Libros de Derecho Constitucional, página 7 de 229

Esta obra recoge, debidamente concordados, los textos completos de la COnstitución Española de 1978 y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, actualizada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Ambos textos incluyen un amplio índice analítico.

Una colección sobre las Constituciones españolas resultaría incompleta sin la inclusión de la Constitución de 1978. Aunque muchos fuimos testigos de su nacimiento, el tiempo transcurrido ya desde la transicion y desde la aprobacion de la Constitucion aconseja retomar ese periodo y, de esta forma, situar a la Norma suprema en su contexto historico. Muchas veces se ha dicho que la Constitucion es fruto del consenso. Esto es, en gran parte, verdad, pero sin saber quienes eran esas fuerzas, cuales sus motivaciones e influencias, asi como las circunstancias que caracterizaron el periodo no se alcanzara a comprender el peculiar proceso constituyente y las notas definitorias del texto constitucional. Al estudio y al texto original de la Constitucion se acompañan las disposiciones aprobadas durante la transicion y el periodo constituyente, asi como fragmentos de los debates parlamentarios y de escritos de algunos de los protagonistas y de periodicos de la epoca. De esta manera, se ofrece una vision general de la Constitucion, que no esta especificamente destinada a los juristas profesionales, y que pretende servir de guia para adentrarse a los rasgos que definen a nuestro texto constitucional. En definitiva, el lector podra acercarse a lo largo de esta obra a las claves que explican el contenido y el marco en el cual se fraguaron nuestras principales instituciones.

Encuadernado en similcuero flexible. 2ª edición de 1993 (reimpresión, 2000). Incluye un índice de contenidos.

Jorge Horacio Gentile moderniza su obra en esta edición. Como bien dice en el prefacio "algunas cosas han cambiado en el Congreso de la Nación, en el concepto que los ciudadanos tienen de esta institucion, en los medios de comunicacion que transmiten lo que en la misma ocurre, en la politica, en las universidades, en el derecho, en la jurisprudencia de los tribunales, en la comunidad juridica donde se estudian e investigan los temas parlamentarios, y hasta en la madurez y experiencia del autor de este libro, que ameritan actualizar, agregar y hasta (en algunos casos) corregir lo que en el mismo esta escrito

Toda Constitución escrita es obra de un Poder constituyente, que puede ser soberano o tener un poder limitado a este único objeto. Las asambleas de los estados americanos que hicieron las primeras Constituciones eran Convenciones soberanas (Convention), en tanto la "Convencion" de Filadelfia (1767) era una asamblea constituyente cuyo trabajo requeria el refrendo de las asambleas de los estados de la Union para su promulgacion. La Asamblea Nacional francesa se declaro constituyente y actuo como una Convencion al aprobar, sin esperar a la Constitucion, un procedimiento para la sancion y publicacion de las leyes y utilizaron la presion de la calle para obtener la sancion. Y Luis XVI se vio limitado a "aceptar" en lugar de sancionar la Constitucion de 1791. En España, la Junta Central asumio la soberania y dividio el proceso constituyente en dos partes. Una Comision de Cortes se ocupo de la creacion del Poder constituyente: las Cortes generales y extraordinarias. Una Junta de legislacion prepararia el proyecto constitucional que, una vez revisado por la Comision y la Central seria sometido a la aprobacion de las Cortes. Aquella, apenas habia iniciado su trabajo cuando la invasion de Andalucia por los franceses, obligo a la Junta a renunciar su poder en un Consejo de Regencia, despues de convocar las elecciones. En vez de aprobar el proyecto de la Central, las Cortes de Cadiz se proclamaron soberanas, asumieron el Poder constituyente e iniciaron de nuevo el proceso hasta la aprobacion de la Constitucion de 1812, que incorporaba las aportaciones constitucionales anteriores: el parlamentarismo britanico, la division de poderes americana y la soberania nacional francesa, secuencia a la que aporto la idea del Estado-Nacion.

En este segundo volumen del Curso de Derecho Constitucional, el profesor Álvarez Conde analiza dos grandes temas: por un lado, la posición de los poderes y órganos constitucionales del Estado (Monarquia, Cortes Generales, gobierno, Poder Judicial y Tribunal Constitucional) y, por otro, la problematica y evolucion de nuestro Estado autonomico.El metodo seguido en su exposicion, las fuentes de conocimiento utilizadas, con especial referencia a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, y el riguroso analisis de la practica politica seguida hasta ahora avalan la seriedad del presente analisis.

Encuadernado en similpasta española o guaflex azul. 3ª edición (1985, reimpresión, 1994).

Las libertades de expresión e información son, en la actualidad, derechos constitucionales que aparecen específicamente previstos, reconocidos y protegidos en el artículo 20 del Texto Constitucional. Sin embargo, como cualquier otro derecho, estos tienen sus limites o limitaciones, que vienen establecidas en el articulo 18 de la Constitucion: se trata de los derechos a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen. Cuando deben prevalecer unos u otros derechos, es un tema complejo y debatido, debiendo llevarse a cabo un juicio de ponderacion entre los derechos implicados, de forma que se analice supuesto a supuesto, y, de este modo, se llegue a un equilibrio, tanto en el marco juridico, cuanto en el ambito social. En un Estado social y democratico de Derecho, como lo es el nuestro, las libertades de expresion e informacion han de estar expresamente protegidas, pero no es menos cierto que un abuso de estos derechos y libertades puede llegar a ser incluso antidemocratico, pugnando con otros derechos, tambien constitucionales, que la persona ha de tener reconocidos, como la intimidad, el honor y la imagen. En esta obra se intenta una aproximacion a esas limitaciones a las libertades de expresion e informacion, haciendo especial hincapie en aquellas situaciones en las que la persona, por determinadas circunstancias, tiene disminuido su umbral de intimidad. Por ejemplo, personajes publicos o famosos.

La respuesta de los Estados democráticos al terrorismo se suele plantear en términos de debate entre libertad y seguridad. Sin embargo, este planteamiento no es correcto. En los Estados democráticos, libertad y seguridad no son dos conceptos opuestos, sino vinculados. El Estado, que tiene el monopolio de la violencia legitima, es el unico ente con capacidad de proporcionar seguridad a toda la ciudadania. Sin embargo, la seguridad no es un fin en si mismo, sino un medio para garantizar las condiciones que hagan posible el desarrollo de la vida en libertad. En ultimo termino, la garantia de la libertad es, tambien, la garantia de la seguridad del individuo frente al poder del Estado. El terrorismo global supone un desafio para el Estado democratico en varios sentidos. Por una parte, pone en discusion el monopolio de la violencia propio del Estado. Pero, por otra parte, plantea el peligro de que el Estado democratico se desnaturalice, si su respuesta al terrorismo llega al extremo de poner en peligro el sistema de libertades. La respuesta al terrorismo, por tanto, tiene que ser ponderada. La cuestion reside en saber donde colocar el fiel de la balanza. Este libro ofrece al lector un marco para la comprension de las medidas antiterroristas adoptadas por muchos Estados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El libro detalla la respuesta al terrorismo global proporcionada por Estados Unidos, Reino Unido, Canada, Francia y las instituciones de la Union Europea. Junto a ello, y ya en nuestro ambito, se examina la singularidad que supone utilizar la ilegalizacion de partidos politicos como instrumento de lucha contra el terrorismo

Coords. Josep Mª Castellà Andreu, Sébastien Grammond. Las sociedades occidentales cada vez perciben la diversidad o el pluralismo como rasgo característico de su identidad. De ahí que resulte oportuno comparar las respuestas que dan los ordenamientos jurídicos de Canadá y España a las demandas procedentes de la diversidad territorial a través del federalismo o el Estado autonómico, y a los desafíos que se plantean desde el pluralismo social, con particular atención a las minorías religiosas y grupos homosexuales. Muchas veces, las demandas sociales y territoriales inciden en el ejercicio de derechos fundamentales. Este libro se centra sobre todo en la interrelación entre organización territorial del poder y derechos (derechos estatutarios, derechos lingüísticos), en las diversas formas de proteger la libertad religiosa y en las transformaciones del derecho privado, particularmente del derecho de familia. La obra colectiva es fruto de la colaboración entre profesores de Derecho constitucional, Derecho civil y Derecho internacional público, especialmente de la Universidad de Ottawa y de la Universidad de Barcelona.

A lo largo de la historia de México, la Constitución ha sido mucho más que un conjunto de leyes y normas: es también, y muy especialmente, un proyecto político, un ideal de nación. Tan es así, que es posible leer el proceso histórico de conformación y consolidación del Estado en las leyes fundamentales que han regido su destino. El análisis que Serrano Migallón emprende aquí va más allá del estudio de la Constitución de Apatzingán y la Constitución de 1824. La historia jurídica de México se origina en los códigos culturales jurídico-políticos de la monarquía española del siglo XIX. Este libro da cuenta de este proceso de nacimiento y muerte de las constituciones de México, es decir, cómo y por qué se sucedieron los diversos estatutos jurídicos y políticos de 1808 a 1917. Cada Carta Magna nos habla de un contexto en que se enmarca su promulgación, pero sobre todo, del país que los diputados de cada Congreso Constituyente soñaron construir.

La regulación de derechos de los ciudadanos en los actos normativos reguladores de los entes descentralizados (Constituciones o Estatutos) en los Estados compuestos es un elemento que ha sido objeto de multiples reflexiones, pero se trata de una constante conectada al sistema de distribucion de competencias. La finalidad del trabajo ha sido realizar un estudio de dichos derechos en union de los distintos titulos competenciales que les sirven de soporte para su articulacion en dichos actos normativos creadores y reguladores de los entes descentralizados a partir de tres sistemas distintos (España. Italia y R. F. de Alemania), es decir, centrando el estudio en los distintos ambitos materiales que regulan dichos derechos y sus interrelaciones con las competencias que pertenecen y ejercen dichos entes. En este sentido, la idea central que se ha utilizado, ha sido tratar de determinar que los derechos denominados estatutarios, regionales o incluso los de los Lander no son concebidos en un sentido subjetivo, sino que su dependencia de unas reglas competenciales ocasiona que exclusivamente puedan analizarse como principios objetivos, requiriendo en todo caso un despliegue normativo y una implementacion por los poderes constituidos para que efectivamente puedan considerarse plenamente derechos subjetivos.

En esta obra, el Profesor Pablo Nuevo aborda el estudio de los derechos educativos en la Constitución Española desde la perspectiva de la contribución de la libertad educativa a la integración en una sociedad plural. El punto de partida de este obra lo constituye una reflexion sobre la integracion de los ciudadanos en el Estado, en el contexto de las sociedades occidentales contemporaneas, marcadas por un creciente pluralismo de valores.

Integran este libro cinco capítulos, que corresponden a otras tantas indagaciones sobre el significado y problemática actuales del Estado constitucional: La metamorfosis del sistema de los Derechos Fundamentales en el Estado constitucional, Los valores constitucionales de Europa, La tutela del medio ambiente con fin del Estado constitucional, La tarea de juzgar en el Estado constitucional y Las funciones del Defensor del Pueblo en el Estado constitucional.

Esta obra intenta abordar el tema de la igualdad, en su primera parte, desde el análisis del art. 14 CE y en relación con los diferentes grupos sociales. En su segunda parte, en relación con la distribucion territorial del Estado, y las recientes reformas estatutarias. El derecho de igualdad se ha visto proyectado sobre todo en la aplicacion judicial, desde la posicion antidiscriminatoria que refleja el art. 14 CE. Las leyes discriminatorias son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, en tanto que aquellos actos discriminatorios se anulan por ser tambien contrarios al derecho de igualdad. La etnia, el sexo, la religion, y cualquiera otra condicion personal o social, no pueden ser objeto de una diferencia de trato que no este justificada. En el libro se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dictada en aplicacion del art. 14 CE. Con una especial consideracion hacia el trato derivado del genero, que constituye una causa de discriminacion muy importante en la sociedad. La segunda parte contiene una analisis de la igualdad desde la posicion territorial del Estado. El hecho diferencial invocado por algunas CCAA en relacion con la necesaria igualdad basica regulada en el art. 149.1.1 CE exige un estudio de los parametros en los que puede desenvolverse esta relacion, sobre todo a la luz de la reciente revision estatutaria.

Esta edición incluye en su anotación concordancias, entre otras, a las siguientes normas: Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN; Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deduccion por nacimiento o adopcion en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la prestacion economica de pago unico de la Seguridad Social por nacimiento o adopcion; Ley Organica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecucion extraterritorial del trafico ilegal o la inmigracion clandestina de personas; Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcion internacional; Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine; Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informacion; Por otra parte, se actualizan los indices de Sentencias del Tribunal Constitucional, añadiendose las dictadas en el año 2008.

Amplia selección de Sentencias del Tribunal Constitucional relativas a las materias principales sobre las que se ha pronunciado.

En El proceso de disolución de partidos políticos se realiza un análisis jurídico-procesal de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y, concretamente del procedimiento especial ante la Sala tambien especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, a la cual se le atribuye competencia para la ilegalizacion de partidos politicos por la realizacion por parte de los mismos de actividades contrarias a los principios democraticos o por poseer un funcionamiento o estructura incompatibles con tales principios. A lo largo del libro se va desgranando la regulacion procesal de la LOPP y la cuantiosa jurisprudencia dictada al efecto tanto por el Tribunal Constitucional como por el propio Tribunal Supremo, a raiz de la ilegalizacion de los partidos politicos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, asi como de aquellos otros fuesen juridicamente partidos, o se configurasen como agrupaciones de electores que han sido posteriormente disueltos por considerarse sucesores fraudulentos de los anteriores. En la realizacion de esta labor se han procurado resolver los asuntos juridicamente mas polemicos que, desde el punto de vista procesal, ha suscitado la Ley de Partidos: naturaleza juridica del proceso de ilegalizacion, atribucion de la competencia a la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, alcance de la ejecucion de la sentencia de disolucion, la sucesion fraudulenta del partido disuelto, la posibilidad de rehabilitacion de los partidos ilegalizados, etc.; poniendo de manifiesto, la imperfeccion tecnica en muchos aspectos de la Ley y la no siempre a juicio del autor acertada aplicacion de la misma por parte de los maximos organos jurisdiccionales del Estado.