Libros de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 11 de 71

Dentro de los cuantiosos gastos que motiva el proceso penal, las costas procesales constituyen la parte susceptible de ser reintegrada a quien los ha soportado indebidamente. La resolución procesal que contiene el pronunciamiento en costas (Sentencia, Auto o Decreto, segun los casos) es un titulo ejecutivo iliquido, que precisa un ulterior procedimiento de liquidacion para fijar definitivamente su cuantia y posibilitar su ejecucion. Los tramites necesarios para practicar la tasacion de costas, se recogen tanto en la LECrim como en la LEC, por remision normativa. En la presente obra se hace especial hincapie en las particularidades de la reclamacion de honorarios en el proceso penal, partiendo de la confusa regulacion de las costas en este ambito y sin olvidar que, tanto la doctrina procesalista actual como la jurisprudencia, coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados.

Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal. Monografía Nº25, año 2011.

En los últimos diez años las telecomunicaciones han experimentado una evolución extraordinaria. El correo electrónico, las redes sociales, y otras formas de comunicación electrónica han sustituido en una gran parte a la comunicacion telefonica tradicional.La intervencion de las telecomunicaciones es una diligencia fundamental en la investigacion criminal que sigue estando deficientemente regulada. Recientemente, diversas normas administrativas han tratado de suplir esta insuficiencia legal. Tampoco la jurisprudencia resuelve de forma suficiente ni uniforme los graves problemas que plantea la interceptacion de las nuevas formas de comunicacion.Este trabajo realiza un estudio sistematico y actualizado de la intervencion de las telecomunicaciones. Como novedad, se analiza el procedimiento integrado de interceptacion (SITEL) mecanismo que permite interceptar cualquier tipo de comunicacion electronica. Asimismo, se abordan aspectos de gran actualidad como la inviolabilidad de las comunicaciones con el Abogado defensor, o la extension y limites del deber de conservacion de datos impuesto a las operadoras que presten servicios de comunicaciones electronicas.El tratamiento de todas estas cuestiones se efectua buscando el imprescindible equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y garantias procesales, y la necesaria incorporacion de las nuevas las tecnologias en la persecucion y enjuiciamiento de los delitos.

Departamento de Redacción Cívitas .

Moreno Catena, Víctor Arnaiz Serrano, Amaya López Jiménez, Raquel Loredo Colunga, Marcos

Adaptado al nuevo programa de las pruebas selectivas para ingreso en las carreras judicial y fiscal.

Varios Autores- El recurso de apelación y la doble instancia penal. - La segunda instancia penal, algo más que un recurso. - La apelación contra sentencias absolutorias. - ¿Es posible la revocación de sentencias absolutorias a traves del recurso de apelacion en el orden penal?. - El recurso de casacion en el futuro sistema general de doble instancia.

Se trata, en primer lugar, de analizar y, esencialmente, concluir, si el Ministerio Fiscal, actualmente, está en condiciones de asumir, con plenas garantías de objetividad e imparcialidad, las funciones que en nuestro ordenamiento juridico le corresponde cumplir tanto desde el punto de vista de los cometidos que a dia de hoy le estan atribuidos como desde el punto de vista de las funciones que en un futuro, mas o menos inmediato, le puedan ser otorgadas. En segundo lugar, se analizan los filtros y mecanismos que pueden ser utilizados como contrapesos eficaces para mitigar la actual dependencia gubernamental de la Institucion y las garantias que pueden establecerse para la consecucion de un Fiscal mas autonomo en el ejercicio diario de sus funciones, tanto actuales como, especialmente, desde el punto de vista de las que le puedan ser otorgadas de lege ferenda.

Cuando una persona ha cometido un delito castigado con pena de prisión el juez debe decidirse entre ejecutar esta pena o imponer una de las sanciones alternativas previstas en las leyes, como son la suspensión de la pena o la probation, esto es, el sometimiento a prueba de la persona en la comunidad. Esta tarea judicial tiene una enorme repercusión; en la persona condenada, al estar en juego su libertad; en la sociedad, por su interés legítimo a que el condenado no vuelva a delinquir; y en la víctima, que tiene derecho a la reparación por el delito sufrido y sus consecuencias. En este libro se abordan en profundidad las dos dimensiones más relevantes de esta tarea. Por una parte, se presenta la perspectiva criminológica, mostrando los diversos modelos punitivos a disposición del juez y exponiendo el conocimiento sobre la efectividad de las penas alternativas para reducir el riesgo de reincidencia. En segundo lugar, se expone la dimensión jurídica, presentando un modelo constitucional de actuación judicial y analizando las controversias existentes entre los jueces, que comportan un uso mayor o menor de las penas alternativas a la prisión. Esta obra va dirigida principalmente a quienes tienen un papel más relevante en la elección del castigo: jueces, fiscales, abogados y servicios administrativos de ejecución de penas en la comunidad, pero también puede resultar de interés para quienes, desde la criminología o el derecho, quieren contribuir a que nuestro sistema punitivo sea cada día más humano, justo y efectivo.

En este manual se estudian los diferentes recursos : Recursos en el proceso penal: recursos en la fase de instrucción, recursos contra las sentencias, recursos en el procedimiento del jurado, recurso

Esta obra persigue el fin de simplificar y facilitar la comprensión de esta importante fase del procedimiento penal, recopilando y ordenando la normativa legal aplicable a la materia. Como pieza fundamental, señala los distintos criterios adoptados en la practica judicial aplicables, y que persisten en las escasas decisiones jurisprudenciales y doctrinales existentes, al carecer de una doctrina cientifica solida y unificada en la materia. Vacio que del mismo modo se hace patente en la enseñanza universitaria donde a penas se trata. Todo ello a pesar de que, como los profesionales bien conocen por ser plenamente consciente de su importancia, los problemas que se suscitan en el despacho de ejecutorias son de muy diversa indole y de dificil solucion.

En un mundo global los análisis comparados han dejado de ser tan sólo un capítulo más de muchas investigaciones. Actualmente, en el ámbito internacional, muchas categorías procesales, y desde luego entre ellas la prueba ilicita, son susceptibles y en todo caso se benefician de la investigacion contrastada, tanto por ofrecer una perspectiva mas amplia de la plural realidad, como para alentar el analisis y la critica que ilustre futuras reformas legales. Este es el modesto y a la par ambicioso objetivo de esta monografia, a aprtir del estudio de siete paises europeos y otros tantos americanos, asi como de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.