Libros de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 13 de 72

15ª edición del derecho jurisdicional . Tomo III.

Texto actualizado, anotado y concordado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;En Apendices se recogen las normas complementarias sobre;Poder Judicial;Indulto;Senadores y Diputados;Piezas de convicción;Antecedentes penales;Habeas corpus;Extradicion pasiva;Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;Conflictos jurisdiccionales;Pagos, depositos y consignaciones;Testigos y peritos;Tribunal del Jurado;Asistencia juridica gratuita;Victimas de delitos;Proceso de menores;Cooperacion judicial

El fenómeno de la secularización de los sacerdotes y religiosos/as ha alcanzado en España proporciones significativas, debido a una pluralidad de causas que los sociólogos han explicado convincentemente. Pero la desvinculación de aquellos de las Diócesis o de las Órdenes a las que pertenecían originó gravísimos problemas laborales y sociales de cuya solución se desentendió la jerarquía de la Iglesia y, durante muchos años, también el Estado.

Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge su texto actualizado conforme a las últimas reformas operadas (fundamentalmente las relativas a la Ley 8/2006, de 4 de diciembre, de reforma de la Ley Organica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores), cumplidamente anotado y concordado, introduciendo en nota los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El libro contiene, ademas, una tabla de disposiciones que han modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asi como las ultimas disposiciones que introducen modificaciones, y aquellas normas mas importantes que complementan el texto de la Ley procesal penal, entre las que destacan: Ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto. Ley de competencia para conocer de las causas contra Senadores y Diputados. Ley Organica reguladora del procedimiento de habeas corpus. Ley de extradicion pasiva. Ley de proteccion a testigos y peritos en causas criminales. Ley de Asistencia Juridica Gratuita. Ley Organica de Cooperacion con la Corte Penal Internacional. Ley Organica de proteccion de la Seguridad Ciudadana; Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto de Policia Judicial; Ley Organica y Reglamento de utilizacion de videocamaras en lugares publicos. Ley Organica reguladora del control previo del Centro Nacional de Inteligencia. Ley Organica de Responsabilidad Penal de los Menores. Ley de ayudas y asistencia a las victimas de delitos violentos y contra la libertad sexual Ley sobre la orden europea de detencion y entrega En apendice se incorpora la Ley Organica del Tribunal del Jurado.

La presente colección de acciones penales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa y/o acusación, facilitando, además, el material necesario para su ejercicio: comentarios, legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. En esta obra se ofrece una visión práctica de todo aquello que es conveniente saber en relación a la figura delictiva relativa a la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. Se efectúa un estudio completo del art. 450 CP, se procede al análisis comparativo con otras figuras, se tratan, sin ánimo exhaustivo, una serie de pilares de defensa y finaliza analizando la penalidad y los plazos de prescripción. Con ello, se pretende facilitar la tarea del abogado que debe defender o acusar por una infracción constitutiva de este delito. Para ello, se ha seleccionado la doctrina y jurisprudencia actual en la materia, al efecto de ofrecer una visión general y sistematizada de la cuestión.

La presente obra expone con claridad y pedagogía, las relaciones existentes en el Derecho Penal, entre la Dogmática, la Política criminal, y la Criminología y las interconexiones que se dan necesariamente entre ellas para la correcta comprension del fenomeno criminal. Analiza seguidamente los elementos de la Teoria General del Delito, dando una vision totalizadora y de conjunto de la estructura del injusto penal, llegando a una comprension correcta y critica del mismo y de las lineas que lo integran. La aportacion mas genuina del libro, en su sencillez y en su complejidad, es que aporta al lector, estudioso del Derecho Penal, Jurista, alumno de la disciplina, una vision de conjunto del Derecho Penal concentrada y profunda, que permitira que se enfrente con posterioridad a nuevas lecturas con una base solida. Es por ello una obra de obligada lectura para aquellos que quieran familiarizarse con el conocimiento de las premisas del Derecho Penal moderno.

La obra que hoy se pone a disposición de los lectores constituye un intento de facilitar el conocimiento de la interpretación que los Tribunales españoles han realizado de los distintos preceptos de nuestro Codigo Penal. El por que de esta tentativa es facil de comprender, pues surge en un momento en el que desde muy diversos ambitos juridicos se elevan voces, cada vez mas altas, que claman por la seguridad juridica, por el respeto a las "reglas del juego" y por la eliminacion de la "sorpresa" del ambito del dictado de las resoluciones judiciales. No se trata, esta, de una reivindicacion demagogica ni fuera de lugar, pues eliminando aquellos reproches dirigidos a la actuacion de los Tribunales que no son mas que fruto del desconocimiento y la ignorancia del critico mismo, es cierto que no pocos Jueces y Magistrados dictan, en ocasiones, resoluciones puramente intuitivas, cuando no fruto de meras "ocurrencias", que originan el estupor de sus destinatarios y el asombro en toda la clase de los Juristas. Ello explica el que, constantemente, haya que explicar en las Aulas a los estudiantes de Derecho, que no deben, ni siquiera, prestar atencion a ciertas aplicaciones del Ordenamiento Penal efectuadas por algunos Tribunales, pues por mas que hayan constituido "norma particular" en el caso concreto son herederas, simplemente, del error y vehiculo de la injusticia. El presente Codigo trata de, como ya se ha indicado, dar cuenta de como los Tribunales aplican la ley penal. Para ello hemos tomado como referencia fundamental las resoluciones (sentencias y autos) dictadas en materia penal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (Sala 2- y Sala de lo Militar); pero tambien hemos tenido que tener en cuenta, en no pocas ocasiones, decisiones de las Audiencias Provinciales e incluso, en ciertos casos, de algun Juzgado de lo Penal. El motivo de ello es cuadruple: en primer lugar porque, como consecuencia de las modificaciones efectuadas en las leyes rituarias, no son pocos los delitos que, solo excepcionalmente, llegan a conocimiento del Tribunal Supremo a traves de recursos

El atestado policial es el documento donde se extienden y contienen las diligencias que llevan a cabo los funcionarios de Policía Judicial (y que pueden ser indicio o medio de prueba, o incluso prueba material), resultantes de la comprobacion y averiguacion de los hechos presuntamente delictivos, aprehension, en su caso, de sus responsables, y ocupacion de los efectos o instrumentos procedentes de la infraccion penal. Asi, en el atestado policial se ha de dejar constancia de todas aquellas diligencias de prevencion e investigacion efectuadas sobre un ilicito penal y que posteriormente se integraran en el procedimiento penal correspondiente. Por ello, no es extraño considerar que el atestado asi concebido constituya la primera piedra y los cimientos de un edificio juridico procesal que finalizara con una sentencia condenatoria o absolutoria. Por tanto, bien sea como piedra angular o elemento esencial, sera un pilar importante del armazon que conforma los distintos componentes que integran los procedimientos penales. Esta obra analiza detalladamente todos y cada uno de los elementos que integran el atestado policial. Para ello, los textos se fundamentan en una solida base legislativa y jurisprudencial, ya que las citas de leyes y sentencias jalonan la exposicion pormenorizada de los distintos capitulos. Ademas, se transcriben Instrucciones de la Secretaria de Estado de Seguridad, Protocolos de actuacion y colaboracion, Orden de Proteccion de las victimas de violencia de genero, etc. Se reproducen hasta un total de 115 documentos, entre diligencias, actas, cedulas, comparecencias..., adem&aacut

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

Un libro eminentemente práctico que aborda el estudio relativo a cómo los operadores jurídicos deben proceder a solicitar indultos particulares. El libro contiene una cuidada colección de formularios muy utiles para abogados y procuradores interesados en la solicitud de indultos particulares.

La publicación de esta 8ª edición de la obra Derecho Procesal Penal obedece a la preocupación constante de sus autores por mantener la obra totalmente actualizada, en orden a su eficacia tanto como manual de estudio de la asignatura como texto de consulta para profesionales del Derecho. A tal fin, y ante la incertidumbre de la publicacion o no de la tantas veces anunciada reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hace imprescindible incorporar al texto la relevante normativa generada en la materia desde la publicacion de la anterior edicion, con leyes de tanta importancia y trascendencia como la regulacion de la responsabilidad penal de menores, o la de medidas de proteccion integral contra la violencia de genero

Una de las vertientes fundamentales del funcionamiento de la Corte es la que se refiere a la cooperación de los Estados con esta institución. Es un elemento esencial para la eficacia del proceso penal internacional. Existe de este modo un continuo juego de equilibrios entre la institucion internacional creada en Roma y la mayor o menor flexibilizacion del poder de los Estados. La estructura normativa internacional exige, a su vez, que los Estados prevean en su ordenamiento vias de cooperacion procesal con la Corte y a esta exigencia respondio la promulgacion de la Ley Organica 18/2003, de 10 de diciembre, aunque en ella no se aprovecharon todas las posibilidades para configurar una relacion lo mas fluida posible con la Corte dentro de los margenes del respeto a los derechos fundamentales y a la seguridad juridica-. Son muchos los concretos aspectos problematicos que ofrece este complejo objeto de estudio. Como imprescindible paso previo es necesario determinar la peculiar posicion de la Corte respecto a los Estados, para luego ir desmenuzando como se produce la interaccion entre ambos planos: interno e internacional, sobre todo en la fase de investigacion del proceso penal internacional a traves de la detencion y entrega de personas o de la cooperacion en la practica de medidas concretas de investigacion, pero tambien en la fase del juicio y en la de ejecucion de las sentencias condenatorias