Libros de Derecho procesal. Procedimiento civil, página 2 de 78

Ley de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 3 de Febrero de 1881 de promulgación de la ley de Enjuiciamiento Civil. Poder Judicial. Conflictos Jurisdiccionales. Asistencia gratuita. Asistencia jurídica al Estado e Instituciones Publicas. Arbitraje. Mediacion en Asuntos Civiles y Mercantiles. Registro Cntral de Rebeldes Civiles. Deposito y Consignaciones judiciales. Indice analitico

El actual estadio de desarrollo del Estado de Derecho exige celeridad en la función jurisdiccional y requiere también cada vez más que el juez legitime constitucionalmente el ejercicio de su función mediante la concreta motivación de sus decisiones. Dicha manifestación puede ser fruto de una reacción social a un poder que históricamente se ha mantenido alejado de las presiones sociales que suelen recaer sobre los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En el caso de los jueces y magistrados, la presión social en cuanto a la legitimación del ejercicio jurisdiccional tiende a incrementarse por el hecho de que no están sometidos al sistema electoral representativo. Los dictámenes periciales suelen utilizar diversas piezas del rompecabezas procesal o bien ocultar aquellas que puedan ser desfavorables a los intereses de una de las partes; al juez compete la ardua tarea de identificar las piezas correspondientes de acuerdo con las reglas del juego, apuntando incluso las piezas eventualmente omitidas o añadidas por una o ambas las partes. Para ello, el juez necesita analizar individualmente cada dictamen pericial de manera pormenorizada para poder concluir en el sentido de su admisión o rechazo.

Una de las novedades de la LEC fue realizar una regulación unitaria de las medidas cautelares en los artículos 721 a 747 LEC. De esta forma se concretaba la exigencia expresada por el Consejo General del Poder Judicial y por la doctrina de forma unanime durante la vigencia de la LEC de 1881. El objeto de esta monografia es revisar la problematica suscitada despues de mas de diez años de la entrada en vigor de la LEC. Para ello se realiza un completo analisis doctrinal y jurisprudencial con la finalidad de aportar soluciones eficaces a los problemas procesales que ha planteado la interpretacion y aplicacion de la regulacion de la LEC sobre las medidas cautelares.

La presente edición, anotada y puesta al día, incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Boletín Oficial del Estado número 167, de 14 de julio de 1998), con las modificaciones introducidas por las Leyes 50/1998, de 30 de diciembre; 41/1999, de 12 de noviembre; 1/2000, de 7 de enero; 62/2003, de 30 de diciembre; 15/2007, de 3 de julio; 13/2009, de 3 de noviembre; 34/2010, de 5 de agosto; 2/2011, de 4 de marzo; 37/2011, de 10 de octubre, y 9 y 10/2012, de 14 y 20 de noviembre, asi como por las Leyes Organicas 4/2003, de 21 de mayo; 19/2003, de 23 de diciembre; 7/2006, de 21 de noviembre; 3/2007, de 22 de marzo; 1/2009, de 3 de noviembre, y 1/2010, de 19 de febrero, y los Reales Decretos-leyes 11/2011, de 26 de agosto, y 24/2012, de 31 de agosto.El texto esta acompañado de un prologo explicativo del alcance de esa importante Ley, ademas de un indice analitico de materias que facilita la consulta del articulado.

Las medidas cautelares y las ejecutivas son homogéneas y requieren soluciones unitarias. En esta obra se sistematizan aquellos aspectos comunes en la dinámica de cualquier medida que debiera regulars

Pretende la presente obra ofrecer unos particulares comentarios acerca de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción vigente, que regulan el llamado recurso de apelación desde la vertiente de la practica diaria de los Tribunales de Justicia, tanto en su tramitacion ante los Juzgados de Instancia, como en las Audiencias Provinciales, y dar respuesta a las dudas que mas habitualmente se han suscitado en la ordenacion del recurso; acompañando un conjunto de los formularios mas utilizados.

En el Memento Procesal Civil 2013 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que le permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdiccion. En el se analizan de forma detallada, practica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la practica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrara facilmente, al instante, toda la informacion necesaria para dominar cualquier procedimiento de la jurisdiccion civil. Una herramienta rigurosamente actualizada, en el que se incluyen las numerosas novedades legislativas ocurridas desde la publicacion de la edicion anterior, y entre las que destacan: - RDL 3/2012 y L 3/2012. Reforma laboral en lo que afecta a los limites del proceso civil. - RDL 5/2012 y L 5/2012. Mediacion en asuntos civiles y mercantiles. Reforma diversos aspectos de la LEC. - RDL 6/2012. Proteccion de deudores hipotecarios frente a la ejecucion. Codigo de buenas practicas de las entidades de credito. Procedimiento ejecutivo extrajudicial sobre la vivienda habitual del deudor. - RDL 24/2012, de reestructuracion y resolucion de entidades de credito, con incidencia en aspectos procesales civiles. - Etc. Se act...

La hipoteca, derecho real limitado de garantía, otorga a su titular la facultad de realización del bien hipotecado cuando se produjera el incumplimiento imputable al deudor. En este sentido, el acreedor dispone de diferentes acciones o tutelas dirigidas a la proteccion de sus derechos crediticios cuyo analisis es objeto de la presente obra. Concretamente se examina tanto el procedimiento extrajudicial de ejecucion hipotecaria como los procedimientos judiciales de ejecucion ordinaria y de ejecucion hipotecaria.Especial referencia se efectua a la ejecucion hipotecaria -cuya nota definidora es la realizacion del bien objeto de hipoteca a fin de resarcir al acreedor de la deuda reclamada-, toda vez que se profundiza en sus requisitos procesales, tramitacion, asi como en los mecanismos de defensa y oposicion del demandado ante la accion ejecutiva y en la proteccion de terceros afectados por la ejecucion.

El artículo 156 párrafo segundo del Código Penal regula la posibilidad de que pueda pedirse autorización judicial para proceder a la esterilización de un incapacitado. Esta regulación se contiene a proposito de la tipificacion del delitode lesiones. La misma plantea el problema practico de concretar que personas pueden consentir su propia esterilizacion―sin que ello lleve aparejado reproche penal―, y que personas no pueden consentirla, aunque el juez si que pueda autorizarla. Estos problemas se dan en el caso de los disminuidos psiquicos. En el trabajo se concreta si es preciso que estas personas esten o no incapacitadas judicialmente, si deben ser necesariamente mayores de edad y el tipo de enfermedad que deben padecer para que la Jurisdiccion pueda actuar autorizando su esterilizacion. El estudio se completa con el analisis de los aspectos objetivos relevantes, sobre todo, el referente a la proporcionalidad de la medida. Al respecto, hay que tener presente que la esterilizacion no debe acordarse si el objetivo que se persigue puede lograrse con una medida menos gravosa y que no implique una injerencia en el ambito del derecho fundamental a la integridad fisica.Por otro lado, en el estudio del procedimiento judicial que debe seguirse para obtener la autorizacion, se presta especial atencion a las garantias que deben cumplirse. Entre las mismas, destaca la necesaria intervencion del Ministerio Fiscal, la de al menos dos especialistas y que el juez deba reconocer al incapaz. En definitiva, se analiza en profundidad el procedimiento judicial previsto para que el juez pueda autorizar la esterilizacion de un disminuido psiquico, prestando especial atencion a la jurisprudencia generada en aplicacion del articulo citado.

En los procesos civiles ordinarios, ¿hay que dar al juez mucho poder más allá de lo que los litigantes decidan plantear en cuanto a los hechos y al Derecho aplicable? ¿O el juez, por el contrario, ha de decidir sobre las pretensiones de las partes tal como las fundamenten? En especial, ¿debe poder el juez acordar pruebas no propuestas por las partes o cabe dejar exclusivamente a quienes litigan la carga de convencer al juez sobre los hechos relevantes alegados? Estos interrogantes y el de la verdad en el proceso, son el objeto de este personalisimo ensayo, que afronta, de forma incisiva y directa, una perenne polemica del mayor interes. Frente a la extendida idea de que las respuestas a esas cuestiones obedecen a posiciones ideologicas contrapuestas, el autor sostiene que es posible y muy preferible ofrecer respuestas al margen de ideologia y politica, a base de juicios de prudencia que tengan en cuenta diversos factores culturales y sociales, que son analizados. Decisivo resulta tambien no desdeñar que los mayores poderes deben implicar mayores responsabilidades, que habrian de ser asumibles y juridicamente exigibles. Se trata, en suma, de que el modelo procesal responda, no tanto a aprioris doctrinarios, como a la prudentia iuris, que busca y procura lo que es justo, razonable y viable.

Desde que en el año 2006 se publicó la 2.ª edición de este libro, han sido muchas y variadas las disposiciones legales publicadas que han afectado, en mayor o menor medida, al contenido de esta obra, que va dirigida fundamentalmente a las asesorias juridicas de pequeñas y medianas empresas -comerciales o de servicios- que en el actual contexto de crisis deben hacer frente a un considerable numero de impagados.La presente monografia aborda las actuaciones prejudiciales que corresponde llevar a cabo a los departamentos o al personal dedicado a la reclamacion de deudas y, en paralelo, los aspectos a considerar por parte de los asesores legales, encaminados al cobro de la deuda haciendo uso de los medios y procedimientos legales a su alcance (judiciales, arbitrales, mediacion, etc.).En esta 3.ª edicion se alude, entre otras, a la modificacion de la Ley de Lucha contra la Morosidad; a la Ley de Mediacion como forma de dirimir conflictos; a la Ley que regula la implantacion de la Nueva Oficina Judicial, que, entre otras cuestiones, amplia la cuantia de los procedimientos monitorios; a la nueva Ley de Arbitraje; a la Ley de Reforma de la Ley Concursal; a la Ley de Medidas de Agilizacion Procesal y, finalmente, se abordan tambien las reclamaciones de cantidad -e indemnizaciones- dirigidas contra las Administraciones Publicas.

La calificación registral negativa, por la que se suspende o deniega la práctica del asiento registral solicitado, constituye un posible resultado del ejercicio de la función de calificación por parte del registrador. Las posibilidades de reaccion ante la calificacion registral negativa son, sin caracter excluyente, la subsanacion del defecto; la solicitud de calificacion sustitutoria por parte del registrador sustituto; la impugnacion, administrativa y/o judicial, de dicha calificacion; y el proceso judicial sobre la validez o nulidad del acto o del titulo.En concreto, dicha impugnacion se puede articular interponiendo un recurso gubernativo de naturaleza administrativa ante la Direccion General de los Registros y del Notariado, cuya resolucion es impugnable ante la jurisdiccion civil, o presentando directamente una demanda ante los tribunales civiles.El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la impugnacion judicial de la calificacion negativa del registrador, y, en su caso, de la resolucion de la Direccion General de los Registros y del Notariado dictada al resolver el recurso gubernativo interpuesto contra aquella.En esta obra se analiza especificamente la naturaleza del proceso de impugnacion de la calificacion registral negativa; la legitimacion; la jurisdiccion y la competencia; el objeto del ...

La obra que se presenta es el resultado del estudio y análisis de dos aspectos de la prueba pericial civil (procedimiento y valoración) que han suscitado numerosos problemas y vienen recibiendo frecuentes comentarios. Entiende la autora que la regulacion de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el procedimiento probatorio de la pericial podria calificarse como un autentico caos procedimental. La experiencia ha mostrado dicha regulacion como insuficiente e incompleta en tanto se plantean no pocos problemas practicos en su aplicacion que requieren ser solventados a traves de las correspondientes modificaciones legales. En cuanto a la valoracion de dicha prueba, comprende la autora que se trata de una compleja tarea a realizar por nuestros jueces, ya que estos ignoran las materias especificas sobre las que dictaminan los expertos. Ademas, las periciales practicadas presentan cada vez mas dificultad como consecuencia del alto nivel de desarrollo social. Por lo dicho, la obra esta dirigida no solo a los estudiosos o investigadores del Derecho, sino tambien a cualquier otro operador juridico, especialmente jueces y magistrados, abogados y procuradores, que de una manera u otra estan en contacto con la practica judicial. A todos ellos van dirigidas las propuestas y soluciones que se contienen en el presente libro. Eva Isabel Sanjurjo Rios es profesora del Area de Derecho Procesal de la Universidad de Leon y forma parte del Grupo de Investigacion de dicha Area. Es Doctora en Derecho por esta misma Universidad, habiendo sido merecedora su tesis doctoral de la maxima calificacion. Ha realizado numerosas publicaciones cientificas, destacando sus aportaciones en materia de prueba y arbitraje principalmente. Participa en varios proyectos de investigacion y le fue concedido el Premio Mariano Rodriguez para Jovenes Investigadores (convocatoria de 2009) en el Area de Ciencias Sociales y Humanidades, por el trabajo Los poderes probatorios de los organos judiciales en el actual panorama procesal civil. Asimismo, ha participado como Ponente, a traves de la actividad formativa titulada Simulacion de juicios, dentro del Plan de Formacion Inicial de varias promociones de la Carrera Fiscal en el Centro de Estudios Juridicos.

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis crítico de las principales causas de ineficiencia de la justicia civil italiana entre las que cabe destacar el sistema procesal

El nuevo régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, introducido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre –modi?cada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero–, y por las

Los procesos declarativos, que se caracterizan y tienen una especial singularidad por razón de la materia, concebidos por el legislador para solventar las más dispares pretensiones jurídicas que abarcan los procesos posesorios, arrendaticios, de propiedad horizontal, de proteccion de los derechos reales inscritos, societarios, de propiedades especiales, de proteccion de derechos fundamentales entre otros. Pero ademas de las especialidades de esta indole, se incluyen los procesos monitorio y cambiario, en la medida que son procesos especiales y con ellos los procedimientos europeos de escasa cuantia y monitorio. Con exclusion de los procesos no dispositivos y los que versan sobre division judicial de patrimonios; es decir, los que se contienen en los Titulos I y II del Libro IV de la LEC; el operador juridico encuentra en esta obra, el apoyo sustantivo y procesal para solventar cualquier pretension civil que no se deba sustanciar por razon de la cuantia por los cauces de los juicios ordinario o verbalLa finalidad fundamental de este libro radica, por lo tanto, en proporcionar al profesional del Derecho un instrumento de trabajo que, con la mira puesta en el quehacer diario de despachos y tribunales, permita conocer el estado doctrinal y jurisprudencial de las materias que en el libro se abordan, de ahi que se hayan tratado de aunar y armonizar ambas perspectivas. Sin duda contribuye a ese resultado la condicion de los autores, todos ellos magistrados en activo y, por ende, claramente implicados en el conocimiento de conflictos juridicos cuyo marco procesal de resolucion lo constituyen, precisamente, los procesos de que la presente obra trata.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 diseñó un nuevo régimen de recursos extraordinarios, en el que junto al recurso de casación, reservado para el control de la infracción de normas sustantivas, configura el recurso extraordinario por infraccion procesal como recurso adecuado para el control de la infraccion de normas procesales y de la vulneracion de derechos fundamentales de igual naturaleza. El trabajo que se presenta versa sobre este recurso extraordinario ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.Desde su aprobacion han sido distintas las reformas promulgadas que han afectado a la regulacion de este recurso extraordinario, como la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de la reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina Judicial; la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilizacion procesal; y, recientemente, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ambito de la Administracion de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses.Al mismo tiempo, durante los dos lustros de vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha creado un cuerpo de jurisprudencia, que, junto a las reformas legislativas anunciadas y a las aportaciones doctrinales efectuadas al respecto, son objeto de estudio y analisis en esta obra, que persigue ofrecer al jurista un tratamiento completo y acabado de este recurso extraordinario.