Libros de Derecho Constitucional, página 61 de 229

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El propósito al emprender este trabajo ha sido intetar clarificar cuáles de las formas de participación existentes a nivel local podrían gozar de la protección del art. 23.1 CE. Se ha intentado realizar una interpretacion lo mas amplia y generosa posible de este precepto, para dar cabida al mayor numero concebible de institutos de participacion ciudadana. Por otra parte, queda al margen de este estudio la institucion del referendum local.

“Daniel Bonilla pone a dialogar el trabajo desarrollado por algunos de los más importantes teóricos políticos contemporáneos en torno al multiculturalismo y las decisiones de la Corte Constitucional

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía con el que se afronta con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los profundos cambios geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo. El presente Estatuto se articula como un instrumento jurídico que impulse el bienestar, la igualdad y la justicia social, dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución.

La sociedad de las comunicaciones exige unos ágiles servicios en este campo, a la vez que impone la exigencia de unas garantías que eviten o que castiguen los accesos y el conocimiento de los diversos tipos de comunicacion por parte de terceros. El art. 18.3 de la Constitucion española garantiza el secreto de comunicaciones, salvo resolucion judicial. Este clasico derecho ha adquirido una especial relevancia en la ultima epoca ante el auge de las nuevas comunicaciones (en particular, telefonia movil y correo electronico). El desarrollo del derecho se ha llevado a cabo de manera significativa a traves de la jurisprudencia ante las deficiencias legislativas, dos veces objeto de condena a España por parte del TEDH (asuntos Valenzuela Contreras y Prado Bugallo). El desarrollo de las comunicaciones en un mundo interrelacionado, a la vez que la incidencia de delitos a gran escala y el terrorismo que se apoyan en las comunicaciones hacen necesaria la creacion de un marco legislativo comun en la Union Europea. La puesta en marcha de medidas para luchar contra estos delitos, implica que cobre protagonismo el siempre dificil equilibrio entre las garantias individuales y la seguridad publica, en definitiva el respeto al Estado de Derecho.

Texto de la Constitución española, aprobada por las Cortes Generales del Estadoel 31 de octubre de 1978. Corresponde a la versión oficial catalana y contiene un índice sistemático y otro analítico.

El Estatuto de Andalucía de 1981, pese a ser una importante referencia para autoridades públicas y para juristas, no establecía una vinculación directa e inmediata con la ciudadanía. De ahí que sus lectores habituales fueran las personas que tenian que trabajar en el ambito de la Administracion con cuestiones competenciales e institucionales. Por el contrario, el Estatuto de 2007 esta destinado a tener una mayor difusion y un alcance mucho mas amplio. La vinculacion de los poderes publicos autonomicos a una tabla de derechos estatutaria le otorga una vida propia al Estatuto convirtiendolo, dentro del marco constitucional, en la norma fundamental no solo de la Junta de Andalucia, sino tambien de la sociedad andaluza. La edicion conjunta de la Constitucion Española de 1978 y del Estatuto de Andalucia de 2007 asume la realidad de este nuevo Estatuto ofreciendo asi a juristas, instituciones y ciudadania andaluza una vision completa de las normas fundamentales que definen el marco constitucional y estatutario de Andalucia.

Muñoz Martín, Francisco Javier; Valdivieso Blanco, María (trad.) Este libro de Jean-Claude Piris reúne las características que desde siempre han marcado su trabajo al frente del Servicio Jurídico del Consejo de la Union Europea y que tan bien conocemos quienes hemos tenido la fortuna de colaborar con el en el seno de esta institucion europea: rigor en el analisis juridico, fina sensibilidad politica, independencia, valentia y capacidad de sintesis. El capitulo final del libro es modelico en este sentido y podria incluso convertirse en un clasico de la enseñanza del Derecho y las instituciones europeas. Su lectura descubrira una presentacion extremadamente condensada de lo que la Union Europea no es, asi como de lo que efectivamente es y posiblemente seguira siendo. INDICE (Resumen): Los referendos negativos de Francia y los Paises Bajos de mayo y junio de 2005. El proceso que condujo al Tratado constitucional. Modificaciones introducidas en la arquitectura de los tratados y en los procedimientos. Modificaciones introducidas en las instituciones. Modificaciones de fondo. Evaluacion general y perspectivas de futuro. ¿Cual es la finalidad de la Union?¿Esta llamada a convertirse en un estado federal?

El principio del Estado Social es el fundamento de una acción normativa que atienda a la igualdad y las condiciones de vida. A partir de esta premisa, siguiendo a la mejor doctrina continental europea sobre este tema, el autor realiza un exhaustivo analisis acerca de su significado e implicaciones juridicas, con especial referencia a la situacion constitucional española, afirmando que si el principio del Estado de Derecho limita la actividad del Estado y el principio Democratico legitima el caracter abierto al futuro, el principio del Estado Social impone a todos los poderes publicos la tarea de contribuir a la formacion social, al tiempo que les obliga a respetar el programa del Estado de bienestar social y los objetivos de igualdad material y justicia social.

Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

Este libro se ocupa de cómo se han de entender los derechos fundamentales en el marco del Estado social y democrático de Derecho, conforme a lo previsto en el artículo 1.1. de la Constitución española. La conclusion a la que se llega es que se deben acoger los objetivos y caracteres de cada uno de esos modelos de Estado de forma compatibilizadora. A partir de esta idea, se considera que la cuestion del deficit de las garantias de los derechos fundamentales es el principal problema que hay que superar

La interpretación del derecho tiene un carácter constitutivo -y no meramente declarativo- y consiste en la producción por el intérprete (a partir de textos normativos y de los hechos relativos a un caso determinado) de normas jurídicas que deben ser ponderadas para la solución del caso, mediante la definición de una norma de decisión.