Libros de Derecho Constitucional, página 21 de 229

La Constitución de los Estados Unidos es uno de los documentos más venerados de la política de ese país. Sin embargo, se trata de un documento que, de manera rutinaria, coloca en la Casa Blanca a candidatos que no obtuvieron una mayoria de la votacion popular; que da al presidente el poder de derrotar a ambas camaras del Congreso cuando se trata de proyectos de ley que ve con desagrado; y que otorga a este funcionario poderes de emergencia que podrian ser mas propios de una monarquia que de una democracia. Asimismo, se trata de un documento que impone al pueblo una carga excesivamente pesada para su modificacion. En Nuestra Constitucion antidemocratica, Levinson ofrece un analisis profundo de estas y otras clausulas inicuas de aquel texto tan venerado, y muestra como muchos de sus articulos promueven un gobierno injusto e ineficiente. El libro desafia con conviccion y coraje al pueblo estadounidense a emprender una discusion tan necesaria como largamente postergada acerca de la reforma de ese documento casi sagrado. Su autor formula la convocatoria motivado por un fin seguramente compartido por muchos de sus conciudadanos: el de adecuar el documento a valores democraticos estimados centrales.

Los conflictos entre conciencia y ley en el mundo occidental, lejos de decrecer, han invadido los espacios sociales y políticos, planteando al orden jurídico tradicional desafíos no siempre bien resueltos. En este libro los autores han volcado su experiencia de casi tres décadas estudiando las objeciones de conciencia. El resultado ha sido el trabajo probablemente más minucioso y riguroso —y sin duda el más documentado— que conoce hoy la literatura jurídica sobre los enfrentamientos entre conciencia y ley. Los Profesores Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón analizan las objeciones de conciencia más relevantes, comenzando por las relacionadas con la tutela de la vida humana: desde el rechazo del servicio militar o del aborto voluntario a las objeciones en el marco de la bioética o en materia de tratamientos médicos. Junto a supuestos clásicos, como los que se producen en el entorno de las relaciones laborales, se examinan otros de impacto más reciente y visible: por ejemplo, objeciones en el ámbito educativo o en el ejercicio de la función pública (objeción al jurado o a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo), las derivadas de la utilización de indumentaria o símbolos religiosos, e incluso las que se encuadran en los ordenamientos jurídicos de confesiones religiosas. En esas y otras cuestiones, los autores manejan los últimos datos no sólo del derecho español, sino también del derecho comparado y del derecho internacional. Esta segunda edición incorpora el análisis de nueva jurisprudencia, incluidas las sentencias Lautsi (simbología religiosa) y Bayatyan (servicio militar) de la Grand Chamber del TEDH; así como datos adicionales sobre las objeciones de conciencia en el entorno latinoamericano. Rafael Navarro-Valls y Javier Martínez-Torrón son Catedráticos de la Universidad Complutense. El Profesor Navarro-Valls es también Académico-Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El Profesor Martínez-Torrón es Vocal del Consejo Asesor de OSCE para la Libertad de Religión y de Creencias. Ambos dirigen la Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, la primera revista electrónica de su especialidad en Europa.

La condición esencial de la obra es, en consecuencia, su utilidad práctica, que en nada empece su valor dogmático. Utilidad que creo responde a un deseo expreso de los autores y que se corresponde con su ubicacion en el mundo juridico. El objetivo de la obra es poner a disposicion del lector la solucion que la jurisprudencia ha venido dando a las distintas cuestiones que plantea la casacion. Se trata de ofrecer al lector un trabajo util y de facil manejo, dotado de transparencia practica, sobre las soluciones jurisprudenciales en la materia, que en ocasiones se imponen a lo que algunos consideran mas trascendental, las cuestiones de derecho sustantivo, olvidando que el exito del proceso esta, en no pocas ocasiones, en las cuestiones procesales.

Esta obra tiene una doble finalidad: por una parte, ofrecer a todo lector interesado el conjunto de las Constituciones pañolas que han estado vigentes, y por otra, facilitar a los estudiantes de Derecho, Historia y Ciencias d ela Información y Ciencias Política, un material de trabajo que es indispensable para sus estudios, porque además, la recopilación de las Constituciones va acompañada de un estudio preliminar sobre las claves del nuevo constitucinalismo, de una amplia bibliografía sobre el mismo, así como de una cronología de relevancia constitucional, que abarca desde 1808 hasta nuestros días

Normas fundamentales en materia de seguridad privada actualizadas al cierre de la edición, octubre de 2012, anotadas y concordadas. Se incluye un completo índice analítico.

El presente ensayo pretende realizar una descripción del sistema competencial en los Estados Políticamente descentralizados. Por ello comienza con una caracterización de este tipo de Estado y de sus elementos conformadores, sosteniendo, en concreto, que la existencia de un Senado como camara territorial no es esencial al mismo. Se desmiente, igualmente, que la cualidad de Estado federal, o politicamente descentralizado, dependa tanto del numero de competencias asumidas por las colectividades miembros como del hecho de que exista un reparto funcional y territorial del poder politico garantizado y protegido constitucionalmente. Por ultimo, se trata ampliamente el aspecto de quien, como y con que limites debe ejercer en el Estado Federal la kompetenz-kompetenz, partiendo del hecho de que se trata de una facultad constitucional en ningun caso asimilable al ejercicio de la soberania que corresponde siempre al Pueblo del Estado. Por todo ello el trabajo se destina a todos aquellos estudiosos del Derecho, la Politica y el Estado interesados en el tema y, en especial, aquellos que desean profundizar en el mismo, a la luz de los cambios que se estan produciendo en la Union Europea asi como en el interior de los Estados.Javier Ruiperez Alamillo (Madrid, 1960), doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, obtuvo el I premio Pablo Lucas Verdu otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Ha sido becario del Consejo de Europa para la ampliacion de estudios en el Institut du Federalisme de la Universidad de Friburgo (Suiza). Ha ejercido la docencia en las Universidad de Salamanca y Santiago de Compostela, siendo en la actualidad Catedratico de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Publico de la Universidade de A Coruña.INDICE1. HACIA LA CARACTERIZACION DEL ESTADO POLITICAMENTE DESCENTRALIZADO. EN TORNO A LA CONCEPCION DE KENNETHC WHEARE1. Sobre la inutilidad de las consideraciones formalistas y nominalistas en la conceptualizacion del Estado Federal2. El elemento material de la defincion del Estado Politicamente Descentralizado. El federalismo como principio estructural del Estado y sus consecuencias juridico-politicas3. Los elementos formales de la concepcion de Wheare. Los caracteres estructurales basicos del Estado Federal y los problemas para su determinacion (Especial referencia a la Camara de representacion territorial)2. LA DISTRIBUCION, TERRITORIAL Y FUNCIONAL DEL PODER POLITICO COMO AUTENTICO ELEMENTO CONFIGURADOR DEL ESTADO POLITICAMENTE DESCENTRALIZADO1. Acuerdo unanime sobre su naturaleza de caracter estructural basico del Estado Federal2. La irrelevancia del numero de competencias exclusivas de las colectividades-miembro para la atribucion de la naturaleza federal a la estructura estatal3. La garantia juridico-constitucional de la esfera competencial como elemento conformador del Estado Politicamente Descentralizado3. SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA KOMPETENZ-KOMPETENZ Y DE LOS LIMITES, FORMALES Y MATERIALES, DEL FEDERALIZING PROCESS1. Introduccion2. La titularidad de la competencia sobre la competencia en el Estado Constitucional Politicamente DescentralizadoA) Una cuestion previa: la delimitacion de los ambitos competenciales de las organizaciones politicas central y regional en el momento fundacional del Estado Federala) La respuesta del monarquismo constitucional y los problemas que planteab) El Pouvoir Constituant federal como ...

CUANDO LA CONSTITUCIÓN DE 1978 HA SUPERADO YA EL CICLO VITAL DE UNA GENERACIÓN CON LO QUE ELLO SIGNIFICA EN CUANTO A REFERENTES SIMBÓLICOS Y CULTURALES; CUANDO AFLORAN EN EL DEBATE PÚBLICO IDEAS SOBRE SU POSIBLE MODIFICACION;CUANDO SE IMPONE CONOCER BIEN LA FORMA PARA OTEAR LOS CAMBIOS DEL FUTURO, EDITORIAL ARANZADI PRESENTA ESTA NUEVA Y ORIGINAL EDICION DE LA CONSTITUCION, ACTUALIZADA Y AMPLIAMENTE ANOTADA Y CONCORDADA POR EL PROF. LUIS MARTIN REBOLLO, CATEDRATICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.....

Recoge los resultados electorales de las Elecciones Locales y las Asambleas de Ceuta y Melilla celebradas el 27 de mayo de 2007.

Las garantías fundamentales cobran singular notoriedad en el derecho contemporáneo. En efecto, las novaciones del Derecho Constitucional, tanto sustancial como procesal, han proyectado al "amparo" como el remedio más eficaz para tutelar los derechos fundamentales apremiados por arbitrariedades del poder o abusos y excesos de los derechos. En la presente obra se aborda el deslinde constitucional de la institución, sus perímetros y alcances, sus fronteras y posibilidades, imbuidas de vigor técnico y teórico, sin olvidar la praxis del decir jurisprudencial del derecho. Se analiza el instituto garantista en el marco del derecho comparado para ratificar la diversidad de reacciones que experimenta en el contexto social. Igualmente, la Autora pasa revista al amparo a la luz del nuevo art. 43 de la Constitución Argentina de 1994 y, en relación de cotejo y competitividad con otros medios procesales, eventualmente sustitos o sucedáneos, como el recurso extraordinario por arbitrariedad, las acciones de certeza de derechos, entre otras hipótesis de investigación.

La reflexión sobre la vigilancia constitucional de estos Acuerdos sigue siendo un tema ni resuelto ni agotado en nuestro sistema constitucional que mantiene un régimen concordatario pergeñado y aprobado en pleno proceso constituyente y de transición. Por esta razón, resulta necesario tomar el pulso de esta reglamentación convencional constando que la realidad de entonces y la de ahora es muy diferente, no sólo desde el punto de vista social y de madurez constitucional, sino también porque nuestro contexto histórico jurídico más inmediato y cercano se ha transformado. A tal efecto, el análisis no puede obviar la normativa internacional sobre derechos humanos, cuyos principales exponentes son la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la de los distintos comités de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, así como el sistema jurídico de la Unión Europea.

En 1808 Napoleón concedía a España su primera Constitución, en la villa francesa de Bayona, destinada a regir una nueva Monarquía satélite del Imperio a cuyo frente se colocaba José Bonaparte. Aunque construida sobre el modelo imperial francés, la participación que el Emperador concedió a los afrancesados, en especial a través de la Junta de Bayona, permitió que el texto contase con algunos elementos nacionales característicos que lo separan de otras cartas otorgadas por Napoleón en Italia, Westfalia, Nápoles, Holanda o Varsovia. La escasa vigencia de la Constitución, debido a la situación bélica por la que atravesaba el país, inmerso en la guerra de la Independencia, no impidió que representase el primer intento de modernizar el Antiguo Régimen español. A la par del reconocimiento expreso de derechos y libertades individuales, la Constitución diseñaba un nuevo entramado institucional, en el que el Monarca se erigía en centro del Estado configurando un modelo autoritario pero también se restablecían las Cortes estamentales y se creaban órganos novedosos, alguno de los cuales, como el Consejo de Estado, influiría en Constituciones sucesivas, en tanto que otros, como el Senado, contaría con unas características muy particulares que no volverían a repetirse en nuestro país. La Constitución de Bayona representa, por tanto, el revés de la Constitución de Cádiz. Fue la Constitución de los perdedores, la de una posibilidad perdida de transitar de forma moderada hacia la España liberal.

Es un hecho palmario que en los últimos años el aumento de la población reclusa ha incorporado un creciente pluralismo religioso en el ámbito penitenciario. Las necesidades cultural-religiosas también son objeto de atencion por parte de los gestores publicos, convirtiendose en un factor cualitativo para lograr una plausible reinsercion social. La legislacion penitenciaria siempre ha contemplado la asistencia religiosa, especialmente la catolica. Pero no ha sido hasta fechas muy recientes que se ha impulsado una nueva normativa -estatal y autonomica- cuyo objeto es la regulacion de las demandas religiosas de las minorias protestante, judia y musulmana. Sin embargo, como institucion juridica propia del Derecho Eclesiastico, sus habituales claves de comprension estan siendo superadas por la realidad. Hoy dia, un adecuado analisis de la regulacion vigente empieza a exigir que se transite de la tradicional asistencia religiosa a la mas amplia libertad de religion penitenciaria, con todas sus consecuencias, agudamente tratadas por el autor de esta monografia.

Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Este libro se ocupa de cómo se han de entender los derechos fundamentales en el marco del Estado social y democrático de Derecho, conforme a lo previsto en el artículo 1.1. de la Constitución española. La conclusion a la que se llega es que se deben acoger los objetivos y caracteres de cada uno de esos modelos de Estado de forma compatibilizadora. A partir de esta idea, se considera que la cuestion del deficit de las garantias de los derechos fundamentales es el principal problema que hay que superar

La interpretación del derecho tiene un carácter constitutivo -y no meramente declarativo- y consiste en la producción por el intérprete (a partir de textos normativos y de los hechos relativos a un caso determinado) de normas jurídicas que deben ser ponderadas para la solución del caso, mediante la definición de una norma de decisión.