Libros de Derecho Penal, página 12 de 337

Iniciamos con el presente volumen una serie de libros de casos prácticos de Derecho penal dedicados respectivamente a la introducción y las consecuencias jurídicas del delito (el que el lector tiene ahora en sus manos), a la teoria juridica del delito, a la parte especial del Derecho penal y al Derecho penal economico-patrimonial. Los cuatro volumenes vienen a coincidir con las cuatro materias de contenido penal que se imparten en el Grado en Derecho de la Universidad de Leon. Y ello porque estos libros estan pensados basicamente para nuestros alumnos de Derecho, si bien nos agradaria que fueran utiles para estudiantes de otras titulaciones o de otras universidades, opositores, profesionales, etc. Hemos optado por un modelo sencillo que responda a lo que mas nos han solicitado nuestros estudiantes: tener un buen numero de casos para ejercitarse en su resolucion. Por ello, no se realiza una extensa ni profunda explicacion de como se resuelven casos practicos de Derecho penal y mucho menos se introducen consideraciones teoricas, doctrinales, jurisprudenciales, etc. Simplemente se ofrecen unos pequeños consejos para enfrentarse a la resolucion de un caso y unos pocos (muy pocos) casos resueltos a modo de ejemplo. El resto son supuestos para resolver. Tales supuestos pueden ser inventados o reproducir con mayores o menores modificaciones supuestos reales (en cuyo caso se indica expresamente). Este primer volumen es bastante peculiar, pues, al desconocer los estudiantes la teoria del delito y la parte especial del Derecho penal, no es posible enfrentarlos a casos complejos con muchas cuestiones que resolver. De hecho, muchos temas de la materia no se prestan a la resolucion de casos practicos.

El terrorismo es uno de los ataques más graves a la seguridad de cualquier sociedad. Cada Estado ha de adoptar las medidas necesarias para combatir eficazmente los delitos de terrorismo, porque no sólo constituyen un peligro para las instituciones del Estado democrático, sino también una seria amenaza al conjunto de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta claro que los esfuerzos por combatir el terrorismo -nacional o internacional- no justifican que se vulneren los derechos fundamentales o que sean abolidas las garantías esenciales del proceso penal. Este libro aborda desde distintas perspectivas algunos de los retos que el terrorismo plantea para la investigación penal y para el sistema de garantías procesales: por ejemplo, y entre otros, la incomunicación de detenidos, los secretos de Estado o la función de la información de inteligencia en el proceso penal. El presente estudio no se limita al panorama jurídico español, sino que también analiza críticamente las medidas adoptadas en otros ordenamientos en materia de lucha contra el terrorismo, con la intención de contribuir al debate acerca de qué concesiones o excepciones en materia de derechos fundamentales resultan aceptables para garantizar la seguridad frente al terrorismo.

El fenómeno del mobbing o acoso inmobiliario aumenta cada año de la mano de la especulación y afecta de manera especial a los inquilinos de avanzada edad que viven en inmuebles de renta antigua, en muchos casos inferior a los 100 euros mensuales. Esta modalidad de mobbing no es nueva en nuestro pais ni fuera de el. La Ley de reforma del Codigo Penal de 1995, que entro en vigor tras su publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE) el 23 de junio de 2010, tipifica como delito el acoso inmobiliario las conductas acosadoras en el ambito de la vivienda, dada su proliferacion en la ultima decada. Este tipo de comportamientos de propietarios hacia arrendatarios habian carecido de sanciones legales hasta la fecha. Sin embargo, distintas sentencias judiciales contra el tambien llamado mobbing inmobiliario han manifestado la necesidad de una regulacion penal especifica para luchar contra ellas.

Delimitación conceptual del conocimiento de la antijuridicidad. Necesidad del conocimiento de la antijuridicidad. Contenido del conocimiento de la antijuridicidad. Configuración sistemática del error

Da cuenta de la instancia penitenciaria con una compilación de artículos que van desde lo genealógico hasta el deber ser del control, pasando por el ser de las cárceles en nuestro margen.

La obra contiene estudios doctrinales y resoluciones judiciales sobre la ciberdelincuencia, sus manifestaciones y lucha contra la misma. Para una mejor consulta, las distintas temáticas analizadas estan estructuradas en un sumario de navegacion. Las agresiones realizadas contra medios o sistemas informaticos o a traves de los mismos ha dado lugar a una pluralidad de figuras delictivas y al acuñamiento de nuevos terminos tales como hacking, cracking o grooming, impensables en la delincuencia clasica. En definitiva, una obra que trata de recoger la doctrina y jurisprudencia mas relevante sobre el giro radical que ha experimentado la delincuencia tradicional derivada de las nuevas tecnologias y la respuesta exigida al Derecho Penal sustantivo y Procesal.

En la presente monografía se realiza un análisis jurisprudencial del delito de conducir sin permiso..

Este volumen contiene las siguientes disposiciones:- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.- Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial.- Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.- Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Organico del Ministerio Fiscal.Se incluye, ademas, una relacion de las modificaciones introducidas en los citados textos y un indice de conceptos que facilita la consulta de la obra.

): Es un lugar común denunciar el exceso de legislación y de normativa en general, siendo muy variadas las imágenes con las que se ha querido describir esta situación de hipertrofia legislativa: ex

CÓDIGO PENAL

El tratamiento de la problemática que gira en torno a la participación por omisión es uno de los temas más complejos de la teoría jurídica del delito. En concreto el objeto de esta investigación se centra en esclarecer si son penalmente relevantes determinadas omisiones que pueden verse involucradas en la comision de un hecho doloso llevado a cabo por un autor que ostenta el dominio del hecho. Ello exige indagar en el problema de la determinacion del criterio en virtud del cual afirmamos que una omision adquiere el significado de formar parte del hecho delictivo y existe, por lo tanto, una referencia de sentido delictivo comun, de modo que la conducta del participe se manifiesta como una contribucion al hecho al favorecer la comision de un hecho doloso realizado por un tercero, subsumible en el articulo 28, segundo parrafo, del Codigo penal que establece que tambien seran considerados autores los que cooperan a la ejecucion de un hecho con un acto sin el cual no se habria efectuado, o en el articulo 29 del mismo texto legal segun el cual son complices los que, no hallandose comprendidos en el articulo anterior, cooperan a la ejecucion del hecho con actos anteriores o simultaneos. Por el contrario, si dicha omision no adquiere el significado de formar parte del hecho delictivo merecera, en su caso, su valoracion como un delito de omision pura contemplado en los articulos 195 (omision del deber de socorro) o 450 (omision del deber de impedir determinados delitos) del Codigo penal en grado de autoria.

Este volumen contiene las siguientes disposiciones:- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.- Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial.- Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales.- Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Organico del Ministerio Fiscal.Se incluye, ademas, una relacion de las modificaciones introducidas en los citados textos y un indice de conceptos que facilita la consulta de la obra.

La Constitución Española, en su artículo 25.2, establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social; estos fines se deben conseguir mediante el tratamiento penitenciario que consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecucion de la reeducacion y reinsercion social de los penados, y como el tratamiento penitenciario se ha de efectuar de forma individualizada, despues de la observacion de cada penado, se realizara su clasificacion, se realizara su clasificacion penitenciaria destinandole al establecimiento que sea el mas adecuado para la ejecucion de su programa especifico de tratamiento. No cabe duda que los establecimientos de regimen abierto son los mas adecuados para el ejercicio pleno del tratamiento resocializador.El regimen abierto es una forma de cumplimiento de la pena de prision en semilibertad, una mezcla equilibrada entre el internamiento y la libertad vigilada, que esta recogida en la legislacion comparada de otros paises con la denominacion de prision abierta, careciendo de obstaculos fisicos contra la evasion e inspirada en el principio de autorresponsabilidad de los penados.Esta modalidad de cumplimiento tiene la virtud principal de ofrecer un periodo intermedio entre la prision ordinaria y la libertad, y sirve de preparacion para la plena incorporacion del penado a la vida social, por lo que es un instrumento indispensable en un sistema sancionador orientado a la resocializacion.A las prisiones abiertas son destinados los penados clasificados en tercer grado, los requisitos legales para acceder al mismo han sido modificados por la L.O. 7/2003, de 30 de junio, y la L.O. 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Codigo Penal. A lo largo de este libro investigamos la clasificacion en tercer grado, el regimen abierto y las diversas formas de cumplimiento fuera de prision, asimismo proponemos las posibles mejoras a introducir para alcanzar la finalidad reinsetadora establecida en nuestra Constitucion.

El delito culposo. La misión del derecho penal……

La sociedad sobremoderna de la globalización, en la que en gran medida las corporaciones han reemplazado funcionalmente a los Estados en la configuración del orden normativo, ha entrado en el S. XXI sumida en una crisis de proporciones mundiales que excede lo meramente economico, pues trae causa de un origen bien distinto. Las debacles financieras sufridas por grandes compañias norteamericanas como Enron, WorldCom, Tyco o Adelphia revelan no solo un casuismo de ingenieria contable y practicas fraudulentas aisladas en cuanto a mecanicismos propios de una tecnica economica "de moda", sino la profunda afectacion de la cultura misma de gobierno corporativo exportada ejemplarmente y durante decadas por la hasta ahora considerada primera potencia. Este trabajo analiza el origen, la naturaleza y las dimensiones del fenomeno en cuestion a partir del estudio de la "experiencia piloto" que implico a la compañia petrolera estadounidense Enron Corporation y la consultora y auditora Arthur Andersen a finales de 2001, asi como de la respuesta legal que articulo con urgencia el Gobierno de los EEUU a traves de la promulgacion de la Sarbanes-Oxley Act en 2002, y de la reaccion extralegal que impulsaron los propios agentes del mercado mediante el reforzamiento de los instrumentos de gobierno corporativo. Todo ello con el fin de poner de manifiesto la insolvencia que aqueja al Ordenamiento juridico-penal español de cara a hacer frente a eventuales formas de ataque a la veracidad y seguridad en la informacion societaria similares a las acontecidas al otro lado del Atlantico y en el marco de una cultura corporativa que a priori se concebia comunmente como "mas saludable y segura" que la nuestra. En este sentido, se incorpora en esta obra una lectura de la teoria de los sistemas sociales y de las formulas de autorregulacion a la interpretacion del autor de los caracteres informadores del Derecho penal economico actual. Y, mas concretamente, a la interpretacion del delito de falsedad en la informacion societaria recogido en el art. 290 del Codigo Penal español, en cuanto principal instrumento con el que cuenta nuestro Derecho penal para combatir la inveracidad documentada sobre la documentacion de las empresas.

Se aborda un novedoso análisis de la protección penal de la Hacienda Pública desde una perspectiva integral, abarcando los delitos de malversación, y de gran actualidad. La reciente Ley Orgánica 7/2