigue el objetivo de facilitar la consulta del texto fundamental en relación con las principales normas que completan o desarrollan sus preceptos. Para ello, se acompaña un conjunto de notas relativas a la normativa legal y reglamentaria de más inmediata relevancia para la comprensión del significado de cada artículo constitucional en nuestro ordenamiento. Se incluyen igualmente un índice analítico y una introducción dirigida a situar la Constitución en relación con el resto de las normas jurídicas.

Los derechos sociales hablan de cuestiones tan básicas para la vida y la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua. En ese supuesto, se pone muy claro que la materialidad de la dignidad humana se asienta sobre el denominado minimo existencial, el nucleo duro de los derechos sociales, de forma que los derechos sociales son derechos humanos fundamentales.El reconocimiento de los derechos sociales no es, por tanto, un mero catalogo de buenas intenciones por parte de los estados: los derechos sociales son derechos fundamentales, exigibles para la vida y la dignidad humana.Lo que pretende esta obra es aportar una luz para comprender que los derechos sociales son derechos humanos fundamentales.

Análisis empírico, a partir de la identificación de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional, de la práctica estatal de la potestad subvencional sobre las competencias autonómicas, a cargo de la profesora de Derecho constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, Aida Torres Perez. La publicacion persigue un doble objetivo: por una parte, determinar en que medida el desarrollo de la actividad estatal se ajusta a los criterios establecidos por a jurisprudencia constitucional; y por la otra, detectar los criterios jurisprudenciales que plantean una mayor problematica en su formulacion o potencialidad de abuso en su aplicacion.