Libros de Derecho procesal. Procedimiento penal, página 5 de 73

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEEF) y las líneas que marcan las nuevas orientaciones del conocido como «Sistema de Bolonia» obligan a reordenar e ineludiblemente sintetizar los programas y contenidos del Derecho procesal. El objetivo de estas Lecciones de Derecho Procesal Penal es contribuir a este esfuerzo de síntesis sin renunciar a una visión clara y sistemática, priorizando la síntesis, pero sin renunciar a un tratamiento suficiente del proceso penal, sus instituciones y lógica interna. En esta cuarta edición se incorporan las novedades legislativas producidas en el marco interno y europeo, así como las derivadas de la jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional en los dos últimos años

Como se deduce claramente de la lectura del siguiente índice, se trata de una extensa obra nueva, totalmente completa del Derecho procesal penal español y actualizada con la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y también del Tribnunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estraburgo, y la mejor doctrina procesal penal española, fundamentalmente. En realidad en libro, inexcusable para los profesionales del Derecho, obedece a un esfuerzo, único producido o realizado, por primera vez, en los países habla castellana por un catedrático de Derecho penal. Se pone de manifiesto la importante relevancia que tiene el Derecho procesal penal en el nuevo Estado de Derecho configurado, por la Constitución democrática española de 1978. Este no es un Derecho puramente de rito y liturgia, como en ciertos momentos sucedía y se decía, frecuentemente, en el anterior régimen politico del llamado "franquismo", pues es, desde luego, como insistimos, concreción de los valores de la Constitución democrática española. En el anterior sentido, puede decirse que el Derecho procesal penal es la manifestación de la concreción aplicativa de la Constitución española y desde luego es Derecho penal, ocupando un papel por demás destacado dentro del ramillete que componen la denominada "Enciclopedia de las ciencias penales", según se expresará, de manera feliz, la doctrina penal española (Jiménez de Asúa), a finales de primer tercio del S. XX. El libro constituye una apelación al sentido común, poniendo de relieve que el Derecho procesal penal es, desde luego, Derecho penal, o mejor, Derecho constitucional aplicado, una vez que ha sido eliminada cualquier influencia de anteriores ideas totalitarias sobre el mismo o actitudes de ignorancia o menosprecio de ésa muy importante rama del saber jurídico. Con esta obra, muy completa, extensa y significativa, se someten a valoracion critica opiniones de la doctrina española y extranjera, así como especialmente de la jurisprudencia penal y constitucional conforme puede deducirse de la simple lectura del

El camino hacia el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas de delitos, en especial a través del proceso penal, ha sido muy progresivo y ha tenido un desarrollo diferente en los distintos ordenamientos juridicos internos en funcion de su marco juridico preexistente, si bien la elaboracion de los distintos instrumentos juridicos internacionales en esta materia ha favorecido la determinacion de ambitos especificos y comunes de proteccion a las victimas y la elaboracion de los cauces adecuados para su consecucion. El objetivo de esta obra es ofrecer una vision de la situacion procesal de los derechos de las victimas en los paises iberoamericanos, partiendo del marco juridico internacional que ha de servir como ineludible referencia, ofreciendo a la vez posibles ambitos de actuacion para la mejora de las regulaciones juridicas.

El intento de sistematizar la multitud de cuestiones problemáticas que plantea el llamado juicio de faltas por imprudencia en la seguridad viaria, así como exponer las soluciones dadas en cada caso, constituye el objetivo de este trabajo. Se ofrece asi una vision practica que pasa por un analisis tanto del marco sustantivo (distincion entre delito y falta, requisitos de la conducta imprudente y teoria de la imputacion objetiva) como del marco procesal, con distincion de las diversas fases y sujetos intervinientes. Para ello se procede a un analisis de la Jurisprudencia mas reciente del Tribunal Supremo (con las ultimas modificaciones habidas en muchas de las dudas planteadas hasta ahora en los tribunales: determinacion del baremo aplicable o intereses del articulo 20 de la Ley de Contrato de Seguro) y de las Audiencias Provinciales, asi como de las recientes modificaciones normativas sobre la materia. La imprudencia sancionada en el articulo 621 del Codigo penal requiere igualmente su delimitacion de la culpa extracontractual del articulo 1.902 del Codigo civil y del derecho administrativo sancionador en la seguridad viaria, con la aplicacion en su caso del principio ne bis in idem en supuestos de coexistencia de ambas regulaciones. A su vez, la obra se completa con la exposicion de las dudas comunes que suscita la determinacion de la responsabilidad civil derivada de la falta como cuestion clave en este tipo de procesos y las soluciones puntuales ofrecidas al respecto por la Jurisprudencia.

Moral García, Antonio del.Se podría decir que el tráfico de drogas es el delito por excelencia, con una enorme incidencia práctica, fuente u origen de otras conductas criminales, dotado de una gran complejidad; plagado de matices, que, trasladado a nuestra jurisprudencia, es abordado con gran extension y detalle. En este cuaderno analizamos el tipo basico del trafico de drogas recogido en el art. 368 del Codigo Penal, que castiga a "Los que ejecuten actos de cultivo, elaboracion o trafico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotropicas, o las posean con aquellos fines". Y en el concreto marco de esta figura delictiva se abordan, en primer termino, los grados de participacion y las formas de ejecucion, para incidir, acto seguido, en los elementos objetivos del tipo; en concreto, el abanico de conductas o conjunto de actividades que lo definen, que tienen por finalidad promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de esas sustancias, comenzando por el cultivo, pasando por el transporte y llegando hasta la venta. Merece especial mencion el problema de la prueba del trafico de drogas, donde cobran singular relevancia los indicios incriminatorios, que analizamos tanto individualizadamente como en su apreciacion conjunta por nuestros Tribunales.

María Margarita MaxitLa Corte Suprema de Justicia de la Nación niega que corresponda aplicar retroactivamente la jurisprudencia que reconoce nuevas garantías y, en consecuencia, dejar sin efecto las condenas dictadas en violacion a estas. La obra desarrolla extensos argumentos, fundados en la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada, con el objeto de demostrar los defectos de esta doctrina judicial y la necesidad de su modificacion. Por ello, este libro, sumamente interesante desde el punto de vista intelectual, en una herramienta muy util para los operadores del mundo juridico que se enfrentan con la compleja cuestion de los efectos temporales de la jurisprudencia de los tribunales.

La Ley 13/2009 de 3 de noviembre, aprueba la reforma procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, cuyo objetivo es la racionalización y optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administracion de Justicia. Tras su publicacion en el Boletin Oficial del Estado, el dia 4 de noviembre, entrara en vigor el dia 4 de mayo de 2010. Despues de esa fecha, y segun se recoge en las disposiciones transitorias de la Ley Los procesos de declaracion que estuvieren en tramite en cualquiera de sus instancias a la entrada en vigor de la presente Ley, se continuaran sustanciando hasta que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislacion procesal anterior y Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley seguiran el regimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse. El operador juridico debera, entonces, tramitar procesos bajo dos diferentes regulaciones. Este codigo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus dos redacciones, antes y despues de la reforma, para facilitar al profesional el manejo de la normativa en la practica procesal. Los articulos, modificados por la Ley 13/2009, se reproducen en sus dos versiones, para distinguir las dos redacciones se presenta en letra cursiva, el texto que entrara en vigor el dia 4 de mayo de 2010. Esta modificacion de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no cierra los ciclos modificativos de la misma, ya que, como indica el Preambulo de la Ley 13/2009,: &, la obsolescencia de las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha obligado a realizar una reforma solamente parcial en materia de Oficina judicial a la espera de que se produzca la revision completa de esta Ley para dar luz a una de nuevo cuño, como ya se hizo en el año 2000 con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Incluye clave para descarga de e-book y acceso a Internet Contenido del Código: - Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal

Se analizan los aspectos procesales concurrentes en la investigación de los delitos que se cometen a través de Internet o con ocasión del uso de las nuevas tecnologías, los problemas de competencia en su investigacion, las diligencias de la investigacion procesal de estos delitos, que tanto afectan a los derechos fundamentales del art. 18 CE (entradas y registro, ocupacion de efectos, intervencion de telecomunicaciones, detencion de correspondencia) y a la legislacion ordinaria referente a la Sociedad de la Informacion, las telecomunicaciones y la proteccion, cesion y conservacion de datos, sin olvidar las especificidades de la prueba pericial informatica, con sus peculiaridades sobre cadena de custodia, volcado, clonado y analisis de datos. Se estudian tecnologias especificas como medios de prueba (filmacion de lugares, videograbacion, videoconferencia) y otras tecnicas de investigacion penal vinculadas a las nuevas tecnologias (rastreos, traceos, señas IP, entregas vigiladas a traves de Internet, infiltracion y agente encubierto en Internet o tecnovigilancia, balizas y GPS). Se analizan las diligencias a prevencion policiales, las medidas cautelares y restrictivas en Internet (retirada, bloqueo e interdiccion de acceso en España de Webs ilicitas) y el comiso, las consecuencias accesorias y la responsabilidad de los agentes que operan a traves de Internet.

La Justicia penal de menores muestra unas tendencias preocupantes porque confirman en el terreno más inapropiado los rasgos cada vez más radicales del Derecho penal en general. En este sentido, la pregunta ¿ que hacer con la delincuencia juvenil o infantil? "viciada, de antemano, porque considera criminales a quienes, en rigor, no lo son (J. Boix)" corre el riesgo de resolverse con mas Derecho penal, donde habrian de emplearse medios menos punitivos, y con menos Derecho penal, donde deberian reinar mas garantias (C. Prittwitz). La tendencia aparece claramente confirmada a traves del ejercicio de Politica Criminal comparada que este libro supone, en particular con la nueva vuelta de tuerca que supuso la reforma española de 2006, especialmente en lo concerniente al endurecimiento del internamiento en regimen cerrado y la reconsideracion del sistema ya no tanto en torno al interes del menor como en funcion de premisas victimologicas (C. Gomez Rivero, J. J. Lopez Ortega, L. Martinez y F. Moreno), pero esta presente en el Derecho penal de menores de Alemania, Inglaterra, Gales e Italia (C. Prittwitz, G. Breen, L. Marafioti). A partir de esta dimension politico-criminal, las contribuciones a este libro tejen un riguroso analisis tecnico-juridico del Derecho vigente y de la praxis del sistema, asi como del Derecho comparado, proporcionando un importante caudal de soluciones interpretativas y aplicativas, en especial en lo que se refiere a las facetas aludidas y a la problematica procesal de la Justicia penal de menores, que se corresponde con la experiencia y solvencia de los autores en ofrecer argumentaciones plausibles, atentas tanto a las exigencias propias del rigor academico como a las necesidades de los operadores juridicos y de los tecnicos que desarrollan su actividad en dicho ambito.

Dentro del Derecho de obligaciones, se ha atribuido tradicionalmente una enorme importancia al Derecho general de las obligaciones y, específicamente, al Derecho de los contratos. En cambio, se ha prestado sólo una atención marginal al Derecho de las obligaciones extracontractuales. De ello es expresivo el dato legislativo: son verdaderamente escasos los artículos que el Código Civil consagra a la responsabilidad reparadora de los daños. La parquedad de regulación plasmaba una situación social que hoy, con perspectiva histórica y a la vista de los rigores nocivos surgidos desde la primera revolución industrial (desarrollados desde entonces en progresión creciente), se contempla casi como bucólica, al ser la propia de una sociedad fundamentalmente rural y agraria, en la que, marginadas las actuaciones dañosas estrictamente delictivas, era de pequeña entidad la conflictividad dañosa de signo accidental. Por ello no es de extrañar que la responsabilidad civil quedara al margen, no sólo de la actividad legislativa, sino también de las tareas docentes e investigadoras desenvueltas fundamentalmente en la Universidad.

Dir. Javier Hernández Garcái. (Manuales de formación continuada ; 51-2009). Esta obra surge de la convicción de los profesionales que participan en ella de la existencia de un notable déficit de disciplina legal en materia probatoria en España. El principio de libertad de prueba ha funcionado razonablemente bien en el sistema anglosajon al estar apoyado por unas precisas reglas de exclusion, pero en los modelos continentales y, especialmente en el español, ha conducido a una situacion de incerteza y creciente irracionalidad. El objetivo de este practico volumen es abordar una seleccion de los problemas probatorios que diariamente surgen en la actuacion de los tribunales españoles en la obtencion de las fuentes de prueba, en la produccion de los medios de prueba, y en su valoracion, partiendo de la experiencia del grupo de investigacion compuesto por jueces, fiscales y profesores universitarios. La obra, estructurada en 99 preguntas y dirigida, inicialmente, a jueces y fiscales, aunque de gran interes tambien para abogados y procesalistas, aborda en la respuesta de las mismas la doctrina, la regulacion aplicable y el estado jurisprudencial de la cuestion, con especial referencia a las decisiones, tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Constitucional y Supremo español, ofreciendo respuestas operativas o, al menos, argumentos para su descubrimiento.

La obra contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualizada y concordada y con un extenso índice analítico. Incluye además, la siguiente legislación especial: - Ley orgánica del tribunal del jurado. - Ley organica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. - Ley organica reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus". - Ley del ejercicio de la gracia de indulto. - Ley de asistencia juridica gratuita. - Ley organica sobre proteccion de la seguridad ciudadana. - Ley organica de proteccion a testigos y peritos en causas criminales. - Ley de extradicion pasiva. - Ley sobre competencia para conocer de las causas contra senadores y diputados. - Real Decreto por el que se regulan los pagos, depositos y consignaciones judiciales. - Real Decreto sobre conservacion y destino de las piezas de conviccion. - Ley organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. - Ley organica de medidas de proteccion integral contra la violencia de genero.

El presente volumen es el primero de una colección de estudios dedicados a la prueba en el proceso penal, y es fruto del impulso investigador del INSTITUTO DE PROBÁTICA Y DERECHO PROBATORIO de la Facultad de Derecho ESADE de la Universidad Ramon Llull, institucion que tiene como una de sus finalidades promover la investigacion en el ambito de su especifica competencia, mediante la creacion de grupos de investigacion ad hoc, integrados por profesionales de reconocido prestigio.La obra Estudios sobre Prueba Penal se estructura en tres volumenes con el siguiente contenido: Volumen I: Actos de investigacion y medios de prueba en el proceso penal: competencia, objeto y limites; Volumen II: Actos de investigacion y medios de prueba en el proceso penal: Inspeccion ocular. Identificacion del delincuente. Diligencias de caracter personal; Volumen III: Actos de investigacion y prueba en el proceso penal. La entrada y registro. La intervencion de las comunicaciones privadas, telefonicas y de las comunicaciones electronicas. La grabacion o reproduccion del sonido o la imagen.Este primer volumen contiene estudios sobre cuestiones fundamentales que determinan el como y porque de la prueba en el proceso penal, sobre aspectos diversos como la proteccion constitucional del Derecho a la prueba, la prueba ilicita, la delimitacion conceptual de los actos de investigacion, instruccion y prueba, la competencia de la policia para la investigacion de los delitos, la competencia del Ministerio Fiscal para la investigacion de actos delictivos, las fuentes de prueba y la estructura de los procesos penales, y los limites de la investigacion sumarial y los derechos del imputado en la fase de instruccion.

La ley 13/2009 de Reforma Procesal, en lo que a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere, al confluir con la jurisprudencia de los Altos Tribunales y la del TEDH, introduce importantes modificaciones relacionadas con la preceptiva grabacion de los juicios, la inmediacion y la valoracion de la prueba en la apelacion. El autor, doctor en derecho que desarrolla habitualmente su actividad como letrado ante el TS y ante el TC, une tambien su trayectoria docente (ha sido profesor asociado de la UIB, profesor de la Escuela de Practica Juridica del ICAIB y es profesor del Master de practica juridica patrocinado por la UIB y Fundacion EPJ) para abordar las antedichas cuestiones desde la optica del constitucionalismo procesal y del garantismo. El autor de este libro, tambien lo es de otros referidos a la Tutela Constitucional de los recursos en el proceso penal y al Recurso de Casacion Civil respectivamente.

Edición de Moreno Catena, V. y Colmenero Guerra, J. A., 26ª ed., agosto de 2010. Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge su texto actualizado, tras la reforma operada por la LeyOrgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Codigo Penal. La norma se presenta cumplidamente anotada y concordada, introduciendo en nota los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo. El libro contiene, ademas, una tabla dedisposiciones que han modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asi como las ultimas disposiciones que introducen modificaciones, y aquellas normas mas importantes que complementan el texto de la Ley procesal penal, entre las que destacan: Ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto; Ley de competencia para conocer de las causas contra Senadores y Diputados; Ley Organica reguladora del procedimiento de habeas corpus. Ley de extradicion pasiva; Ley de proteccion a testigos y peritos en causas criminales; Ley de Asistencia Juridica Gratuita. Ley Organica de Cooperacion con la Corte Penal Internacional. Ley Organica de proteccion de la Seguridad Ciudadana; Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto de Policia Judicial; Ley Organica y Reglamento de utilizacion de videocamaras en lugares publicos. Ley Organica reguladora del control previo del Centro Nacional de Inteligencia. Le(continua...)

Esta Ley de Enjuiciamiento Criminal forma parte de la Colección de Códigos comentados, con jurisprudencia sistematizada y concordancias, publicada por El Derecho. La referida Colección, integrada por los principales Codigos de las diversas jurisdicciones, y elaborada, bajo la direccion de Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, por Magistrados y Letrados del Gabinete Tecnico del Alto Tribunal, constituye un compendio riguroso y actualizado de la jurisprudencia mas reciente del Tribunal Supremo. La utilidad practica del conjunto de Codigos que integran la Coleccion deriva, en gran medida, del profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y autores, y convierte esta Coleccion en referencia indispensable en la biblioteca de todos los profesionales del Derecho