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Autonomía personal y tratamiento médico es una obra que tiene el mérito inicial de abordar, desde el Derecho Constitucional, el debate actual sobre la autonomía personal para decidir la aplicación de los tratamientos medicos. En este libro, se concreta el significado y alcance de los derechos fundamentales del paciente y del consentimiento informado con la finalidad de superar definitivamente una medicina virtuosa que pretenda salvarnos de nosotros mismos. En este magnifico libro, el profesor Antonio Rovira, Catedratico de Derecho Constitucional de la Universidad Autonoma de Madrid y ex Defensor del Pueblo de España e.f., se replantea desde la Constitucion, con claridad y contundencia, temas tan actuales como la eutanasia, el suicidio, los tratamientos medicos paliativos porque, como dice el autor, no es lo mismo el derecho constitucional a la vida, que mi vida. Limitar la capacidad de autodeterminacion, en cuanto facultad del individuo para decidir por si mismo lo que le conviene, debe ser la excepcion, ya que, precisamente, es en esta capacidad de crearse a si mismo, de ser individual, donde reside su esencia diferenciadora, porque la cuestion no es como ser curado, sino como deseamos vivir. Autonomia personal y tratamiento medico, denuncia un cierto corporativismo medico que, en ocasiones, defiene ardorosamente la tecnica por encima de la voluntad. Es un libro de rabiosa actualidad y un instrumento necesario para avanzar en la realizacion mas efectiva de nuestros derechos como pacientes.

La sociedad de las comunicaciones exige unos ágiles servicios en este campo, a la vez que impone la exigencia de unas garantías que eviten o que castiguen los accesos y el conocimiento de los diversos tipos de comunicacion por parte de terceros. El art. 18.3 de la Constitucion española garantiza el secreto de comunicaciones, salvo resolucion judicial. Este clasico derecho ha adquirido una especial relevancia en la ultima epoca ante el auge de las nuevas comunicaciones (en particular, telefonia movil y correo electronico). El desarrollo del derecho se ha llevado a cabo de manera significativa a traves de la jurisprudencia ante las deficiencias legislativas, dos veces objeto de condena a España por parte del TEDH (asuntos Valenzuela Contreras y Prado Bugallo). El desarrollo de las comunicaciones en un mundo interrelacionado, a la vez que la incidencia de delitos a gran escala y el terrorismo que se apoyan en las comunicaciones hacen necesaria la creacion de un marco legislativo comun en la Union Europea. La puesta en marcha de medidas para luchar contra estos delitos, implica que cobre protagonismo el siempre dificil equilibrio entre las garantias individuales y la seguridad publica, en definitiva el respeto al Estado de Derecho.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía con el que se afronta con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los profundos cambios geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo. El presente Estatuto se articula como un instrumento jurídico que impulse el bienestar, la igualdad y la justicia social, dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución.

El acceso a los medios públicos de comunicación constituye genéricamente una forma de procurar la participación, directa o indirectamente, de lso sujetos pasivos del proceso comunicativo en la explotción, en la gestión y, en su sentido más propio y genuino, en la programación de estos medios. Los actores pasivos del proceso cambian su posición , mediante la materialización del acceso, convirtiéndose ocasionalmente en sujetos activos de forma directa o influyendo sobre ellos por su efecto participativo, de manera que se amplía el abanico de ideas y opiniones en el foro público de discusión y se incrementa la pluralidad comunicacional, tanto activa como pasiva.

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Este volumen recoge las ponencias y comunicaciones presentadas al V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en Valencia los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006. El tema del Congreso fue La reforma del Tribunal Constitucional. No parece que exija ninguna explicación el hecho de que los Constitucionalistas reflexionen sobre el Tribunal Constitucional, pero hay dos datos que conviene tener presentes para comprender mejor el marco de dicho Congreso. Por un lado, ya han pasado más de veinticinco años desde que se creara y empezara a cumplir sus funciones el Tribunal Constitucional. Después de ese tiempo, resulta bastante pacífica la opinión de que esta institución ha sido, como no podía ser de otra forma, una de las piezas claves del proceso de constitucionalización, y por tanto de democratización, del sistema político español y de nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, es bastante razonable que los Constitucionalistas, a la vista de esa experiencia de más de cinco lustros, se reúnan a reflexionar y discutir sobre el trabajo del Tribunal Constitucional, sus aciertos, sus errores, sus necesidades, etc... Junto a ello, hay otro dato relevante para comprender la celebración de este Congreso. Meses antes de sucelebración, se presentó ante las Cortes Generales un proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional1. Este proyecto, todavía en el momento de redactar estas páginas pendiente de la decisión de sus Señorías (ya Ley Orgánica 6/2007 al ver la luz la publicación), contiene una voluntad de reforma que va mucho más allá de las modificaciones hasta ahora realizadas, centradas en cuestiones más o menos concretas relativas a las competencias (Leyes Orgánicas 8/1984, 4/1985 y 7/1999) o a cuestiones puntuales del funcionamiento de los procesos constitucionales (Ley Orgánica 6/1988)2. En efecto, esta reforma pretende modificar elementos esenciales de 3a jurisdicción constitucional y, en especial, intenta ayudar a resolver el que, según la opinión generalizada, es el mayor de sus problemas: la sobrecarga

En 1808 Napoleón concedía a España su primera Constitución, en la villa francesa de Bayona, destinada a regir una nueva Monarquía satélite del Imperio a cuyo frente se colocaba José Bonaparte. Aunque construida sobre el modelo imperial francés, la participación que el Emperador concedió a los afrancesados, en especial a través de la Junta de Bayona, permitió que el texto contase con algunos elementos nacionales característicos que lo separan de otras cartas otorgadas por Napoleón en Italia, Westfalia, Nápoles, Holanda o Varsovia. La escasa vigencia de la Constitución, debido a la situación bélica por la que atravesaba el país, inmerso en la guerra de la Independencia, no impidió que representase el primer intento de modernizar el Antiguo Régimen español. A la par del reconocimiento expreso de derechos y libertades individuales, la Constitución diseñaba un nuevo entramado institucional, en el que el Monarca se erigía en centro del Estado configurando un modelo autoritario pero también se restablecían las Cortes estamentales y se creaban órganos novedosos, alguno de los cuales, como el Consejo de Estado, influiría en Constituciones sucesivas, en tanto que otros, como el Senado, contaría con unas características muy particulares que no volverían a repetirse en nuestro país. La Constitución de Bayona representa, por tanto, el revés de la Constitución de Cádiz. Fue la Constitución de los perdedores, la de una posibilidad perdida de transitar de forma moderada hacia la España liberal.

Es un hecho palmario que en los últimos años el aumento de la población reclusa ha incorporado un creciente pluralismo religioso en el ámbito penitenciario. Las necesidades cultural-religiosas también son objeto de atencion por parte de los gestores publicos, convirtiendose en un factor cualitativo para lograr una plausible reinsercion social. La legislacion penitenciaria siempre ha contemplado la asistencia religiosa, especialmente la catolica. Pero no ha sido hasta fechas muy recientes que se ha impulsado una nueva normativa -estatal y autonomica- cuyo objeto es la regulacion de las demandas religiosas de las minorias protestante, judia y musulmana. Sin embargo, como institucion juridica propia del Derecho Eclesiastico, sus habituales claves de comprension estan siendo superadas por la realidad. Hoy dia, un adecuado analisis de la regulacion vigente empieza a exigir que se transite de la tradicional asistencia religiosa a la mas amplia libertad de religion penitenciaria, con todas sus consecuencias, agudamente tratadas por el autor de esta monografia.

El binomio libertad de conciencia como libertad de convicción y laicidad constituye una de las columnas de la democracia y de la realización de la persona como identidad singular. La libertad de conciencia se convierte en igualdad en la libertad gracias a la laicidad que, al mismo tiempo, es la unica garantia realmente eficaz del derecho de libertad ideologica y religiosa, fuente inagotable del pluralismo y de la democracia. Este libro pretende hacer un estudio cuidadoso de la relacion entre libertad de conciencia (libertad ideologica y religiosa) y laicidad en tres marcos: Primero, lectura atenta, desde esta perspectiva, de la historia del balanceo entre tolerancia e intolerancia en Occidente, utilizando como esquemas de analisis la correspondencia entere modelos de Estado (confesional, laicista y laico) y tecnicas de relacion entre ordenamientos (remision, reconocimiento de efectos y presupuesto); Segundo, estudio de esa relacion en los ordenamientos juridicos de los paises de la Union Europea desde la perspectiva dinamica a la que alude la expresion "tradiciones constitucionales comunes"; y, tercero, analisis de esa relacion en el ordenamiento juridico español (historico y vigente) prestando especial atencion, en este ultimo caso, a la jurisprudencia constitucional.

Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas Universitarias en las que se imparten asignaturas de Derecho constitucional y de introducción a nuestro sistema constitucional y a nuestro ordenamiento juridico. Sus autores son profesores de las Universidades de Extremadura, Granada, Malaga y Las Palmas, con un alto grado de especializacion en los temas de cuya redaccion se han encargado. En este segundo volumen se analizan el sistema de derechos y libertades asi como las instituciones y los organos constitucionales.

El libro es un amplio estudio de las leyes autonómicas que regulan las uniones de hecho; parte de un planteamiento constitucional d ela cuestión con un estudio de la incidencia que sobre la materia ha tenido la Ley 5/2005, de 1 de julio asi como del derecho comparado (La regulacion de las diferentes Constituciones y en las legislaciones de los paises de nuestro entorno y en la propia Union Europea, con un estudio de las directivas sobre la materia. Se analiza la situacion en nuestro pais, la evolucion de una fallida ley de parejas de caracter estatal, el encaje constitucional de las uniones de hecho entre la regulacion del matrimonio y de la familia asi como toda la jurisprudencia constitucional. El libro tiene un caracter eminentemente doctrinal, aunque debido a la estructura que tienen puede facilitar el conocimiento de estas cuestiones tambien a las personas profanas que se acerquen a ellas intentado encontrar respuestas sobre temas que afectan, en muchas ocasiones al ambito personal, y que se complican al existir regulaciones diversas en las distintas Comunidades Autonomas.

I. El sistema de fuentes del derecho. Principios constitucionales II. La Constitución cono norma jurídicaIII. La Ley: Ley Ordinaria y Ley Orgánica IV. La postestad normativa del poder ejecutivo: los actos del gobierno con fuerza de ley y la potestad reglamentariaV. Otras fuentes del derecho VI. LOs tratados internacionales y el vigente derecho de la Union EuropeaVII. De una Constitucion para Europa al nuevo Derecho de la Union Europea ANEXO: Relacion de Sentencias del Tribunal Constitucional sobre las Fuentes del Derecho.

Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.