Libros de Derecho Constitucional, página 19 de 227

El presente libro intenta rastrear los orígenes de la constitución democrática moderna, que se podría caracterizar con rasgos de ser un documento escrito que refleja el compromiso de los sujetos a quienes se presupone máxima capacidad racional, rígido y de rango normativo superior, que funda instituciones políticas basadas en el autogobierno de la comunidad, que reconoce derechos inalienables, resulta legitimado popularmente y que incluye sistemas de control para evitar la violación de la norma suprema. El principio que guiaría a este modelo es el del gobierno limitado que arranca de la Antigüedad; pero su componente democrático introduciría una suerte de legitimidad específica que solo disponía del antecedente lejano de la antigua polis ateniense, comunidad donde, en todo caso, no existía noción alguna sobre derechos fundamentales. Para percibir una aparición influyente de estos últimos en el constitucionalismo habría que acudir a la Revolución Gloriosa inglesa de 1688, que sí los contemplaría, pero aún sin la dimensión universalizadora y democrática de la emancipación norteamericana de 1776. El presente libro, al respecto, no pretende rechazar la continuidad existente en esa órbita anglosajona sino rescatarla retrocediendo aun más para atrás. Porque en esa narración de la Historia Constitucional resulta que se ha solido pasar por alto toda la experiencia de las Guerras Civiles inglesas (1642-49) con los "niveladores" emprendiendo intentos de transformación política importantes, la Commonwealth cromwelliana posterior y sus experimentos políticos y autores más sobresalientes, o el autogobierno colonial acaecido en América.

La selección de los jueces en Estados Unidos no puede dejar indiferente al lector. Ningún otro país del mundo presenta la variedad de métodos de selección de jueces que encontramos en éste. Y en ningun otro lugar la gran mayoria de miembros de la judicatura tienen que someterse a algun tipo de votacion popular, bien para acceder al cargo o para mantenerse en el. Los niveles de implicacion politica del proceso de seleccion judicial estadounidense parecen contradecirse con principios tan inherentes al poder judicial como los de independencia e imparcialidad. Este libro invita a hacer un viaje por el largo proceso de busqueda del mejor modo de conjugar tales principios con otro esencial para la democracia norteamericana y ajeno a nosotros: la capacidad del pueblo de exigir responsabilidades a los jueces por sus actuaciones.

El derecho al secreto de las comunicaciones, derecho fundamental recogido en el art. 18.3 CE, se ha convertido en uno de los derechos más importantes en la actual sociedad de la información. En efect

La presencia de medios de comunicación audiovisuales, especialmente de la televisión, en las vistas orales de los juicios plantea una serie de problemas jurídicos de naturaleza constitucional, ya que varios derechos fundamentales pueden entrar en colisión: derecho a un juicio público, derecho a la información por cualquier medio de comunicación, derecho al honor, intimidad y propia imagen. Pero también resultan afectados otros como la protección a la juventud y la infancia o la censura previa, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad física y moral, así como varios de los derivados de la tutela judicial efectiva. Además de derechos fundamentales, en esta obra se detectarán que también quedan involucrados principios o valores como la justicia, la transparencia del sistema democrático, la responsabilidad de los poderes públicos (especialmente del poder judicial), la existencia de una opinión pública libre, la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, etc. Para contextualizar la investigación, se considera pertinente hacer una introducción previa, sin ánimo de profundización sistemática, a la transparencia informativa, para la televisión en particular, del funcionamiento de los poderes del Estado Democrático.

235 voces comentadas por un elenco de autores, coordinados a su vez por los dos expertos en materia electoral de mayor prestigio en España, Enrique Arnaldo Alcubilla y Manuel Delgado-Iribarren García-Campero, juristas ambos Letrados de las Cortes, este Diccionario Electoral da una solución accesible, fiable y jurídicamente fundada en las numerosas cuestiones que la materia electoral plantea.

Miguel Rodríguez Blanco

Como indica su título, en este libro se aborda la cuestión de la igualdad en los planos del contenido y de la aplicación de la ley, atendiendo al marco diseñado por la Constitución española y a su naturaleza multifuncional, que la constituye en un valor, en un principio y en un derecho fundamental. La conclusion a la que se llega es que se necesita una concepcion ductil de la igualdad formal, subrayandose que la libertad y la igualdad tienen caracteristicas diferenciadores, pero no contrapuestas ni en conflicto. De este modo, la igualdad puede revestir ciertas restricciones de la libertad para algunas personas, pero hace libres a aquellas que sin una accion de los poderes publicos nunca podrian desarrollar niveles de autonomia personal adecuados y dignos en la sociedad.

Prol., Eduardo Espín Templado. Las tranformaciones que sufre la sociedad actual, no sólo atañen a la ciencia y a la tecnología, sino que cubren más áreas, como la familiar. El cambio en las relaciones parentales con la descendencia y el papel de esta en la familia, y en la sociedad son transformaciones de gran calado.

La figura del periodista y de su actividad profesional, su deontología profesional, desde una perspectiva ética, la regulación profesional desde la óptica laboral, o de carácter meramente descriptivo de la situacion regulatoria del sector de la informacion o de la profesion de periodista en España requeria una investigacion que partiendo de lo ya avanzado en estudios precedentes, analizara la evolucion historica de los derechos y libertades informativas en el constitucionalismo español hasta nuestros dias.

Con su acostumbrada metodología analítica, Riccardo Guastini ofrece en este libro un agudo estudio de los problemas y dificultades que se le presentan a cualquier intérprete de las constituciones contemporaneas. La cuestion de la interpretacion es sin duda la mas importante a la que deben enfrentarse hoy tanto la teoria del Estado como la teoria del derecho, no solo por su relevancia juridica, sino por su dimension politica. Pero este ensayo no solo informa sobre teorias y desmenuza conceptos, pues tambien invita al lector a sumarse a la sociedad abierta de los interpretes constitucionales.

Este libro aborda los problemas interpretativos que plantea el artículo 31.1 de la Constitución Española, con particular referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A menudo se comenta que esta jurisprudencia no llega siempre a los niveles de precisión dogmática y axiomática que serían deseables en un tema tan importante como es el de naturaleza jurídica y las funciones de los principios informadores de un sistema tributario justo. La tesis de este libro es que la alegada imprecisión y vaguedad de los principios y categorías tributarias del artículo 31.1 de la Constitución Española, están implícitos en, impuestas por, y son atribuibles al propio texto del referido precepto. Un texto lleno de conceptos jurídicos indeterminados (cuando no, al menos parcialmente, indeterminables) con un contenido necesariamente problemático que requiere acudir a los métodos de la tópica política y jurídica, más que a la dogmática jurídica, para hacer viable y operativa su aplicación.

La obra Publicidad y Libertad de expresión analiza los fundamentos económicos, sociales y jurídicos que patrocinan la protección de la publicidad y otras comunicaciones comerciales mediante la libertad de informacion y expresion reconocida en los articulos 20.1 a) y d) de la Constitucion española de 1978. Tras el examen de la jurisprudencia dictada en la materia por el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal Constitucional Aleman, el trabajo muestra como las comunicaciones comerciales cumplen las funciones que tradicionalmente se asocian a la libertad de expresion -entre otras, promocion del autogobierno democratico y fomento de la autonomia individual- y que su grado de proteccion constitucional debe enjuiciarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Para apoyar estas tesis, el autor recurre al examen de la relacion entre publicidad y libertad de expresion en un nutrido grupo de supuestos conflictivos tales como los limites a la publicidad sexista, la prohibicion de publicidad de medicamentos que requieren prescripcion medica para su comercializacion, la interpretacion de la clausula general de deslealtad en el mercado y las restricciones al emplazamiento de productos.

Las constituciones españolas. VI Las constituciones no promulgadas de 1856 y 1873 Los proyectos de 1856 y 1873 son dos intentos fallidos de renovación constitucional en nuestra historia decimonónica. Aun asi, constituyen dos momentos de nuestro pasado sumamente atractivos y prometedores cuya trascendencia para explicar el curso de nuestro constitucionalismo no ofrece la menor duda. La experiencia constituyente de 1854-56 es punto de referencia ineludible en la construccion de nuestra historia parlamentaria ya que fue cuna de dos fracciones politicas destinadas a tener un brillante porvenir: en ella se configura la Union Liberal como autentico partido seguidor de ODonnell y en ella logra consagracion oficial el partido democrata .En esta Asamblea tambien debutarian dos jovenes politicos llamados a ser años mas tarde los artifices de la Restauracion logrando en el ultimo tercio de siglo lo que en los años 1854-56 no habian logrado -y ni siquiera quizas sinceramente intentado- Espartero y ODonnell. Nos referimos a Antonio Canovas del Castillo que en 1854 contaba veintiseis años de edad y militaba en las filas odonnellistas y a Praxedes Mateo Sagasta, seis meses y medio mayor que el, y esparterista en aquel entonces. El proyecto constitucional federal de 1873 es, por otro lado, un nuevo y ambicioso intento de modernizacion institucional tendente a resolver problemas endemicos de nuestro constitucionalismo que, de haber fructificado, nos hubiera situado en presencia de una de las Constituciones mas innovadoras y avanzadas de la epoca.

Normas, justicia de Aragón, función pública, hacienda, organización corporativa, economía, trabajo y seguridad social, educación y cultura, infancia y juventud, seguridad, medio ambiente, obras públicas, medios de comunicacion.

Toda Constitución escrita es obra de un Poder constituyente, que puede ser soberano o tener un poder limitado a este único objeto. Las asambleas de los estados americanos que hicieron las primeras Constituciones eran Convenciones soberanas (Convention), en tanto la "Convencion" de Filadelfia (1767) era una asamblea constituyente cuyo trabajo requeria el refrendo de las asambleas de los estados de la Union para su promulgacion. La Asamblea Nacional francesa se declaro constituyente y actuo como una Convencion al aprobar, sin esperar a la Constitucion, un procedimiento para la sancion y publicacion de las leyes y utilizaron la presion de la calle para obtener la sancion. Y Luis XVI se vio limitado a "aceptar" en lugar de sancionar la Constitucion de 1791. En España, la Junta Central asumio la soberania y dividio el proceso constituyente en dos partes. Una Comision de Cortes se ocupo de la creacion del Poder constituyente: las Cortes generales y extraordinarias. Una Junta de legislacion prepararia el proyecto constitucional que, una vez revisado por la Comision y la Central seria sometido a la aprobacion de las Cortes. Aquella, apenas habia iniciado su trabajo cuando la invasion de Andalucia por los franceses, obligo a la Junta a renunciar su poder en un Consejo de Regencia, despues de convocar las elecciones. En vez de aprobar el proyecto de la Central, las Cortes de Cadiz se proclamaron soberanas, asumieron el Poder constituyente e iniciaron de nuevo el proceso hasta la aprobacion de la Constitucion de 1812, que incorporaba las aportaciones constitucionales anteriores: el parlamentarismo britanico, la division de poderes americana y la soberania nacional francesa, secuencia a la que aporto la idea del Estado-Nacion.

Edición de Balaguer Callejón, F. (coordinador), Cámara Villar, G., Montilla Martos, J.A. 2ª ed., 2008. Este Código ofrece un material de trabajo útil para juristas y estudiantes de Facultades de Derecho y Escuelas Universitarias, al incorporar todas las disposiciones, hasta un total de 55, en las que se contiene normativa de alcance constitucional. Desde los textos internacionales y europeos relativos a derechos hasta la normativa general de financiacion autonomica, pasando por el Titulo Preliminar del Codigo Civil, asi como el regimen local, en su especifica vertiente constitucional. Es un Codigo para lectores y lectoras potenciales muy diferentes que tengan en comun, sin embargo, el interes por una organizacion racional de los espacios publicos, por el desarrollo de los derechos y la promocion de la igualdad y por la calidad democratica de la vida ciudadana.