Libros de Derecho procesal. Procedimiento civil, página 21 de 80

Procesos especiales y jurisdicción voluntaria. Encuadernado en tela habana o guaflex azul, estampada (algunos volúmenes en rústica, 13 X 20, cubierta habana). Edición revisada y adaptada por Pedro Aragoneses (4ª ed, 1998, primera en Civitas). El Derecho Procesal Civil de Jaime Guasp es, sin lugar a dudas, una obra clasica que continua siendo de claro provecho para estudiosos y juristas practicos. El Derecho Procesal que ahora se ofrece mantiene la sistematica, sentido y posiciones doctrinales que Jaime Guasp sostuvo en sus numerosas ediciones; aun mas, el tratamiento de las normas nuevas sobre la materia refleja y se atiene rigurosamente al pensamiento de Guasp.

Don Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, es sin lugar a dudas uno de los mejores cicerones que puedan encontrar quienes aspiran a conocer y entender lo que constituye el Ministerio Fiscal. Su enorme experiencia y conocimiento se ponen al servicio del lector para ofrecerle una obra definitiva, en la que se dan cita todos los elementos necesarios: organización, funcionamiento, estatuto funcionarial, institución... para entender la realidad presente y futura del Ministerio Fiscal.

La presente obra se configura como una guía práctica sobre la prueba pericial civil. En ella el lector encontrará un análisis crítico sobre la realidad de la prueba pericial en el «día a día» de nues

Obra dividida en nueve partes. En la primera se desarrollan los principios del proceso y del procedimiento. En la segunda parte, a su vez subdividida en secciones, se analiza lo referente a los presupuestos procesales del organo jurisdiccional, de las partes y del objeto procesal. En las tres siguientes se abordan los temas relativos al objeto procesal, actos preparatorios del proceso, de la prueba y de los actos de alegacion, respectivamente. La sexta parte estudia la prueba, su carga y valoracion, asi como procedimiento y medios de prueba. Las partes septima y octava inciden en la sentencia y medios de impugnacion de la misma. Por ultimo la novena parte, aborda el no menos interesante tema de los efectos economicos del proceso.Comentarios:Adaptado a la LO 1/2009 y a la Ley 13/2009 de reforma de la Oficina Judicial y de las Leyes de Enjuiciamiento

Guía unificadora de criterios orientativos en la aplicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, actualizada. Más de 2.500 preguntas y respuestas con referencia de actualización jurisprudencial. Actualización práctica y jurisprudencial con específica mención a las últimas reformas procesales que afectan a la LEC, en especial, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial y la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. Incluye FORMULARIOS adaptados a la reforma procesal.

Texto íntegro de la Ley de EnjuiciamientoCivil de 2000 junto con un completo índice analítico de voces.

La presente obra contiene una exposición sistematizada de los diferentes procesos civiles que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluye el análisis de todos los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales...) y, finalmente, los procesos de ejecucion (ejecucion dineraria, no dineraria, ejecucion hipotecaria...), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vias de recurso (apelacion, casacion, acciones de revision y rescision). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdiccion, competencia judicial, capacidad y postulacion de las partes), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada...), medidas cautelares y demas instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminacion anormal, cosa juzgada, costas procesales...).

Los beneficios y riesgos que, para las partes y para el tráfico jurídico, conlleva la aplicación de la ejecución provisional prevista en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, exigen delimitar, claramente, las resoluciones que podran ser ejecutadas provisionalmente. Se trata de una cuestion no exenta de dificultad si se repara en que la exegesis de los preceptos reguladores de la ejecucion provisional en la LEC no permite establecer con claridad cuales sean dichas resoluciones, sin que tampoco pueda encontrarse un criterio doctrinal y jurisprudencial uniforme al respecto. El objeto del presente trabajo estriba, precisamente, en delimitar que tipo de resoluciones, y que tipo de pronunciamientos en ellas contenidos, resultan susceptibles de ejecucion provisional en nuestro proceso civil, poniendo de relieve los problemas suscitados por la falta de precision del legislador al respecto. Tales problemas, que debieran ser evitados en futuras reformas legales, no han sido resueltos por la reciente Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacion procesal para la implantacion de la nueva Oficina judicial.