Libros de Derecho procesal. Procedimiento civil, página 23 de 80

Esta obra contiene una exposición sistemática del proceso civil español, que será útil para los universitarios y también para los profesionales del Derecho. Tras una introducción -en la que se analiza el arbitraje, junto a otros modos de solucion no judicial de litigios-, se examina el proceso de declaracion, con el estudio de las partes, jurisdiccion y competencia, objeto del proceso, principales actos del mismo (alegaciones de actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos de terminacion), sistema de recursos, cosa juzgada, adecuacion de los dos procedimientos declarativos comunes y desarrollo general de los mismos. Al tratamiento del proceso de ejecucion y de la tutela judicial cautelar, sigue la exposicion de los procesos especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una vision sintetica del proceso concursal. Actualizada hasta las disposiciones publicadas en el BOE de 18 de mayo de 2010, la obra analiza las reformas legales de 2009, para la implantacion de la nueva oficina judicial.

Cooperación judicial civil y tutela del crédito en la Unión Europea. Concepto y clases de procesos monitorios: características esenciales del proceso monitorio europeo. Análisis del reglamento (CE) Num. 1896/2006, del parlamento europeo y del consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. Bibliografia.

Manuel Richard GonzálezLa obra que se presenta al lector tiene por objeto ofrecer una exposición clara y razonada de las causas de nulidad de los actos procesales, de sus efectos y, principalmente, del modo de denunciarla en el proceso judicial. Esta es una materia de esencial importancia para el jurista que debe conocer con precision los mecanismos procesales para apreciar o denunciar la concurrencia de los vicios de nulidad que concurran en el proceso, que mas alla de una sucesion de tramites constituye un sistema formal preciso regido por principios, derechos y garantias cuya contravencion puede determinar la nulidad de lo actuado. La dificultad de esta materia estriba en la complejidad de la regulacion legal modificada, ademas, por sucesivas reformas. En el libro se expone, al fin expuesto, el modo de hacer valer la nulidad en el proceso, distinguiendo entre si la resolucion ha adquirido o no firmeza. Para el primer caso se analizan todos los medios de impugnacion, en sentido amplio, a disposicion de la parte. Desde las excepciones procesales hasta los recursos devolutivos y no devolutivos, ordinarios y extraordinarios. Y para el supuesto de que la resolucion hubiere adquirido firmeza se examinan con detalle los medios excepcionales de impugnacion de las resoluciones firmes, con especial atencion al incidente excepcional de nulidad. Finalmente se atiende al modo de hacer valer los vicios de nulidad mediante el recurso de amparo.

Estos Cuadernos se centran en dar una visión práctica del proceso en los distintos ámbitos de la jurisdicción. Son una guía práctica, lo más manejable posible, para acercar a los operadores jurídicos la fiel gestion de su quehacer ante los Tribunales. Se unen en ellos la teoria procesalista con la practica, a la que se acompañan los formularios mas comunes.

Julio J. Muerza EsparzaLa nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se ha dado especial importancia a aquellas normas que han supuesto importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley Organica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, modificada por la Ley Organica 8/2006, de 4 diciembre y su Reglamento; la Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de proteccion integral contra la violencia de genero; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita, y su Reglamento; la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda a las Victimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; la Ley Organica 4/2000, de 11 de enero, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integracion social; la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detencion y entrega y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depositos y consignaciones judiciales en metalico, de efectos o valores.

El libro que se presenta analiza cuál es el ámbito del derecho fundamental a comunicar y recibir información y en qué medida el derecho de rectificación incide en su delimitación. De igual modo, se lleva a cabo un estudio sistemático y completo de los diferentes supuestos en los que los tribunales están llamados a tutelar el derecho fundamental indicado. Ese estudio se hace teniendo en cuenta dos aspectos esenciales. Por un lado, se analiza la incidencia que ha tenido la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en los aspectos procesales de la Ley Orgánica indicada. Por otro lado, se realiza un estudio sistemático y completo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Supremo y de las Audiencias Provinciales, lo que otorga una dimensión eminentemente práctica a la monografía.

La inmigración se presenta como un fenómeno de indiscutible actualidad y susceptible de ser analizado desde múltiples puntos de vista: el sociólogo, el económico, el jurídico, etc. Esta publicación se acerca a dicho fenómeno principalmente desde la óptica del Derecho, y tiene su origen en el curso de verano celebrado en julio de 2007 bajo el título "El vigente régimen jurídico de la inmigración" en el marco de los XXI Cursos de Verano-XIX Cursos Europeos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En ella se recogen las principales aportaciones de aquel encuentro con el propósito de arrojar un poco de luz sobre algunos de los principales retos de la actual política migratoria común y articular algunas respuestas a ciertos problemas de no fácil solución

El presente libro analiza el proceso monitorio europeo, aplicable en todos los países de la Unión Europea, excepto Dinamarca, a partir del 12 de diciembre de 2008. Se trata de un trabajo de vocación claramente practica, que pretende servir de instrumento de apoyo a los operadores juridicos y economicos llamados a participar en el funcionamiento del nuevo sistema instaurado por el presente Reglamento para facilitar el cobro de los creditos aparentemente no controvertidos en el extranjero. Sandra Garcia Cano es profesora contratada Doctora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Cordoba. Es autora de obras monograficas como la Proteccion del Menor y Cooperacion Internacional entre Autoridades (2003), o en calidad de coordinadora y coautora, Sustraccion internacional de menores y adopcion internacional (2004) o Inmigracion y Derechos de los extranjeros (2005). Igualmente ha publicado numerosos trabajos relacionados con el Derecho comunitario y el Derecho Procesal Civil Internacional. La autora es Premio Melchor Almagro en materia de Derecho Privado (2003).

Ejecución forzosa en el proceso civil: con legislación concordante, jurisprudencia y formularios.

El proceso de ejecución constituye una unidad compleja en la que tienen cabida actuaciones procesales de distinta naturaleza y eficacia. El legislador ha previsto ía circunstancia de que el proceso de ejecucion en su conjunto o alguna actividad ejecutiva concreta puedan realizarse ilicitamente o infringiendo la ley o el propio titulo ejecutivo, y ha configurado diferentes medios de impugnacion para que el organo jurisdiccional o el sujeto perjudicado puedan reaccionar contra las ilicitudes y las infracciones que se produzcan en la ejecucion forzosa. Las partes del proceso de ejecucion podran denunciar la ilicitud de la misma o las infracciones que en ella se cometan por los motivos y por los medios de impugnacion previstos en el Capitulo IV del Titulo III del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, para que una vez presentada la demanda ejecutiva, el organo jurisdiccional pueda despachar La ejecucion, se requiere que concurran una serie de presupuestos procesales, que el titulo ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y que los actos de ejecucion que se solicitan sean conformes con la naturaleza y el contenido del titulo ejecutivo. En el supuesto de que la no concurrencia de los requisitos y de los presupuestos procesales y/o la irregularidad formal del titulo ejecutivo haya pasado inadvertida para el juez y se haya despachado la ejecucion incorrectamente, el ejecutado podra alegar los defectos procesales relativos al titulo ejecutivo o a la ejecucion a traves de la oposicion a la ejecucion por defectos procesales. En segundo lugar, la justificacion de la oposicion a la ejecucion por motivos de fondo se encuentra en razones de justicia y en la toma en consideracion de los cambios producidos en la realidad factica,ya que no se puede prescindir de determinados hechos que hayan podido acontecer entre el momento mismo en que se constituyo el titulo ejecutivo y el momento en que se promueve la ejecucion, que, sin privar de fuerza ejecutiva al titulo ejecutivo, evidencian que el ejecutante carece, total o parcialmente,

En su edición papel: - Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal En el CD-Rom e Internet: - Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal - Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial - Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado - Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita - Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Juridica Gratuita - Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la Orden Europea de Detencion y Entrega - Ley Organica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperacion con la Corte Penal Internacional

Tras siete años de vigencia de la LEC 1/2000, y abundante jurisprudencia contradictoria, se hace imprescindible determinar cuáles son las cuestiones realmente controvertidas en materia de costas y las soluciones que los distintos Tribunales estan adoptando en relacion con sus criterios de imposicion, supuestos de terminacion sobrevenida, recursos, ejecucion, las distintas partidas tasables, etc. Un ligero repaso a nuestra jurisprudencia nos lleva a concluir que, sobre esta materia, existe tal disparidad de criterios que ni siquiera los acuerdos unificadores nos proporcionan respuestas adecuadas. Se trata de una obra practica que ahonda en aquellas cuestiones sobre las que mas discrepancias existen, sirviendo de ayuda, en la medida de lo posible, a quienes en su tarea diaria acuden a los Tribunales, puesto que, como bien sabemos, el proceso no finaliza con la sentencia, sino que, tras la misma, hay que enfrentarse a la consabida liquidacion de las costas.

La presente colección de Acciones Civiles analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción, facilitando, además, el material necesario para su interposicion: legislacion, jurisprudencia, bibliografia, esquema procedimental y formularios habituales. La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ha modificado el regimen legal de la competencia desleal y de la publicidad, con el objeto de garantizar el interes privado y mercantil de los empresarios y profesionales que participan en el mercado y, en definitiva, mejorar la proteccion de los consumidores y usuarios. Dicha reforma, que ha supuesto una modificacion sustancial de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal, otorga un tratamiento unitario a las acciones judiciales derivadas de la inobservancia de las reglas de la concurrencia en el mercado, asi como las que regulan la publicidad. El legislador ha optado por una regulacion homogenea, tanto de las acciones frente a la publicidad ilicita como de las derivadas de la competencia desleal, poniendo fin asi a la artificiosa distincion que hasta ahora realizaban ambas normativas. Esta modificacion pretende, ademas, reforzar la legislacion protectora de los consumidores y usuarios, introduciendo la tipificacion de conductas comerciales y desleales con respecto a aquellos. El legislador adopta el contenido de la normativa europea, nacida con el proposito de que la legislacion protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulacion del mercado, concretando acciones dirigidas a garantizar la tutela de los intereses de los consumidores.

La creciente internacionalización de la sociedad ha provocado un aumento espectacular de las situaciones jurídicas reguladas por el derecho extranjero que, de devenir litigiosas, requieren su debida prueba. Pero en la práctica judicial, la prueba de este derecho es extremadamente compleja. Y el contraste entre la doctrina jurisprudencial y la opinión científica —tanto la procesalista como la internacionalista— nos conduce a una evidente y desilusionante conclusión: el divorcio entre la doctrina judicial y la científica es total y absoluta. Por ello, la finalidad básica de esta obra es buscar las vías jurídicas necesarias para asegurar la aplicación judicial del derecho extranjero cuando éste resulta de aplicación en virtud de una norma de conflicto. Desde una imprescindible visión interdisciplinar de la materia, en esta obra se efectúan estudios prácticos que responden a los interrogantes de cuándo, quién y cómo debe alegarse y probarse el derecho extranjero.

Texto íntegro de la Ley de EnjuiciamientoCivil de 2000 junto con un completo índice analítico de voces.

Pretende la presente obra ofrecernos particulares comentarios acerca de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan el llamado recurso de apelación desde la vertiente de la práctica diaria de los Tribunales de Justicia, tanto en su tramitacion ante los Juzgados de Instancia, como en las Audiencias Provinciales, y dar respuesta a las dudas que mas habitualmente se han suscitado en la ordenacion del recurso; acompañando un conjunto de los formulariosmas utilizados.